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Rajoy deja al siguiente Gobierno una herencia de 5.000 millones en recortes

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda / EFE

EUROPA PRESS

El Gobierno en funciones deja al próximo Ejecutivo una herencia de 5.000 millones en recortes para intentar cumplir el objetivo de déficit impuesto por Bruselas. El plan presupuestario para 2017 que el actual Gobierno ha remitido este sábado a la Comisión Europea estima para el próximo año un déficit del 3,6% del PIB, cinco décimas por encima del objetivo del 3,1% fijado en el marco del procedimiento por déficit excesivo.

Corregir esa cifra obligará al próximo Gobierno a adoptar recortes por un valor cercano a los 5.000 millones de euros, que el actual Ejecutivo no ha concretado, amparado en lo que denomina un escenario “sin cambio de políticas públicas” por la situación de interinidad del Ejecutivo.

En detalle, el escenario que estima el Gobierno es de un déficit del 4,6% para este año, distribuido entre el Estado (26%), las administraciones territoriales (0,3%) y la Seguridad Social, cuyo desajuste entre ingresos y gastos alcanzaría el 1,7%, lo que supone seis décimas de lo previsto anteriormente y un déficit récord de entorno a 18.000 millones de euros.

Para el año que viene, sin embargo, la previsión es es que el déficit de la Seguridad Social disminuya en algo más de 3.000 millones, hasta el 1,4%, lo que junto a la bajada del déficit en el Estado (2,1%) y las administraciones territoriales (0,1%) situaría el déficit de España en el 3,6%, a falta del ajuste de 5.000 millones a realizar por el próximo Gobierno.

Prorrogar el Impuesto de Patrimonio y subir el IBI

En el documento, que incluye las previsiones de ingresos y gastos, y el conocido como informe de acción efectiva, el Gobierno en funciones se ha comprometido con Bruselas a prorrogar el Impuesto de Patrimonio, medida con un impacto de 1.300 millones de euros a partir de 2017, y a la posibilidad de aplicar coeficientes incrementados del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI).

En concreto, el Gobierno en funciones propone la no-bonificación automática del impuesto sobre el patrimonio, con impacto a partir de 2017 en términos de contabilidad nacional por un importe de 1.300 millones de euros. Esta medida se debe a que la recaudación por esta figura se habilita año a año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que cancela la bonificación del 100% introducida en 2011, al no haber presupuestos esta cancelación desaparecería, si bien se han puesto los mecanismos legales para que no sea así.

También plantea la posibilidad de aplicar coeficientes incrementados del impuesto sobre bienes inmuebles, que se regulan año a año y por periodos de un año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Las variaciones en el IBI son competencia de los ayuntamientos, si bien el Ejecutivo esboza esta medida para recaudar más. Al no existir presupuesto estos dejarían de aplicarse, si bien los mecanismos instrumentados permiten su aplicación y un incremento de la recaudación en 24 millones de euros.

Junto a estas dos medidas, el Gobierno informa a la Comisión del adelanto del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades aprobado el pasado 30 de septiembre para recaudar 8.300 millones de euros, con el que se establece un pago fraccionado mínimo del 23% para las empresas de más de 10 millones de euros de cifra de negocio, porcentaje que se eleva al 25% para las entidades de crédito.

El Ejecutivo envía también el informe de acción efectiva que resume las medidas adoptadas para lograr el cumplimiento del déficit del 4,6% este año, como el acuerdo de no disponibilidad de gasto de 2.000 millones de euros, el adelanto a julio del cierre presupuestario de 2016 y el adelanto del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades.

Las cotizaciones crecerán un 2,9% en 2017

Las previsiones son de un crecimiento interanual de las cotizaciones sociales del 2,9% y del 2,5% en 2016 y 2017, respectivamente. Además, de acuerdo con la recuperación del mercado laboral prevista para el próximo año y la evolución de los beneficiarios, se estima que el gasto en prestaciones por desempleo se reducirá en torno a un 7% en 2017.

En 2016 y 2017 se estima una creación neta acumulada de 900.000 empleos y una reducción del paro de un millón de personas, situándose el número de ocupados en 19 millones y la tasa de paro por debajo del 17% de la población activa, a finales de 2017.

En este sentido, las cotizaciones seguirán una tendencia creciente, con un crecimiento cercano al 3% en 2016 y del 2,5% en 2017, impulsadas por la recuperación del mercado de trabajo y la estabilización de la remuneración de asalariados.

Con todas estas variables, el Gobierno calcula que la ratio de ingresos alcanzará el 37,8% del PIB en 2016, proyectándose para 2017 un importe equivalente al 37,7%, mientras que por el lado del gasto, la ratio se reduce hasta el 42,4% del PIB en 2016 y hasta el 41,3% en 2017.

Así, la economía española crecerá un 2,9% este año y un 2,3% el año que viene, tal y como se recogía ya en la previsión del cuadro macroeconómico realizada por el Gobierno el pasado julio.

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