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Díaz Ferrán, condenado a dos años de cárcel por apropiarse del dinero de los clientes de Marsans

Gerardo Díaz Ferrán.

EUROPA PRESS

La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de cárcel al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, por un delito continuado de apropiación indebida cometido al apropiarse de 4,4 millones de euros de clientes que nunca llegaron a disfrutar los viajes que tenían contratados con el Grupo Marsans.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal condena al último director general del grupo turístico, Iván Losada, a la pena de un año de prisión y le ordena indemnizar a Viajes Marsans para su reintegro en la masa del concurso con la cantidad de 400.000 euros.

El tribunal ha aplicado a ambos acusados la circunstancia atenuante de confesión después de que reconocieran los hechos en la última sesión del juicio, lo que provocó que la Fiscalía rebajara su petición inicial de cuatro años de cárcel.

En su resolución, los magistrados consideran “creíble” que Díaz Ferrán no estuviera al tanto de la gestión diaria de la compañía turística al dejarla en manos de su socio, el fallecido Gonzalo Pascual. Sin embargo, afirman que “confiar plenamente en el segundo administrador solidario no le exoneraba de su deber de abarcar un conocimiento cabal propio del cargo” que desempeñaba.

Los magistrados Teresa Palacios, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel han considerado así probado que el exjefe de la patronal se apropió indebidamente de las cantidades entregadas por los clientes para la adquisición de billetes y que los usuarios de Viajes Marsans y sus filiales Tiempo Libre, Rural Tours y Viajes Crisol perdieron las cantidades depositadas por sus reservas de viajes cancelados.

A finales de 2009, los proveedores turísticos del grupo Marsans comenzaron a exigirles el pago anticipado de los productos comercializados, por ejemplo Pullmantur pidió el dinero durante los 30 días anteriores al inicio de los viajes. En marzo de 2010, era ya una “práctica generalizada” entre los proveedores turísticos de Marsans exigir el prepago de los servicios que se reservaban en sus agencias.

Los responsables del Grupo Marsans, “lejos de destinar los fondos depositados por los clientes al pago de los servicios contratados, los destinaron a otros fines ajenos a la actividad del grupo”. La desviación de los fondos condujo a que los clientes perdieran el dinero entregado al hacer la reserva o el precio total del servicio contratado.

Un total del 4.706 clientes afectados

Entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2010, el grupo Marsans formalizó reservas que dieron lugar a 7.560 depósitos de clientes, de los que 4.706 no han sido devueltos y se destinaron a fines ajenos a la actividad del grupo. Los consumidores pagaron cantidades que oscilan entre los 130 y los 5.834 euros.

El 20 de abril de 2010, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) les retiró la licencia para vender billetes de avión por impagos. Un día antes, el 19 de abril, los directivos de la empresa turística pidieron por correo electrónico a sus oficinas que depositaran el dinero de las reservas en una cuenta de la sociedad Marsans Shooping. Esta cuenta acumuló 2,46 millones de euros, de los que 1,07 fueron traspasados a otras sociedades y 1,14 se retiraron mediante cheques al portador.

Entre el 9 de junio de 2010, día antes de la presentación del concurso de acreedores, y el 30 de junio se libraron 13 cheques por valor de 1,14 millones de euros desde esa cuenta, de los que 344.481 euros fueron entregados a Naviera Grimaldi para que retiraran la solicitud de concurso, 100.000 a preparar el aval de IATA de Viajes Atenea, 300.000 retornaron a Viajes Marsans y 500.000 fueron cobraros por empresas ajenas al grupo.

El 25 de junio de 2010, el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid decretó el concurso de acreedores del Grupo Marsans. La compañía quebró dejando un déficit patrimonial de 271 millones de euros (373 millones si se tienen en cuenta sus filiales), ya que contaba con un pasivo de 552 millones, frente a un activo de 281 millones de euros y con 11.409 acreedores.

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