El Congreso debatirá eliminar el artículo del Código Penal que castiga con cárcel a los piquetes

En los últimos años cerca de 300 personas han sido procesadas por participar en huelgas y piquetes e, incluso, condenadas a penas de cárcel. El Congreso de los Diputados debate este martes eliminar el artículo del Código Penal que ha servido para imputarles, el 315.3. Una proposición de ley de Unidos Podemos pide su desaparición y el sobreseimiento de todas las causas que estén en trámite. También incluye la anulación de la condena de las personas a las que se les haya aplicado este artículo.

El cambio implicaría la eliminación de este apartado del delito de coacciones a la huelga: “Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses”. Mantendría, en cambio, los apartados 315.1. y 315.2, que castigan a los que “mediante engaño y abuso de situación de necesidad” impidan o limiten el ejercicio de la actividad sindical o de huelga.

La exposición de motivos destaca que el 315.3 no tiene más sentido “que el de seguir favoreciendo la intimidación de las organizaciones sindicales y de los trabajadores más activamente comprometidos con ellas y especialmente reivindicativos”. Recuerda que el Código Penal ya contempla un delito de coacciones y que mantener un tipo agravado para los casos de huelga “es contrario” a ésta como derecho fundamental que consagra la Constitución.

“El Ministerio Fiscal (...) sigue considerando que los trabajadores que integran los piquetes informativos de huelga actúan en gran parte de los casos de manera coactiva, cuando en la realidad de las relaciones laborales, la situación es exactamente la inversa”, dice el texto, que recuerda los casi 90 expedientes abiertos y señala que las acusaciones penales suponen “una restricción ilegítima del derecho a huelga”. 

Además de la eliminación de ese apartado, la proposición plantea también que todas las causas que estén en tramitación al entrar en vigor la nueva norma queden sobreseídas. Solo podrían enjuiciarse a estas personas por otros delitos o faltas que no hubieran prescrito.

Al mismo tiempo, la Fiscalía debería anular las condenas ya impuestas como consecuencia del 315.3. En los casos en los que las personas condenadas ya hubieran empezado a cumplir pena de cárcel, ésta quedaría anulada y no aparecería en sus antecedentes penales. Los afectados tendrían que ser indemnizados conforme a su tiempo de ingreso en prisión. En los casos de multa, los condenados recibirían el dinero de vuelta.

La diputada responsable de la proposición, Aina Vidal, espera que el texto salga adelante con el apoyo de todos los grupos, salvo el del Partido Popular. Así, al menos, lo han mostrado los grupos cuando han tenido que pronunciarse al respecto en otras ocasiones. De esta manera, el Congreso instaría al Gobierno a modificar el artículo 315.3. El texto pasaría a una comisión, los grupos podrían presentar enmiendas y el documento final sería tramitado como ley. 

Los sindicatos piden la derogación

El revuelo provocado por los casos judiciales y la presión social y política hizo que hace dos años el Gobierno modificara la redacción del artículo 315.3. La nueva redacción suavizaba las penas por las coacciones a la huelga (rebajaba la pena de cárcel y daba la opción de conmutarla por una multa), pero mantenía el delito como tal. Para CCOO y UGT, el cambio fue insuficiente e insistieron en que el objetivo era la derogación del artículo.

Por eso, también este martes los sindicatos registran en el Congreso su propuesta para derogar el 315.3, “redactado durante la dictadura de Franco y que llevaba sin aplicarse desde entonces hasta las últimas huelgas generales”. “Es imprescindible una adecuación legislativa, a través del cauce normativo correspondiente, que permita suprimir sin más cualquier criminalización del derecho de huelga, que está siendo duramente cuestionado en España de diversas maneras”, dicen las centrales.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, se han dirigido por escrito a todos los grupos parlamentarios para enviarles su propuesta y solicitar su apoyo. Al mismo tiempo han reactivado su campaña internacional por el derecho a huelga: la Confederación Europea de Sindicatos y varias centrales y federaciones europeas enviarán cartas de protesta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, por el “cuestionamiento” del derecho a huelga, la Ley Mordaza, y los juicios a activistas y sindicalistas.