España forma parte, junto con Grecia e Italia, del pelotón de inadaptados a la nueva gobernanza europea
Con la cuesta de enero ya en un considerable grado de pendiente, España sigue sin contar con una Autoridad Fiscal Independiente que supervise que el Ejecutivo, particularmente Hacienda, no cometa astracanadas en sus cuentas públicas. Este organismo fue uno de los compromisos a los que se sometieron los miembros del euro cuando firmaron el two-pack, el programa de vigilancia fiscal reforzada que se suponía iba a ahuyentar los fantasmas de los grandes déficits en Europa y que dibujaba el marco de la nueva gobernanza europea.
España, junto con Grecia e Italia, es el único país que se está haciendo el longuis con la puesta en marcha de este organismo independiente. Muchos países del euro ya contaban con un organismo así (se suele poner como ejemplo el de Holanda) y el resto han cumplido los plazos establecidos en el calendario, que pretendía ser una señal de fiabilidad presupuestaria para los mercados.
Según este compromiso al que se sometió España, la Autoridad debía estar funcionando a 31 de octubre de 2013, por lo que podría haber supervisado ya las cuentas públicas de 2014. Así las cosas, España lleva un retraso que se encamina a los tres meses para cumplir con una norma de Bruselas, pero ni en la sede de Hacienda, ministerio al que está adscrito el nuevo órgano, ni en Bruselas parecen estar inquietos con este retraso.
Según fuentes de Hacienda, el ministerio ha tenido mucho trabajo en las últimas semanas para poder hacer frente a la puesta en marcha de este organismo, pese a que la normativa para su creación se publicó en el BOE ya el 15 de noviembre. Pero, además, su puesta en funcionamiento no parece ser siquiera inminente, ya que desde el ministerio aseguran que se hará en las “próximas semanas”, sin aclarar si el plural puede alcanzar a convertirse en meses.
El equipo de Cristóbal Montoro asegura que el retraso goza del visto bueno de la Comisión Europea, dado que en una reciente visita de la troika a Madrid los hombres de negro fueron informados de que se dilataba el inicio del organismo y “les pareció bien” (sic). Fuentes de Bruselas dicen que se sigue de cerca el desarrollo del organismo y que valoran que España ya haya hecho el desarrollo reglamentario, por lo que están convencidos de su “compromiso” con el organismo. Este diario no ha conseguido una contestación oficial a este supuesto acuerdo informal para retrasar el funcionamiento de la Autoridad.
Sin embargo, como puntualiza el experto en gobernanza europea Antonio Estella, la creación de este organismo independiente se prescribió con forma de reglamento europeo, por lo que su aplicación a cada país debe ser directa y no procede de ningún tipo de retraso “informal” como el que asegura haber pactado Montoro. Estella, que ostenta la cátedra Jean Monnet, recuerda que la obligación de crear un organismo que controle los presupuestos no es una recomendación, sino una ley, por lo que, simplemente España está incumpliendo la norma.
Este experto subraya los problemas de implementación que están teniendo los mecanismos de supervisión reforzada que se pactaron en este denominado two-pack, de inspiración alemana. “Los alemanes creían que reforzar la gobernanza pasaba por poner millones de reglas. Que así se lograría una disciplina fiscal. Al final, en lugar de mejorar la credibilidad, se empeora, porque algunos países son incapaces de cumplir con las nuevas normas”.
Para la oposición socialista, la razón para el retraso en lanzar este supervisor fiscal es, simplemente, que Montoro no cree en estas cuestiones que su compañero de Gobierno, Luis de Guindos, firma en Bruselas. El responsable de Hacienda del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, cree que la imposición de este tipo de figura fue aceptada por Montoro “a regañadientes” y ahora que la presión de los mercados ha bajado, simplemente, pasa de aplicarla. El PSOE anunció que no iba a participar en la constitución de esta agencia al creer que no tiene de independiente más que el nombre. En cualquier caso, hasta el momento, el Ejecutivo ni siquiera se ha acercado a los socialistas para sondear el posible nombre del presidente y de los consejeros.
Fuentes conocedoras de este tipo de procesos aseguran que el problema del retraso, además de la poca importancia que desde Alcalá 9 se le da a la nueva figura, es que Montoro no encuentra un nombre que se ajuste a los requisitos previstos para la presidencia del organismo. El presidente, que sugerirá Hacienda y propondrá el Consejo de Ministros (de ahí la escasa independencia, desde el origen, del nombramiento), debe tener probada solvencia en independencia, con al menos diez años de experiencia y pocas querencias conocidas.
Aunque con la mayoría absoluta del PP se va a aceptar cualquier nombre que proceda de Hacienda, el presidente va a pasar por el escrutinio de Bruselas. A Montoro ya le han sacado los colores en el otro pilar del proceso de supervisión reforzada, el de la revisión de las cuentas públicas por parte del Eurogrupo (la otra pata de este two-pack). Así, Bruselas ya le ha dicho al titular de Hacienda que sus cuentas no cuadransus cuentas no cuadran y sólo falta que ahora le dijeran que el presidente no tiene la debida independencia.
Como recuerda Sebastian Dullien, el investigador principal del European Council of Foreign Relations, la intención de Bruselas al pedir que se solicitaran estos organismos independientes era la de frenar un posible optimismo de los Gobiernos en sus previsiones económicas a la hora de realizar el diseño de las cuentas públicas. Este experto, que trabaja en la oficina de Berlín del think tank, reconoce que no es muy optimista con la capacidad de un organismo así para prevenir crisis como la actual. En su opinión, hasta 2008, el problema de países como, por ejemplo, España no era la utilización de unas previsiones desviadas a la hora de hacer los presupuestos, sino la incapacidad de predecir, o prevenir, los problemas que se estaban formando en la economía.
Dullien cree que la utilidad de esta nueva gobernanza europea sólo se podrá apreciar en el siguiente cambio de ciclo, de forma que se compruebe que las cuentas públicas están más acompasadas con la economía. En cualquier caso, este experto se muestra escéptico con los potenciales beneficios del sistema, ya que por el momento persiguen los objetivos de una rápida reducción de la deuda y del déficit público, algo que cree será “dañino” para la economía.
