El Gobierno encara un otoño caliente con el escrutinio en Bruselas de las cuentas públicas

España ha comenzado el proceso para someterse al escrutinio más exigente que hasta ahora la Unión Europea ha impuesto a sus miembros. Se trata de someter al examen de la Comisión Europea las cuentas públicas, un hecho que no tiene precedentes en la historia de la UE y que deben cumplir todos los países del euro, excepto los que están ya bajo un programa de rescate (Portugal, Chipre, Irlanda y Grecia).

Con este paso, comienza a hacerse realidad el nuevo sistema de gobernanza europea, el conocido como “Two-Pack”, que pone el foco sobre el rigor presupuestario y la supervisión reforzada de los países que comparten moneda.

España, de la mano del Ministerio de Hacienda, que es el encargado de elaborar las cuentas públicas, le mandó ayer a la Comisión Europea sus cuentas, no solo para el próximo ejercicio, sino también para 2016, año en el que finaliza la senda fiscal y cuando el agujero del déficit deberá suponer menos de un 3% de las cuentas públicas. Desde Hacienda insisten en que el impacto de las medidas no conlleva ningún ajuste adicional, sino el cálculo de las que se han anunciado hasta ahora.

Lo cierto es que la cuantificación por parte de la Administración central de su esfuerzo estaba bastante clara, pero ha sorprendido el ajuste que debe recaer en los próximos dos años sobre las comunidades autónomas y corporaciones locales. Según las cuentas que presentó el Ejecutivo, entre 2014 y 2015, las autonomías tendrán que recortar al menos 8.000 millones de euros para cumplir sus compromisos con Bruselas. Buena parte de estos “ajustes” vendrá por el lado de subidas impositivas, ya que desde Madrid aseguran que hay margen para que las comunidades suban impuestos que tienen cedidos.

Por su parte, los ayuntamientos ahorrarán más de 5.000 millones de euros, el grueso por dejar de prestar servicios públicos calificados como “impropios”, fundamentalmente en sanidad y educación. En 2015 el tajo en estos servicios será de 2.600 millones de euros.

Ahora le toca al ministro de Economía, Luis de Guindos, defender la previsión de gastos e ingresos que ha elaborado su conocido rival, Cristóbal Montoro. De Guindos y Montoro son complicados compañeros de Consejo de Ministros, y es conocida su animadversión. Pero la complementariedad de sus carteras exige al ministro de Economía dar la cara en Bruselas por unas previsiones poco creíbles de las cuentas públicas.

Así, desde Hacienda achican sin problema la previsión de gasto público del Estado, que aseguran que se situará en 2016 en un 41,2% de la economía. De cumplirse este nivel, sería el más bajo desde 2007 y desharía así toda la política de estímulos de los primeros compases de la crisis. En cualquier caso, la previsión de Hacienda difiere en gran medida de la que hizo hace escasas semanas el Fondo Monetario Internacional, que cree que España no rebajará su gasto público hasta ese nivel hasta 2018.

Con todo, cabe destacar que la media de la zona del euro en 2014 implicará un gasto público de más del 46% de su PIB, y los países nórdicos o de Europa central, como Austria, tienen ratios que se aproximan al 50%.

El examen del día 15

El 15 de noviembre es la siguiente cita clave en este examen presupuestario. Ese día, Bruselas lanzará de forma coordinada su valoración de los presupuestos tanto españoles como del resto de los países examinados, haciendo una evaluación de conjunto sobre el rumbo presupuestario de los países de la zona del euro.

Al estar España en el programa de déficit excesivo, se pondrá especial atención a sus cifras y a lo creíble que puede ser alcanzar el objetivo de déficit para 2014, que se sitúa en el 5,8%. Pero la Comisión Europea no va a ser un profesor desalmado con sus alumnos aventajados. Si las cuentas parecen creíbles y el país ha introducido todas las recomendaciones que le ha hecho Bruselas, es muy difícil que la valoración global del informe sea negativa.

Si las cuentas fueran un completo disparate, Bruselas puede exigir al país díscolo que vuelva a entregar un nuevo borrador de presupuestos. Sin embargo, ni Bruselas, ni nadie, puede obligar a un Parlamento nacional a aprobar un presupuesto dictado desde la Comisión o a incluir en él la más mínima matización. Esto hace que el país que sea valorado con una nota negativa en su proyecto de cuentas públicas pueda volver a enviarlo a Bruselas por segunda vez sin haber cambiado apenas una coma.

Así las cosas el 22 de noviembre se debate en el Eurogrupo los presupuestos de forma global con la posible introducción, o no, de las recomendaciones sugeridas por Bruselas. Es importante entender que estas recomendaciones, al ser evaluadas en conjunto, también pueden llevar a la Comisión a pedir a un país como Alemania que tiene que gastar más, para llegar a un cierto equilibrio en el conjunto del euro.

Después del Eurogrupo tendrá lugar un Ecofin el 9 y 10 de diciembre, que es el que puede emitir acuerdos vinculantes. Los parlamentos nacionales deben estar puntualmente informados de las advertencias que haya emitido Bruselas para decidir si tramitan o no los cambios en el curso parlamentario. Como es preceptivo, el 31 de diciembre todos los países tienen que tener aprobadas sus cuentas nacionales.

Si después de todo este proceso un país se desvía de la senda presupuestaria, Bruselas estudiaría su situación con cariño. Si cumplió las recomendaciones, cumplió con el presupuesto y aun así no alcanza el objetivo de déficit, los hombres de negro entienden que las causas son exógenas y que poco puede hacer el país para evitarlas. En este sentido, se estudiaría también si el esfuerzo estructural, que se entiende independiente de los factores externos, ha estado en línea con las recomendaciones de Bruselas.

Al mismo tiempo que se cumple este calendario, los países deben tener también a punto sus autoridades fiscales independientes, que son otro instrumento que Bruselas considera indispensable para el sistema de gobernanza propuesto. Por ahora, España tiene el esqueleto de su Autoridad Fiscal Independiente, pero le falta el paso más morboso en la construcción de este organismo: cerrar la lista de presidente y consejeros que lo dirigirán. Montoro tiene hasta el 31 de octubre para nombrar a este grupo de supuestos “independientes” que deben auditar la labor presupuestaria del Ejecutivo.