Fomento recurre la orden de Transparencia de publicar el reparto de pluses entre los cargos de nivel superior
El Ministerio de Fomento ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra una resolución del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno que le insta a publicar el reparto de complementos de productividad en 2015 entre los empleados del Ministerio con mayor nivel jerárquico, la mayoría puestos de confianza y de libre designación.
Después de reclamar sin éxito los listados de perceptores de este tipo de emolumentos en el propio departamento ministerial, Comisiones Obreras presentó una solicitud para obtener los datos ante el Consejo de Transparencia. Este organismo público se encarga, entre otras cosas, de estipular si las entidades deben compartir o no determinada información en función de criterios de relevancia pública y colisión con la Ley de Protección de Datos (LPD). Se rigen por lo dispuesto en la Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
La partida para productividad en 2015 en Fomento ascendió a 12,4 millones de euros, según los Presupuestos Generales del Estado de ese ejercicio. Para 2017 se ha reducido ligeramente, hasta los 12,14 millones.
Según fuentes de CCOO, el listado de beneficiarios del reparto de esta remuneración extraordinaria había venido proporcionándose hasta el año 2010, incluso publicándose en un tablón de anuncios del Ministerio. A juicio del sindicato, en la mayoría de las ocasiones su cobro es razonable por la ejecución de determinados trabajos o responsabilidades, o por horarios ampliados a las 40 horas semanales desde las 37,5 habituales.
Pero aunque la mayor parte de las veces el reparto esté justificado, Comisiones Obreras cree que tienen el derecho y la obligación de conocer quién recibe estos pluses, en función de qué criterios y en qué cuantía. Su sospecha es que podría haber “ciertas personas lucrándose” indebidamente con estos incentivos, que se conceden de manera discrecional.
También hacen hincapié en que si bien ha habido un descenso de personal de unos mil efectivos en Fomento entre 2012 y 2015 (16%), los complementos de productividad apenas han descendido un 1% entre esos dos ejercicios. “Menos gente repartiéndose más cantidad”, resumen en el sindicato.
Recibido este caso, el Consejo de la Transparencia estimó parcialmente la petición de CCOO. Según el criterio aplicado, la productividad es una información pública que hay que facilitar, aunque no en todos los casos. Así, instó al Ministerio a proporcionar la información completa en relación a su personal directivo, eventual y funcionario de libre designación.
Respecto al resto de funcionarios, pide facilitar los listados de productividad sin identificación de sus titulares ni desglose de conceptos retributivos. Es decir, estiman que con aquellos empleados de niveles más bajos o provistos por concurso público, con una responsabilidad en la toma de decisiones nula o muy limitada, hay que tener cuidado con la protección de datos y la información se debe facilitar sin que se les identifique.
Es contra este criterio que el departamento que dirige Íñigo de la Serna ha presentado un recurso contencioso-administrativo que deberá resolverse en sede judicial, ya que entienden que hacer público estos listados, aún en el caso de los cargos de libre designación, colisiona con el derecho a la protección de los datos personales de sus trabajadores.
Fuentes de Fomento se vuelven a referir a estas alegaciones para justificar su posición. En otras ocasiones, como cuando Transparencia ha pedido a TVE que facilitase los gastos en la gala de Eurovisión de 2015, los sucesivos recursos han llegado hasta el Tribunal Supremo.
Agencia Tributaria de Valencia
El caso de la delegación en Valencia de la Agencia Tributaria es algo distinto, aunque idéntico en el sentido de que han presentado un recurso contencioso-administrativo contra una resolución de Transparencia relacionada con información salarial. Se da además la circunstancia de que, a efectos puramente organizativos, el Consejo depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública, al igual que la propia AEAT.
En este caso, la Junta de Personal en aquella delegación solicitó tener acceso a datos sobre repartos de las bolsas de productividad, baremada por objetivos y por desglose de grupos funcionariales en 2015 y 2016.
Al ser denegada por la Administración, esta junta presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia, que la estimó, por considerar que el acceso a la información para Delegados de Personal y Juntas de Personal se rige por la Ley de Transparencia, y no solamente por la regulación específica recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Fuentes de la Agencia Tributaria explican que ya ofrecen una parte de la información que les reclaman, la de los criterios de reparto, pero en su cauce habitual de la mesa de negociación sindical.
En cuanto a los objetivos asignados con carácter previo alegan que explicarlos de manera pública implicaría que terceros -posibles defraudadores entre ellos- tuvieran acceder a información que podría serles útil para sus fines delictivos.
En otras ocasiones, las instituciones concernidas sí han reaccionado favorablemente a las resoluciones del Consejo para que hicieran públicas las retribuciones por productividad. Fue el caso de Instituciones Penitenciarias, de la delegación del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Sevilla y del Ministerio de la Presidencia.
