El Gobierno ejecuta el recorte de 1.700 millones a las energías renovables
Después de 1.538 folios y con cuatro meses de retraso, el Gobierno ha aprobado este viernes el recorte de 1.700 millones –según los cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia– en la retribución a las instalaciones de energía renovables.
Y lo ha hecho con la confusión generada por el baile de cifras del ministro de Industria, José Manuel Soria, al asegurar que el nuevo modelo retributivo tiene “un nivel de rentabilidad razonable basado en las emisiones del Tesoro a diez años más 300 puntos básicos, en torno al 5,8% en estos momentos”. No obstante, en todos los textos del Gobierno, incluida la referencia del Consejo de Ministros de este viernes, la rentabilidad razonable se cifraba en el 7,4%. ¿Por qué ha dicho el ministro 5,8%? Porque la baja cotización de los tipos del Tesoro hace que el cálculo sea ese 5,8%. Eso sí, la cifra ha sembrado mucha preocupación en el sector, para el que un baile de dos puntos porcentuales suponen muchos millones de euros.
Fuentes del sector, calculan que la energía eólica es la más perjudicada por la reforma: “Cerca del 67% de lo que espera ahorrarse el Gobierno este año como consecuencia de la recaudación retroactiva de los incentivos al régimen especial recaerá sobre la eólica, que tan sólo percibe el 25% de las primas”.
En los 1.538 folios remitidos en febrero por el departamento de José Manuel Soria, se encuentran los 32 de la Memoria Justificativa y Económica, los 233 de los Parámetros y Estándares y los 1.273 de anexo con las fichas de la retribución para cada instalación renovable en función de los centenares de parámetros definidos: 576 para las plantas fotovoltaicas, 806 para la cogeneración, 23 para la eólica y 18 para la termosolar.
Mientras tanto, España ya acumula diez denuncias en los tribunales de arbitraje internacional por la inseguridad jurídica y la retroactividad al cambiar las reglas de juego –las retribuciones a las renovables– sobre la marcha. Es decir, una empresa que puso en marcha una planta de renovables con un marco jurídico que le aseguraba unas primas –retribución– ve cómo se les va a empezar a aplicar otro sistema diferente, recortado de media en un 20% y revisable cada seis meses.
La última demanda presentada este miércoles, la ha interpuesto un fondo que invirtió en dos plantas termosolares en Morón de la Frontera (Sevilla) y Olivenza (Badajoz). Las plantas se construyeron en una joint venture con Acciona e Idom y según revela la web de la firma, con una inversión que superó los 500 millones de euros.
