Venezuela, Argentina y España lideran las denuncias por inseguridad jurídica ante el Banco Mundial
Una dudosa gesta para la tan cacareada 'Marca España'. El Estado español ya está en el podio mundial de la inseguridad jurídica como consecuencia de los recortes retroactivos aplicados por los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y, muy especialmente, Mariano Rajoy, a la retribución de las energías renovables. Al menos, si se atiende al número de casos abiertos por inversores extranjeros contra diferentes países para defender sus intereses ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
La nueva demanda presentada el pasado viernes por otro grupo alemán, BayWa, ante el organismo de arbitraje de disputas comerciales que forma parte del Banco Mundial, ha hecho que España supere a Egipto y se convierta en el tercer país del mundo con más denuncias abiertas ante este organismo, con un total de trece.
De ellas, doce están relacionadas con la energía y están amparadas por el Tratado de la Carta de la Energía, firmado por más de 50 países y por el que cualquier empresa que opere en este sector que entienda atacados sus intereses por el Gobierno de otro país puede abrir un proceso de arbitraje internacional.
Por delante de España ya sólo hay dos países a los que tradicionalmente se señala por su clima poco favorable para los inversores extranjeros por su inseguridad jurídica: Venezuela (con 24 denuncias pendientes de resolverse) y Argentina (19). En el caso de Venezuela, el país caribeño tiene abiertos litigios con multinacionales como Saint-Gobain, Holcim o ConocoPhillips. En el de Argentina, hay varios demandantes españoles ante el CIADI, el mismo órgano al que recurrió Repsol para reclamar una compensación millonaria por la expropiación de YPF en 2012: entre otros, Gas Natural o la constructora ACS, y otras multinacionales como Mobil, EDF o Total.
España, esos dos países y Egipto suman 68 demandas, que son casi el 37% del total presentado por empresas ante Estados (186), según datos recopilados en la web del CIADI.
Este año, el Estado español ha recibido cuatro de las 17 denuncias presentadas ante este organismo por diferentes inversores para proteger sus intereses. Tres de ellas son de empresas alemanas y dos son posteriores a que, en marzo pasado, se conociera que el departamento que encabeza el ministro de Industria, José Manuel Soria, aprobó el último recorte al sector, en vigor desde el verano pasado, sin contar con los informes en los que dijo que se basaría.
La denuncia de BayWay llega tras la presentada en abril por la empresa de capital norteamericano 9REN (en abril) y las que plantearon en enero la alemana Steag y un consorcio formado por ocho compañías también alemanas en el que participa la eléctrica RWE.
Del sexto al tercer puesto
En febrero de 2014, España se colocaba en el sexto lugar de este ránking, tras la denuncia que entonces había presentado Masdar, filial del fondo soberano del emirato de Abu Dabi. Entonces, el Estado español tenía cinco casos abiertos, los mismos que Turkmenistán y Uzbekistán. En poco más de un año, ya ha dejado muy atrás a esas ex repúblicas soviéticas y también ha superado a Egipto, Hungría y Perú por número de casos.
En el caso de las inversiones en energías renovables, el CIADI también tiene sobre la mesa las demandas presentadas contra España por el fondo internacional Infrared (que canaliza sus inversiones en el sector a través de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Guernsey), el fondo británico Eiser, Antin (vinculado al banco francés BNP Paribas) y RREEF (ligado al alemán Deutsche Bank), que ya cuentan con tribunales constituidos para analizar su caso.
Además, hay otras dos empresas pendientes de ese trámite de constitución del tribunal: Renergy (con sede en Luxemburgo y propiedad de los Gómez-Sainz, multimillonarios mexicanos de ascendencia cántabra que han participado en OHL, Riofisa o Cortefiel, entre otras empresas españolas) y la estadounidense Nextera.
A estos demandantes se suma el accionista de referencia del Grupo Natural Electric, de nacionalidad mexicana, y que ya ha anunciado su intención de denunciar también a España. Las denuncias se centran en los recortes a la energía solar y, en especial, a la termosolar, iniciados a finales de 2010 a través del real decreto ley 14/2010, en el que se limitaban las horas con derecho a prima.
Tras conocerse hace un año el primero de estos litigios contra España José Manuel Soria indicó que las firmas internacionales aspiraban a rentabilidades del 20%, lo que “no ocurre en ningún país del mundo, porque si eso ocurriera el resultado sería que el sistema eléctrico simplemente quebraría”.
