La Fiscalía se opone a la imputación de Banco de España y la CNMV en el caso Bankia
La Fiscalía se opone a que los máximos responsables de supervisar la salida a bolsa a Bankia declaren como imputados, entre ellos el gobernador del Banco de España en el momento de los hechos, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, y el que fuera presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura, informaron a eldiario.es fuentes conocedoras del escrito remitido por Anticorrupción al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.
La acusación popular ha vuelto a solicitar la imputación de Ordoñez y Segura, entre una lista de ocho personas, después de que el Banco de España se viera obligado a incorporar unos correos electrónicos que demostrarían el conocimiento que el órgano supervisor tenía de la verdadera situación financiera de la entidad. El fiscal Alejandro Luzón se opone porque considera la información en los correos no aporta nada nuevo para demostrar la presunta falsificación de las cuentas para salir a bolsa tal y como señalan los peritos judiciales del caso.
Por contra, el abogado Andrés Herzog, que representa a la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), afirma que los cuatro correos electrónicos escritos por el jefe de Inspección del Banco de España, José Antonio Casaus, en 2011, y que recientemente han sido incorporados a la causa, acreditan que MAFO, Segura, el exvicepresidente de la CNMV, Fernando Restoy, y los otros cinco “contaron con relevante información (suministrada por el equipo de inspección) que no solo desaconsejaba encarecidamente la OPS (Oferta Pública de Suscripción) sino que expresa y reiteradamente advertía sobre la inviabilidad de la estructura diseñada para la salida a bolsa y sobre el importantísimo quebranto patrimonial que se iba a causar a preferentistas, accionistas y a todos los contribuyentes en general”.
Rato y sus colaboradores están imputados por un delito de estafa tipificado en el artículo 282 bis del Código Penal. La Fiscalía descarta que los ocho señalados por la acusación popular pudieran participar de alguna forma en el engaño. De hecho, y de acuerdo con informes de parte incorporados durante la instrucción, la fiscalía discrepa con los peritos judiciales en que la cúpula de Bankia falseara las cuentas para salir a bolsa.
Con la premisa de esa discrepancia, la Fiscalía Anticorrupción rechaza que se pueda imputar a MAFO y el resto por el artículo 282 bis del Código Penal, el referente a la falsificación de la información económica financiera de la sociedad cotizada. Para ello se apoya en la propia declaración de Casaus, el autor de los correos que han servido para volver a pedir la imputación de los citados. “Entonces, decir que no reflejaban una imagen fiel, ¿a qué nos estamos refiriendo?, ¿a la cuenta de resultados, al balance, a la memoria? Yo creo que si decimos las cuentas anuales tiene que ser todo. En las cuentas anuales había información suficiente para calibrar, para calibrar, el quebranto”, declaró Casaus ante el juez Andreu el pasado mes de septiembre.
El Código Penal castiga con entre uno y seis años de cárcel a los “administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores, que falsearan la información económica financiera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros con el propósito de captar inversores o depositantes”. El informe de Antonio Busquets y Víctor Sánchez, sobre el que se asienta el caso Bankia, concluyó que Rato y su equipo “maquillaron” la contabilidad de la entidad para comenzar a cotizar.
La auditora, imputada
La acusación popular entiende, sin embargo, que los responsables de Banco de España y CNMV deben explicarse ante el juez como investigados, tal y como hizo un representante de la auditora Deloitte y su socio Francisco Celma. “No existe a fecha de hoy razón fáctica o jurídica alguna que justifique un distinto trato a los responsables de la fiscalización de la entidad por parte del Banco de España y de la CNMV respecto del auditor externo del BFA-Bankia”, dice Herzog en referencia a Deloitte.
Los referidos cuatro correos son de del 8 y 14 de abril y el 10 y 16 de mayo de 2011, dos meses antes de la salida a bolsa de Bankia. En ellos, el inspector de referencia del Banco de España advertía a sus superiores de que la entidad tenía “muy graves y crecientes problemas de rentabilidad”. En los mismos añade que o se practicaban reformas o se terminaría produciendo un “quebranto” al contribuyente, que finalmente se concretaron en 23.500 millones de euros del rescate a Bankia con dinero público.
Los correos iban dirigidos al director general adjunto de Supervisión del Banco de España, Pedro Comín, también en la petición de la acusación popular para que declare como imputado. En los últimos días, el abogado del Estado, en representación del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el organismo público para la gestión del rescate), no se ha opuesto a la declaración como imputados de Fernández Ordoñez y el resto.
Ahora corresponde al juez Fernando Andreu decidir si los llama a declarar. En una solicitud anterior en el mismo sentido, el magistrado rechazó en julio la imputación de los supervisores, de acuerdo con el fiscal, porque el artículo 282 bis contempla un delito de estafa a inversores, esto es un “un engaño” que requiere “un dolo específico” y no solo una participación imprudente. En aquel momento no se conocían los correos de Casaus, que se enviaron en una segunda remesa requerida por el juzgado con las comunicaciones informales sobre la salida a bolsa de Bankia.
