El número dos de Indra, un superviviente imputado en Púnica y bajo la sospecha de la Operación Lezo

El consejero delegado de Indra, Javier de Andrés González, es uno de los pocos altos directivos de la multinacional que han sobrevivido a las sucesivas cribas llevadas a cabo por el presidente ejecutivo de la empresa, Fernando Abril-Martorell, desde su llegada al cargo en enero de 2015.

Buen amigo de Ignacio González, De Andrés está imputado desde abril de ese año en la Operación Púnica y está casado con otra de las personas detenidas esta semana en la Operación Lezo, María Fernanda Richmond, ex directora financiera del Canal de Isabel II.

El ejecutivo es consejero delegado de Indra desde junio de 2011 y lleva casi veinte años en la empresa. Tenía la máxima confianza de Javier Monzón, el anterior presidente, y cuenta con el apoyo del sucesor de este, Abril-Martorell, que fue consejero delegado de Prisa hasta 2014.

Su continuidad, según fuentes del consejo de Indra, no está en entredicho pese a los acontecimientos de esta semana, registro policial de la sede de Indra incluido, que llegan tras el golpe reputacional que supuso para esta compañía del Ibex la imputación de su número dos en el escándalo que mandó a prisión a Francisco Granados.

A De Andrés se le puede calificar como un superviviente, tras las multimillonarias pérdidas que afloró Indra después de la salida de Monzón, quebranto del que se puede considerar en parte responsable al que ha sido el número dos de la compañía en los últimos seis años.

Este viernes, horas después de que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decretase prisión eludible con fianza de cuatro millones de euros para la esposa de De Andrés, Indra celebraba por vía telemática una reunión extraordinaria y exprés (de apenas unos minutos) de su consejo de administración.

El objetivo era abordar la reciente oferta pública de adquisición (opa) de la compañía sobre Tecnocom, que va a suponer el enésimo pelotazo para, entre otros, el experiodista reconvertido en empresario Lalo Azcona, uno de los accionistas de referencia de Tecnocom y socio en algunos negocios de otro detenido en la Operación Lezo, Javier López Madrid. Este último preside una de las empresas en las que se ha recolocado Javier Monzón como consejero, Ferroglobe.

En la reunión de este viernes, ningún vocal de Indra pidió explicaciones a De Andrés, según fuentes del consejo, en el que están presentes dos vocales de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El hólding público es desde 2013 el mayor accionista de Indra con un 20% de las acciones que compró a Bankia.

El consejo de Indra (que cuenta entre los dos representantes de SEPI a Juan Carlos Aparicio, exministro de Trabajo con José María Aznar) prevé volver a reunirse con carácter ordinario la semana que viene. SEPI es la propietaria de Mercasa, cuya cúpula ha caído esta semana por otro caso de corrupción en Angola. En esta empresa pública era directivo Pablo González, hermano de Ignacio González y también detenido en la Operación Lezo.

Las fuentes consultadas señalan que Indra no ha abierto ninguna investigación interna sobre la Operación Lezo porque no conoce los pormenores del caso, que está bajo secreto. Y recalcan que Javier de Andrés no ha sido llamado a declarar, ni figura en el auto recibido por la compañía.

Abril-Martorell remitió el jueves por la noche a los consejeros de Indra un escrito informando del contenido de ese auto, por el que se ordenaba el registro, ese día, de las oficinas de la compañía por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Los agentes se llevaron documentación relativa a los contratos de la Comunidad de Madrid con Indra entre 2007 y 2011.

La esposa de Andrés trabajó en Indra hasta que en 2007 fue fichada como directora financiera del Canal de Isabel II, cargo que ocupó hasta 2016, cuando fue destituida por el Gobierno de Cristina Cifuentes por avalar algunas operaciones ruinosas del ente público, ahora bajo sospecha.

De las responsabilidades que el juez y los fiscales le atribuyen en la red da idea la millonaria fianza que se ha impuesto a Richmond, que equivale a cuatro años de sueldo de Javier de Andrés. El ejecutivo cobró 1,25 millones en 2016 (una cantidad discreta para un consejero delegado del Ibex) y acumula una pensión que ya roza los cinco millones.

Contratos públicos

Indra es una empresa que históricamente ha tenido una fuerte dependencia de los contratos con la Administración pública. En julio de 2015, tras presentar un ERE para despedir a 1.850 personas en España, la empresa presentó un Plan Estratégico hasta 2018 en el que cifraba en 461 millones los contratos obtenidos en 2014 del sector público en España en áreas como seguridad, defensa, tráfico aéreo, transporte, outsourcing, call centers y los servicios informáticos para el recuento provisional (que no definitivo) de las elecciones europeas de ese año.

Esos 461 millones supusieron un 15% de sus ventas anuales de ese año y un 47% menos que en 2007, cuando el sector público en España aportó 864 millones a Indra, casi un 40% de su facturación anual.

Nacido en Madrid el 29 de febrero de 1960, economista y MBA por el IESE y por la Escuela de Organización Industrial, De Andrés se incorporó a Indra en 1999. En 2002 se convirtió en director de Control de Gestión y en 2007 fue nombrado director general de Control Corporativo, Compras y Sistemas Logísticos. En diciembre de 2009 asumió la presidencia de la división de BPO y el 17 de diciembre de 2010, con Caja Madrid como primer accionista de Indra, la compañía anunció su nombramiento como consejero delegado (que se hizo efectivo en junio de 2011) en sustitución de Regino Moranchel, un histórico de Indra que pasó a ser vicepresidente ejecutivo, aunque dejaría la empresa en 2013.

El nombre de Javier de Andrés saltó a las páginas de los periódicos en 2015, cuando el sumario de la Púnica desveló que el ejecutivo de Indra recibió en septiembre de 2014 órdenes directas del exconsejero madrileño Salvador Victoria, también imputado en ese caso, para que una subcontrata de Indra en la Comunidad abonase una deuda de 10.000 euros al presunto conseguidor de la red corrupta, Alejandro de Pedro Llorca, relacionada con trabajos de reputación en Internet para dirigentes del PP.

El directivo de Indra que supuestamente entregó ese dinero fue Santiago Roura, que también fue imputado en Púnica y que, a diferencia de Javier de Andrés, fue despedido en 2015.