El Gobierno aprueba dos leyes de contratos públicos que limitarán la corrupción

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy para su remisión a las Cortes dos proyectos de ley de contratos del sector público que incluyen novedades derivadas de la legislación europea, entre ellas las encaminadas a mejorar la publicidad, la transparencia y la lucha contra la corrupción.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha explicado en la rueda de prensa posterior al consejo que los proyectos obedecen a la trasposición de tres directivas europeas que tenían que haber sido incluidas en la legislación española antes del pasado 18 de abril, por lo que su tramitación es urgente.

La normativa se distribuye en dos proyectos de ley, uno referido a la contratación en el sector público en general y otro más específico referido a determinados sectores, ha explicado.

Las nuevas leyes incluyen, entre otras cosas, que no podrán ser contratistas de las administraciones públicas los condenados por corrupción entre particulares o que no podrán adjudicarse contratos públicos sin que medie publicidad.

La normativa añade que los partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales que se financien mayoritariamente con fondos públicos podrían estar obligados a recurrir a procedimientos públicos para adjudicar los contratos.

Las cargas administrativas se reducirán y se agilizarán los procedimientos, entre otras vías gracias a las denominadas “declaraciones responsables” por las que el empresario asegura cumplir los requisitos exigidos y solo tiene que demostrarlo si resulta adjudicatario.

Además, pretende facilitar la participación de las pymes mediante la división de los contratos en varios lotes, la restricción de los “medios propios” -entidades creadas por la propia Administración para realizar las actividades- o la posibilidad de exigir al licitador que se cumplan determinados plazos de pago.

Otro de los objetivos es lograr que la contratación pública sirva como instrumento para las políticas medioambientales, sociales y de innovación mediante la exigencia de certificados de calidad o las licitaciones “de asociación para la innovación” para necesidades no cubiertas por el mercado y que, por lo tanto, requieren investigación y financiación.

Las nuevas leyes pretenden mejorar la cooperación entre administraciones, para lo que prevén la creación de un Comité de Cooperación, con la participación de comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, dentro de la Junta Consultiva de Contratación del Estado.