Conducir a 130 km/hora pasará varias facturas a los bolsillos de los usuarios
La reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial abre la posibilidad de que la velocidad máxima permitida pase de 120 a 130 kilómetros por hora en algunos tramos de autopista y autovía considerados seguros por el Gobierno. Las asociaciones de conductores, en general, están a favor. Pero esta medida va a implicar también un coste para quienes decidan disfrutar de este privilegio.
Para empezar, si corres más, también gastarás más. ¿Realmente es así? ¿Y cuánto? Conducir más rápido en carretera, efectivamente, implica un mayor consumo de combustible. La Dirección General de Tráfico (DGT) admite que pasar de 120 a 140 kilómetros por hora conlleva un aumento del gasto en combustible del 20%. Sin embargo, en el manual “Las 10 claves de la conducción eficiente”, disponible en la página web de Cea (Comisionado Europeo del Automóvil), se indica que el incremento de la velocidad en un 20% –por ejemplo, de 100 a 120 kilómetros por hora– conlleva un alza del consumo en un 44%, si bien desde esta asociación también matizan que el gasto varía en función de los caballos de potencia. Así, explican, un vehículo medio diésel gasta seis litros a 120 kilómetros hora, consumo que se eleva a 6,64 litros a 130 kilómetros hora, es decir, a un 10,7% más. Como los tramos en los que estará permitido circular a 130 serán solo algunos y no en toda la longitud de la autopista, es difícil calcular con exactitud cuánto será la media de ese incremento de combustible.
Con estas cifras en la mano, surgen dos beneficiarios directos claros: los productores de petróleo y la Administración Pública. Los primeros hacen frente a una caída continuada del consumo de combustible debido a la crisis económica que sufre España desde hace casi seis años. Según los datos de la Asociación de Productores Petroleros (AOP) a junio de este año, los españoles consumimos 2,22 millones de toneladas de gasolinas de automoción –prácticamente la mitad que a principios de la década– y casi 10 millones de toneladas de gasoil, frente a las 12,75 toneladas de junio de 2007.
Desde la AOP declinan realizar valoraciones acerca de si la medida que pretende implantar el Gobierno va a traer como consecuencia directa un aumento del consumo hasta que dicha medida esté implantada y se disponga de datos reales. En cuanto al Estado, un mayor consumo de combustible incrementaría las arcas públicas a través de los impuestos. La propia AOP desvela que el 50% del precio de cada litro de gasolina o gasoil va a parar al Estado.
El mayor consumo de combustible de automoción implicará, por lo tanto, un empeoramiento de la balanza de pagos española debido a que la dependencia energética española obliga a nuestro país a importar este producto. Este deterioro se produciría en un momento en el que las exportaciones de productos españoles al extranjero están provocando una mejora en esta magnitud macroeconómica nunca vista. Cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió rebajar el límite de velocidad a 110 kilómetros por hora, el por entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconoció que la medida había tenido un impacto positivo en la balanza de pagos de 450 millones de euros. Con todo, algunas asociaciones de conductores, en general, están a favor. Tomás Santa Cecilia, director del Área de Seguridad Vial del Race resume los motivos a la perfección cuando cita que la medida “dotaría al sistema de mayor eficiencia y comodidad en los desplazamientos”.
Aseguradoras
Aparte de los productores de combustible de automoción, otro sector que posiblemente se podría ver afectado es el asegurador. El negocio ha contenido, e incluso rebajado, los precios desde que la siniestralidad en carretera va en descenso continuo desde 2003. Pero hay voces que temen que, en caso de que se invierta la tendencia en las carreteras españolas, las compañías de seguro aumenten los precios. Desde la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) reconocen que no han analizado las posibles consecuencias de la implantación de la reforma de la Ley de Tráfico y descartan afirmar en estos momentos que se vayan a producir más accidentes o que éstos sean más graves. Pero fuentes del mercado aseguran que las compañías probablemente se adapten a las nuevas circunstancias, por lo que cabe la posibilidad de aumentos de precios en las primas de los seguros. Aun así, probablemente las alzas estarían limitadas por la feroz competencia que vive el sector asegurador. Algunas fuentes calculan que, en la actualidad, un seguro se encarece hasta en un 60% tras un parte de responsabilidad civil; y en un 17%, tras un parte de daños.
Sí parece más claro que el negocio asegurador podría verse afectado en cuanto a los gastos. “Aumentar la velocidad incrementa la gravedad del accidente por una simple ley física: la ley de la energía cinética”, asegura Jeanne Picard, fundadora de Stop Accidentes. Mar Cogollos, directora de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular, explica que subir la velocidad en solo un kilómetro por hora aumenta el número de accidentes en un 3% y que un descenso de ésta repercute en una caída de los accidentes en un 20%. Y con un contundente ejemplo ilustra cómo sería un accidente a velocidad elevada: “Ir a 140 kilómetros por hora en carretera es como caer al vacío desde la Giralda de Sevilla”. Por tanto, los costes de las aseguradoras podrían dispararse debido a unos mayores pagos por indemnizaciones. Y es que el coste total de los accidentes no es pequeño. En 2012, los gastos totales por este motivo ascendieron a 10.712 millones de euros, el 1% del PIB nacional, según recoge el último informe de siniestralidad vial de la DGT.
La esperada mayor gravedad de los accidentes hace pensar a las asociaciones que están en contra de que se aumente la velocidad en autopistas que el sector de reparaciones, de rebote, se vea beneficiado. A Juan Antonio Sánchez Torres, presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), la medida del Gobierno no le parece descabellada como usuario, pero admite que no sería una buena idea si, a cambio, trae carga de trabajo al sector a costa de más accidentes. “Cualquier política encaminada a un aumento de las reparaciones de automóviles vendría de miedo al sector, pero no a costa de más accidentes en carretera”.
Sánchez Torres rechaza la posibilidad de que el aumento de velocidad conlleve un incremento de las ventas de vehículos más potentes, puesto que “la crisis económica española es de tal envergadura que no se dan las condiciones necesarias para que el usuario decida cambiar de automóvil sólo por el hecho de que con uno nuevo pueda correr más en algunos tramos de carretera. Sería estupendo, pero no creo que ocurra así”. Jeanne Picard señala que los usuarios más interesados en que se incrementen los límites de velocidad son, precisamente, los que conducen coches más potentes, dado que “por su poder adquisitivo cuentan con los vehículos apropiados y, además, se pueden permitir pagar las posibles multas”.
Autopistas de peaje
Por último, surge un último beneficiado en potencia: las autopistas de peaje. Las asociaciones de afectados por accidentes de tráfico especulan con la posibilidad de que buena parte de los tramos en que los esté permitido conducir a 130 kilómetros por hora estén situados en las autopistas de peaje. La caída de los usuarios de pago ha caído en picado por la crisis y ha convertido a estas vías en las más seguras del país, debido a una combinación de buenas instalaciones y escaso tráfico. Siete autopistas de peaje, entre ellas todas las radiales de Madrid, están en concurso de acreedores con una necesidad imperiosa de clientes, ya que, según cifras oficiales, han perdido un 48% de viajeros y funcionan al 20% de su capacidad. Por tanto, el conductor que decida desplazarse a 130 kilómetros por hora deberá abonar el peaje correspondiente.
Ahora surge la pregunta del millón: ¿cuánto va a costar implantar el aumento de velocidad? El proyecto está en sus fases iniciales, pero Jeane Picard ya adelanta que probablemente va a ser costoso para las arcas estatales. Un gasto que tampoco llega en un buen momento. El Estado deberá afrontar costes extra para adaptar las señales de tráfico a la nueva velocidad. En el cambio de velocidad del Gobierno de Zapatero, las pegatinas que mostraban la nueva velocidad máxima costaron entre 30 y 50 euros cada una. Sin olvidar que hay que adaptar los paneles luminosos, disponer del personal necesario para adaptar las velocidades cambiantes que recoge la ley y otras muchas cuestiones.
