El pacto del cupo de 1.300 millones entre Gobierno y PNV crispa al comité de expertos sobre financiación autonómica

El Ministerio de Hacienda y el Gobierno vasco han ratificado este miércoles el acuerdo que fija el cupo, que es la cantidad que esta comunidad paga al Estado por los servicios prestados en su territorio en competencias no transferidas. Para este año se establece el cupo provisional en 1.300 millones de euros, cantidad que será la base también para el próximo quinquenio. Asimismo, contempla la devolución de 1.400 millones del Estado a Euskadi en concepto de atrasos desde 2007.

El pacto que han firmado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el consejero de Hacienda y Economía del País Vasco, Pedro Azpiazu, incluye once puntos, entre ellos el de la liquidación definitiva de los cupos y las compensaciones financieras entre los ejercicios 2007 y 2011, cuantía que año a año llega a un total de más de 5.000 millones de euros. También se incorporan los resultados en prórroga de 2012 a 2015, así como la cantidad provisional de 2016. Todo ello supone un global que ronda los 6.000 millones, informa Efe.

No obstante, este año el Gobierno vasco deberá restar de los 1.300 millones del cupo 215 millones de políticas activas de empleo, 87 de impuestos especiales y 140 del primer pago de la devolución de 1.400 millones. En total, pagará 858 millones.

Este acuerdo, con el que según Montoro “no hay ganadores ni perdedores”, ha propiciado el apoyo del grupo vasco a los Presupuestos Generales del Estado. Y ha caído como una bomba en la comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica. Sus miembros, que deben aportar recomendaciones sobre cómo reformular la financiación de las comunidades de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra) se han sentido, en algunos casos, ninguneados. Hasta el punto de que uno de ellos, el catedrático de Economía Pública de la Universidad de Oviedo Carlos Monasterio, ha presentado su dimisión.

Unos y otros se han podido cruzar este miércoles por los pasillos de la sede del Ministerio de Hacienda. Mientras los miembros de la Comisión Mixta del Concierto Económico acudían a ratificar su acuerdo, la ponencia de expertos en financiación autonómica –nombrados por las comunidades autónomas y el gobierno– ordenaba los trabajos de la próxima comisión, que se celebrará los días 29 y 30 de junio.

Los expertos recalcan que, desde que comenzaron sus trabajos a instancias de la Conferencia de Presidentes, han venido denunciando la insuficiencia de la financiación de las comunidades de régimen común. Bajo condición de anonimato, varios coinciden en opinar que si el Gobierno en minoría necesita apoyos para sacar adelante sus leyes, podría hacer otro tipo de concesiones, en lugar de “sobrefinanciar” a los territorios forales. “La comisión se ha convertido en irrelevante”, lamentan. Otros componentes sin embargo consideran que lo que ha ocurrido con las negociaciones con el País Vasco simplemente “es política”.

“Antes de empezar la comisión ya me parecía una martingala (artimaña) y el tiempo me está dando la razón”, ha afirmado abiertamente en distintas ocasiones el profesor y economista menorquín Guillem López Casanovas, representante de Islas Baleares. Otro de los miembros de este “grupo de sabios”, el profesor de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza Alain Cuenca, que representa Aragón, ha mostrado en Twitter su “irritación” con lo que denomina “el cuponazo”.

La ponencia de la comisión se está reuniendo una vez a la semana con participación del Ministerio y de los expertos que puedan o deseen acudir para ordenar los trabajos del pleno de la comisión. Hasta ahora, el grupo en el que participan expertos de todas las CCAA menos Cataluña, que prefirió no hacerlo por cuestiones políticas, ha hecho una descripción del sistema. Sólo esta parte, en teoría la más sencilla, ya ha generado controversias, admiten.

Ahora se encuentran inmersos en el segundo bloque, dedicado a las nivelaciones de gasto, y les espera un tercero, aún más complicado, que estará consagrado a deuda, financiación autonómica y lealtad institucional. La idea es que este verano propongan un nuevo modelo de financiación para las comunidades de régimen común que sea estable, y cuyos ingresos no dependan tanto del ciclo económico.

En teoría, los expertos no entran en el sistema del cupo, que atañe al País Vasco y Navarra, pero entienden que su configuración afecta al resto de las comunidades.

Qué es el cupo

En realidad, son tres cupos, ya que son las tres Haciendas de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa las que recaudan los impuestos y las que destinan un porcentaje al Estado, otro al Gobierno vasco y otro a los municipios de su territorio. El sistema, que está reconocido en la Constitución y tiene motivaciones históricas, es similar en Navarra.

La autonomía fiscal permite a Euskadi gestionar el 95% de los impuestos que genera, de los cuales el grueso, el 70%, van al Gobierno vasco para el ejercicio de sus competencias (Sanidad, Educación, Policía, etc.). Por su parte, el Estado ofrece tres aeropuertos, toda la red de ferrocarriles, Policía, Guardia Civil y Fuerzas Armadas y otros servicios no transferidos prestados por unos 10.000 funcionarios (las pensiones de la Seguridad Social tienen otro sistema de financiación), además de servicios centrales como las Cortes Generales, la política exterior o la Casa Real. Es por estos servicios por los que la comunidad autónoma paga una cantidad, el cupo, al Estado.

Cómo funciona el sistema

Para el resto de las comunidades autónomas, funciona el sistema de financiación de régimen común, que es precisamente el que ahora se quiere reformar. A diferencia de lo que ocurre en el País Vasco y Navarra, es el Estado el que recauda la mayoría de los impuestos y transfiere una parte a las comunidades. Las regiones también recaudan algunos de ellos.

Según uno de los miembros de la comisión, nombrado por el Estado, Ángel de la Fuente, el sistema es ahora “demasiado complicado, poco transparente y genera una distribución demasiado desigual y arbitraria”.

Las mejoras deberían ir, a juicio de los expertos, por el lado de paliar los déficit de ingresos y dotar de mayor capacidad a las autonomías. Pero es a la hora de encontrar las fórmulas para conseguirlo cuando están encontrando las mayores dificultades para alcanzar consensos, máxime ante lo que consideran “interferencias políticas”, como la negociación entre el País Vasco y el Gobierno a cambio del apoyo presupuestario.