La CNMV avanza en autorizar plataformas como Housers y acabar con el lío del 'crowdfunding' inmobiliario

El último frente abierto en la supervisión de la CNMV son las plataformas de financiación participativa conocidas como crowdfunding y cuya actividad es poner en contacto a inversores particulares con proyectos empresariales que buscan financiación. La Ley de Fomento de la Financiación Empresarial aprobada en 2015 establecía la regulación por la que estas empresas tenían que ser autorizadas por la CNMV y se sentaban las bases de cuáles eran sus requisitos de capital, así como los topes de inversión. Sin embargo, en la práctica se ha visto que esta regulación dejaba en un limbo jurídico al crowdfunding inmobliario, donde Housers es la plataforma que más suena con una amplia campaña publicitaria.

En la normativa, se hace referencia a que las plataformas sean “puros intermediarios”, según explicó ayer el presidente de la CNMV, Sebastián Albella.  Un ámbito de actuación que el organismo quiere ampliar. En el caso de las inversiones en inmuebles las plataformas no son meros intermediarios, sino que también hacen de promotores de los proyectos creando sociedades para gestionar cada uno.

Albella dijo que enviará en “las próximas semanas” una propuesta al ministerio de Economía para ampliar área de aplicación de la norma, que quizá sea “demasiado restringido”. “Las mismas razones que hay para supervisar a quienes realizan la actividad intermediaria existen para supervisar la de quienes son promotores de los propios proyectos”, apuntó.

Dentro de esta actividad, solo hay un nombre que suena y es el de Housers que lleva dos años funcionando como plataforma de crowdfunding inmobiliario y se promociona como “el primer portal de inversión inmobiliaria”. Hasta ahora lo hace sin contar con autorización de la CNMV. Aunque ahora podría estar cerca de conseguirla. “En este proyecto concreto está en fase de autorización en esta Comisión y precisamente a lo largo de este proceso de autorización los titulares del proyecto han aceptado acomodarlo al diseño que les permitiría estar registrados y supervisados por la CNMV”, ha contestado Albella tras ser preguntado por si este cambio buscaba incluir dentro de la supervisión a las plataformas inmobiliarias.

Fuentes de toda solvencia hablan de que existe una negociación abierta con esta empresa para que su modelo de negocio se ajuste a las exigencia de la norma actual. En este sentido, explican que la compañía estaría adaptando su esquema jurídico para encajar dentro de la actual regulación y poder entrar en la supervisión del organismo.

Las plataformas de crowdfunding están reguladas por la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial desde 2015. Estas empresas, que no hay que confundir con las plataformas de crowdfunding de recompensa en las que se busca financiación para publicar un libro o rodar una película, tienen que estar autorizadas y registradas en la CNMV, que es el organismo encargado de supervisarlas, y por el Banco de España en el caso de que también realicen pagos.

Los riesgos de invertir

Cuando se aprobó la norma, esta establecía una prórroga de 15 meses para que aquellas plataformas que estaban ya en funcionamiento y debían adaptarse a la nueva regulación. Este periodo en verano del año pasado, por los que las plataformas que no estén autorizadas por la CNMV no pueden operar. Actualmente, según los datos facilitados por Albella, habría 20 empresas autorizadas por la CNMV. En el registro del regulador, aparecen solo 16 registradas. Por lo que, cuatro de ellas estarían todavía en el proceso de registro.

El difícil encaje legal de Housers hace que esta siga en funcionamiento y sin autorización. La plataforma cuenta con una cartera de 86 inmuebles en varias ciudades españolas de los que 83 han sido ya financiados ya. De estos 83 inmuebles financiados de forma colectiva, hay 37 que se han alquilado y dos que han sido vendidos.

Entre estas operaciones, la plataforma envió hace unos días una nota de prensa en la que anunciaba que cerraba la “mayor operación de crowdfunding inmobiliario en España” donde habían captado los fondos de 1.278 inversores individuales para una operación de 1,8 millones de euros, de los que 1,2 millones fueron aportados por los inversores.

Respecto al riesgo, el inversor tiene que tener en cuenta que estas plataformas son ilíquidas. En el caso del crowdfunding de empresas, el inversor se convierte en socio de la empresa y dado que esta no cotiza en bolsa no puede vender las acciones en el mercado en el momento que quiera. En el caso del inmobiliario, el inversor se convierte en socio la sociedad que se crea para la gestión del inmueble.