CCOO propone expulsar a sus seis consejeros que usaron tarjetas opacas

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha anunciado hoy que propondrá la expulsión de los seis consejeros de su sindicato que hicieron un uso indebido de las tarjetas opacas de Caja Madrid, y ha explicado que se replantearán la presencia en consejos de administración de sociedades anónimas.

Ambas cuestiones, que deberán resolver los órganos correspondientes, forman parte de los resultados de la comisión de investigación abierta por la central sindical a raíz del escándalo del uso indebido de tarjetas al margen de controles fiscales.

Toxo ha dicho que se siente “avergonzado” y que es “consciente de que algo se ha hecho mal en CCOO”, ya que aparte de que las personas hayan defraudado, también ha fallado la organización en sus controles, lo que merece el “máximo reproche”, ha dicho.

Según los resultados de la investigación abierta hasta el momento, “no ha habido traslación de ningún recurso utilizado por las tarjetas al sindicato”, ha asegurado Toxo.

El líder sindical, que ha criticado la falta de información que han podido obtener de Bankia y de la Fiscalía para realizar sus pesquisas, ha reiterado sus “disculpas” a los afiliados y a la ciudadanía y ha puesto al sindicato “a disposición de la Justicia” para facilitar la “máxima colaboración” en este caso.

Toxo ha explicado que de sus seis consejeros que hicieron un uso indebido de las tarjetas opacas, cuatro se han dado de baja, y los otros dos que continúan en el sindicato (Pedro Bedia y Gabriel Moreno) han colaborado con una información que básicamente coincide con la que se ha hecho pública, sobre todo, a través de los medios de comunicación.

A preguntas de la prensa, Toxo ha dicho que no le consta que ninguno de ellos haya devuelto el dinero percibido vía tarjetas, algo que a su juicio debería ocurrir.

Según ha asegurado, serán los órganos de garantías los que deberán tomar la decisión final sobre las expulsiones, que afectarían también a los cuatro que se dieron de baja en el sindicato porque no podrían volver a afiliarse sin que su petición se pusiera “en cuarentena”.

Por el momento, los seis han sido suspendidos cautelarmente de militancia, y los procedimientos sobre todos ellos (en contra de lo que ha hecho el PP con Rodrigo Rato cuando se ha dado de baja, destacan) continuarán.

Toxo ha dicho que no iba a presuponer la expulsión de los seis, que podrán dar sus respectivas explicaciones, ya que el gasto de cada uno había sido distinto, y las sanciones no tenían por qué ser las mismas para todos.

En el informe de Bankia se detalla que los representantes en Caja Madrid de CCOO -Francisco Baquero, Rodolfo Benito, Juan José Azcona, Pedro Bedia y Antonio Rey de Viñas- gastaron 776.000 euros entre 2003 y 2012 con tarjetas opacas.

Baquero y Benito consumieron 266.400 y 140.600 euros, respectivamente, mientras que la facturación de las tarjetas de Azcona y Bedia fue de 99.300 y 78.200 euros.

Antonio Rey de Viñas cobró 191.500 euros y Gabriel Moreno 20.400 euros.

Además de estas medidas contra los consejeros, el sindicato se propone establecer un centro unificado de gestión financiera, para evitar la “actual dispersión” en cada uno de las organizaciones.

En cuanto a la presencia en consejos de administración de sociedades anónimas, Toxo pretende que en el plazo de un mes se tome una decisión al respecto, ya que medido en términos de coste/beneficio, esta participación no les ha salido rentable, ha reconocido.

No obstante, Toxo ha asegurado que en el análisis de otras situaciones similares “ni de lejos” se han encontrado con un problema como el planteado en la actual Bankia.

Todas estas conclusiones sobre el “uso y abuso” de las tarjetas por parte de los consejeros, ha defendido el secretario general, se han obtenido en un “tiempo récord” de quince días.

En el proceso, como también ha explicado el secretario de Comunicación, Fernando Lezcano, se han dirigido por escrito a Bankia, al Fiscal General del Estado y a los implicados para pedirles información.

En el caso de Bankia, su propio presidente, José Ignacio Goirigolzarri, telefoneó a Toxo el pasado viernes para lamentar que no les podían proporcionar la información que pedían, y sólo una hora después los medios digitales empezaron a publicar los gastos detallados de cada consejero, han relatado.

La segunda respuesta les llegó por escrito hace tres días del fiscal general del Estado, que apeló al secreto de sumario para no entregar una documentación que ha sido “filtrada” a los medios, han criticado.

A preguntas de la prensa sobre por qué no se da una respuesta igualmente rápida y contundente en el caso de los ERE de Andalucía, Toxo ha distinguido ambos casos, y ha asegurado que no habrá cambios en la postura de la organización respecto al mismo.