Enresa despide a su responsable de compras en vísperas de adjudicar el mayor contrato del ATC
Nueva destitución en la cúpula de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), que ha prescindido de su hasta ahora director de Administración y responsable, por ejemplo, de la política de compras y contrataciones, Eugenio Alejandre. Un portavoz de la empresa pública confirma la salida de Alejandre, aunque asegura que “no ha habido tal destitución sino extinción de la relación laboral no continuando, por tanto, en la empresa”. La decisión corresponde a la persona que le nombró, el presidente, Francisco Gil-Ortega, “que la ha tomado en función de las competencias que tiene atribuidas”.
Enresa no precisa las razones de la salida de Alejandre, un hombre de la confianza de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), accionista de Enresa, que llevaba en el cargo desde 2013. Fuentes internas relacionan su salida con las prisas de Gil-Ortega, exalcalde de Ciudad Real y exvicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, por dar luz verde a la obra civil del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca), el mayor contrato licitado hasta ahora para hacer realidad el proyecto, con un presupuesto de 263,5 millones de euros.
Según esas fuentes, el contrato podría adjudicarse la próxima semana, pese a las críticas que ha lanzado al proyecto el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En septiembre pasado, el regulador nuclear, que todavía tiene que dar su visto bueno a la instalación (también pendiente de la Declaración de Impacto Ambiental favorable del Ministerio de Medio Ambiente, entre otros trámites), expresó en un informe técnico “dudas” sobre “la idoneidad del emplazamiento” y advirtió de múltiples “deficiencias” en la documentación presentada por Enresa. El pasado 30 de diciembre, la empresa culminó su respuesta a la Petición de Información Adicional (conocida como PIA) que había formulado el CSN.
Reeditar el Castor
Ante las dudas sobre el futuro del almacén nuclear, hay quien teme que, de no llegar a buen puerto, el proyecto, cerca de 1.000 millones de inversión total, se convierta en una reedición del fiasco del famoso Castor. Entre los candidatos a hacerse con la obra civil del ATC, el mayor contrato público licitado el año pasado, está el consorcio formado por Ferrovial y Dragados, filial de ACS, la constructora que promovió el multimillonario (e inservible) almacén de gas en la costa de Castellón que van a costear los españoles en su factura de gas durante los próximos 30 años.
De hecho, según fuentes empresariales y de la Administración, la adjudicación de la obra civil del ATC, que debería resolverse a lo largo del mes que viene, genera dudas tanto en la SEPI, dependiente de Hacienda, como en la secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria, ambas con representación en el consejo de administración de Enresa. Según esas fuentes, Gil-Ortega, que fue uno de los impulsores del fallido Aeropuerto de Ciudad Real como alcalde de esa ciudad, quiere agilizar los trámites, en línea con los deseos de la presidenta castellano-manchega y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
Fuentes de Enresa se limitan a señalar que, en relación con la obra civil del ATC, actualmente el proceso “está en la fase de evaluación de ofertas” y que, una vez completada esta fase, “se procederá a efectuar los trámites para la adjudicación y, posteriormente, para la formalización del contrato”.
Inspector de Entidades de Crédito del Banco de España en excedencia, Alejandre era uno de los siete miembros del Comité de Dirección de Enresa, empresa a la que se incorporó como director de Auditoría en 2012 procedente del supervisor bancario. Su perfil profesional, que todavía está colgado en la web de Enresa, dice que era el responsable de dirigir y desarrollar “la estrategia de la empresa en las actividades de contabilidad e inversiones financieras, presupuestos, planificación y seguimiento de proyectos, contratación y compras, registro y documentación, y sistemas y tecnologías de la información”.
Su salida llega seis meses después de la destitución, el pasado julio, del máximo responsable jurídico, Jesús Moreno Vivas, fulminado tres días después de cuestionar en un informe el cobro de gastos de representación “de difícil justificación” por parte del presidente. Antes de dejar el cargo y ya destituido, Moreno Vivas advirtió a Gil-Ortega de que no asistiría al Comité de Adjudicaciones que preparaba la licitación de la obra del ATC que ahora el presidente de Enresa se empeña en adjudicar.
