La Fiscalía califica de “imprudente” e “incompetente” la actuación de los antiguos gestores de Bankia

La Fiscalía Anticorrupción ha enviado al instructor del caso Bankia un informe que cuestiona la falta de un “seguimiento” más continuo y una actitud “más severa” por parte del Banco de España, al que critica por haber dejado “descansar” en la fusión la solución a la crisis de las cajas que conformaron el grupo.

El documento, realizado por funcionarios de la Intervención General del Estado pertenecientes a la unidad de apoyo judicial a la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, llega a esta conclusión tras analizar los informes de inspección realizados a Caja Madrid entre 2006 y 2010, así como el elaborado acerca de la integración de las siete cajas que dieron lugar a Bankia en junio de 2010.

De su análisis, se desprende que, “sin perjuicio de la crisis inmobiliaria”, la actuación de los gestores de BFA-Bankia y las políticas seguidas a partir de 2004 originaron que “la situación de la entidad sea mucho peor que la de otras entidades financieras similares a las que, evidentemente, afectó la crisis”.

“Las actuaciones de los gestores podrían calificarse cuanto menos de imprudentes y de incompetentes, al no reaccionar con mayor celeridad ante el empeoramiento progresivo del mercado, y no haber sabido, querido o podido tomar otras alternativas ante la crisis por todos anunciada, pero cuya magnitud puede que les haya sobrepasado”, subraya.

Echa en fatal un seguimiento “más continuo” sobre la entidad

En toda la etapa estudiada, “se echa en falta un seguimiento más continuo sobre una entidad de su tamaño e importancia”, considerada además como sistémica y, a la luz de los primeros informes, “con problemas significativos por el peso y el riesgo acumulado”, en los momentos “más cruciales de la crisis inmobiliaria”.

Según el informe, que fue requerido por Anticorrupción en mayo de 2012 y ahora se ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, los documentos del supervisor ponen de manifiesto la evolución de la crisis financiera e inmobiliaria en la que se vieron inmersas las entidades de crédito.

La primera de las inspecciones, realizada en marzo de 2006, alude a políticas comerciales que incrementan de forma significativa el riesgo de cartera o la generalización de préstamos cuyo importe supera el 80 % del valor de tasación de la vivienda, entre otros problemas.

Pero las recomendaciones que el Banco de España hizo tras la inspección de 2006 no se empezaron a implementar hasta finales 2008, continúa el informe, periodo en el que el supervisor no hizo ninguna otra aunque, “dada la importancia de los problemas que comenzaban a surgir, hubiera sido muy recomendable”.

En su siguiente informe de inspección de 2009, los citados problemas “están en su plenitud”, y se adoptan medidas que plantean “dificultades para atacar la raíz del problema, agravado por una crisis económica más general”, que traspasa la inmobiliaria a una financiera global.

Además, el supervisor recogía una serie de incumplimientos, relativos a procedimientos y controles internos para la revisión de valores de tasación de garantías, entre otros, los cuales “podrían haber dado lugar a que iniciara algún expediente”, pero no constan sanciones, amonestaciones u otro tipo de actuación que “refuercen” su papel de supervisor.

Por todo ello, “sorprende” que no incluyera ninguno de estos problemas en su informe sobre el plan de integración (SIP), fusión en la que dejó “la solución de todos los problemas de las cajas fusionadas, y por ello no inició ningún expediente administrativo ni detalló los problemas detectados”, precisa el informe.

“La labor del supervisor quizás podría haber sido más severa en el pasado, no permitiendo el crecimiento desorbitado, que dificultó e hizo ineficaces las medidas de reconducción del problema, y llevó a la situación conocida”, destaca antes de concluir que en poco tiempo se ha demostrado que la fusión no fue “el sistema más adecuado para resolver la crisis que afectaba a las instituciones financieras con problemas”.