El vicepresidente de la CEOE debe nóminas a decenas de trabajadores
Los negocios del grupo Arturo Cantoblanco van en picado. Este mes tres de sus cafeterías han cerrado, lo que ha supuesto el despido de 40 trabajadores. Además, el grupo adeuda varias nóminas a decenas de empleados, que denuncian la falta de comunicación por parte del grupo de Arturo Fernández, vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal madrileña CEIM.
Este medio intentó, sin éxito, ponerse en contacto con el departamento de comunicación del grupo Cantoblanco para conocer su versión de los hechos.
La sensación general en los trabajadores de estas cafeterías es que la empresa no se comunica con ellos. En la cafetería del Ministerio de Economía, el grupo adeuda a sus 21 empleados dos nóminas y la paga extraordinaria de verano. Los proveedores, que están sufriendo impagos, han dejado de servir, por lo que la cafetería se surte de las provisiones de otros locales de Cantoblanco que han cerrado, según cuenta una de las trabajadoras del establecimiento. Si esta situación se mantiene, añade, comenzarán a hacer paros de dos horas semanales como protesta a partir del próximo 14 de agosto.
Esta medida ha sido ya puesta en marcha por los trabajadores de las cuatro cafeterías que el grupo tiene en Telefónica, donde hay paros cada semana. Una empleada de la cafetería del distrito C, la sede central de la empresa presidida por César Alierta, denunciaba la semana pasada que unos ocho trabajadores, que no tienen la paga extra prorrateada (es decir, no la tienen repartida en las nóminas del resto del año sino que deben cobrarla en un pago aparte), no la han recibido aún.
En el local situado en Televisión Española los trabajadores han cobrado sus nóminas, pero gracias a que la empresa pública ha adelantado el pago.
En otros centros la situación de impagos ha derivado en el cierre de las cafeterías. Esta semana han cesado su actividad las de Orange, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Asamblea de Madrid, y en total han perdido su empleo 40 trabajadores.
En este último caso, el cierre era esperado, ya que se comunicó la semana pasada por burofax a la Asamblea de Madrid, no directamente a los trabajadores. Algunos proveedores, a los que el grupo no había pagado, habían dejado de servir y otros continuaban aprovisionando “a regañadientes”, cuenta Miguel Ángel Rubio, trabajador de Cantoblanco. El propio Arturo Fernández se comprometió con los trabajadores a pagarles este viernes la nómina de junio y el próximo lunes la de julio, algo que de momento no ha ocurrido. Sí se les ha abonado la paga extra, aunque no tienen la nómina que lo certifica por escrito. Rubio afirma que se siente “engañado” y denuncia la situación en la que se quedan él y sus 15 compañeros, con gastos que afrontar sin haber cobrado las últimas nóminas y sin poder apuntarse al paro, ya que aún no han recibido los papeles del despido.
En la cafetería de Orange, según cuenta Nicolás Mata, de la Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de CCOO de Madrid, el cierre se produjo “de un día para otro” y se comunicó a sus trabajadores a través de una carta de despido. Mata afirma que sus proveedores también habían dejado de servir y que el grupo debe a sus trabajadores dos mensualidades más la paga extra.
En el caso de la cafetería del hospital Infanta Leonor, otra empresa, Mediterránea Catering, se hizo cargo del negocio y subrogó a toda la plantilla (35 empleados), a excepción de tres trabajadores, según afirma CCOO. A pesar del cambio, Cantoblanco adeuda a la plantilla el pago de la última nómina, según el sindicato.
Pagos en 'negro'
No es la primera vez que el grupo Arturo Cantoblanco tiene problemas con sus trabajadores. En febrero del año pasado se conoció que el presidente de la patronal madrileña pagaba las horas extra en negro a algunos de sus trabajadores, como los de la cafetería del Congreso de los Diputados. Para regularizar la situación con Hacienda debido a estos pagos en negro, Fernández tuvo que desembolsar 671.000 euros.
Estas y otras deudas llevaron el pasado junio a Cantoblanco a solicitar el preconcurso de acreedores (el procedimiento anterior a la antigua suspensión de pagos) para iniciar un proceso de reestructuración del grupo. Entonces empezaron a contar los tres meses que le concede la ley para renegociar su deuda antes de tener que declararse insolvente.
