La valoración de AENA en caída libre, bloquea su privatización
El arranque de mayo ha sido muy agitado en AENA. Las fuentes consultadas aseguran que altos directivos de la empresa que preside José Manuel Vargas y del ministerio de quien depende, el de Fomento, han mantenido una reunión para tomar una decisión sobre el proceso de privatización de una participación no mayoritaria en el capital de la filial de Aeropuertos, la empresa pública propietaria de la red de los 47 aeródromos de titularidad estatal.
La noticia que transmitían las fuentes es que “se han reunido para estudiar la paralización de la privatización de AENA”. Un portavoz oficial de la empresa pública de aeropuertos, en un primer momento, dijo que ellos no son “los titulares de una decisión como esa” y señaló que “será el Consejo de Ministros quien decida sobre los plazos”. Más tarde, matizó que “tanto el Ministerio de Fomento, como nosotros mismos hemos puesto en marcha la maquinaria para que privatizar la compañía en los términos que estaba prevista”. Preguntado por el calendario que se prevé para la venta de la participación minoritaria, el portavoz alargó los plazos hasta mediados de 2014.
Sin embargo, fuentes solventes del sector aéreo han explicado que existen fuertes presiones en el interior del Gobierno para que la ministra de Fomento, Ana Pastor, “deje de apostar por un programa de liberalizaciones y privatizaciones que no es viable en este momento”. Recuerdan las palabras de Pastor cuando clausuró el concurso del gobierno socialista para adjudicar por concesión a empresas privadas la gestión de Barajas y El Prat: “los activos de AENA no deben venderse en el peor momento de la economía española, que es lo que ha estado a punto de pasar”.
Valoración a la baja
El primero de ellos es la “valoración claramente a la baja” del 100% del capital de la filial. Las entidades Lazard y N+1 se adjudicaron recientemente el asesoramiento financiero de la operación de privatización. La horquilla en la que se cuantifica el valor total de AENA Aeropuertos es de 12.000 a 16.000 millones de euros. Esta tasación claramente inferior a los 19.000 millones en que fue valorada la división de aeropuertos por At Kearney en 2011, cuando se produjo el anterior intento frustrado de adjudicar en concesión los aeródromos de Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat. En 2007, un peritaje realizado por Mckinsey en el momento de mayor pujanza del transporte aéreo en España elevó el valor del grupo a 31.000 millones de euros.
El segundo factor que se baraja, es la falta de interés de los grupos nacionales por hacerse con una participación “puramente financiera” en el capital de AENA Aeropuertos que “no nos permitirá dirigir la gestión de la empresa”, según confirmaron fuentes empresariales. En el proceso privatizador auspiciado por el Gobierno socialista se mostraron interesados los grupos españoles Abertis, Ferrovial, Acciona o Sanjosé y los internacionales Fraport, Aéroports de París, GMR o Changi.
Pérdida de tráfico
El tercer factor es la gravísima pérdida de tráfico que está sufriendo la red de AENA.
El aeropuerto de Madrid-Barajas fue el aeródromo europeo en el que más cayó el tráfico de viajeros en el primer trimestre de 2013, con una bajada del 13,9%, hasta alcanzar los 3,2 millones de usuarios en el mes de marzo. Ha perdido dos posiciones en el ránking europeo; de la cuarta a la sexta posición por número de viajeros. En Barcelona-El Prat la caída fue menor, pero aún así registró un descenso del 2,5% hasta los 2,5 millones de pasajeros. También ha habido grandes aeropuertos con datos positivos como el de Palma de Mallorca que creció el 2,5%, hasta alcanzar 1,05 millones de viajeros; el de Tenerife Sur (2,8% y 867.940 pasajeros usuarios) y el de Málaga (0,8% y 831.014 pasajeros).
El estrépito de la caída es aún mayor toda vez que la patronal de líneas aéreas IATA ha anunciado que en el mismo período el tráfico aéreo mundial de pasajeros aumentó un 5,9% en marzo.
Un cuarto factor que aconseja frenar la privatización es el procedimiento abierto en Bruselas contra AENA por la subida de tasas y el procedimiento de aprobación de estos precios públicos durante el ejercicio de 2012. El expediente sigue su curso y podría provocar un auténtico descalabro en las cuentas de la filial dado que la subida media de tasas en la red ese año fue del 18%, y en Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat superior al 50%. Si la UE declara ilegales estas alzas, incluso podría exigir la devolución de las cantidades cobradas.
