El Gobierno propone endurecer las sanciones a las empresas por el fraude en los contratos temporales
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado este jueves que llevará una propuesta a los sindicatos y la patronal para endurecer las sanciones a las empresas que cometan contratos temporales fraudulentos. Báñez propondrá en la Mesa de Calidad del Empleo que las compañías sean castigadas por cada contrato injustificado que firmen, algo que por el momento no ocurre y se queda en una única multa de 600 euros.
La ministra ha realizado el anuncio en la Comisión de Empleo en el Congreso celebrada este jueves. Esta medida, sancionar cada uno de los contratos en fraude, es una petición recurrente de los sindicatos, así como aumentar la cuantía de la multa y los recursos de la Inpección de Trabajo. Los críticos a las sanciones actuales aseguran que a los empresarios les sale a cuenta contratar en fraude a varios trabajadores porque, si son sancionados, la multa es la misma haya uno o muchos en esta situación de fraude: 600 euros.
La alta tasa de temporalidad en el mercado laboral español es uno de los elementos que más preocupan a los sindicatos en relación con la precariedad del empleo. En el pasado año, según los datos de la EPA conocidos hoy, volvió a aumentar la tasa de temporalidad (el porcentaje de trabajadores con contratos temporales sobre el total de asalariados) hasta llegar al 26,7%.
Según los datos del Ministerio de Empleo, a lo largo de 2017 se registraron 21,5 millones de contratos de los que más del 90% fueron temporales.
Fátima Báñez ha sostenido que el Gobierno quiere que “la temporalidad solo sea justificada y no claramente abusiva”, porque perjudica a los trabajadores, merma nuestra competitividad y reduce los ingresos públicos, entre otras cuestiones.
La ministra ha comunicado que el Gobierno quiere “dar un paso más” para desincentivar la temporalidad injustificada. La medida busca tener más efectividad para que las sanciones “no solo sancionen, que ya lo hacen a quien incumplen la ley, sino que disuadan de una vez para siempre de mantener formas de contratación insolidarias”, ha afirmado.
Por ello, el Gobierno comunicará a los interlocutores sociales su intención de modificar el sistema actual “para que se impongan tantan sanciones como contratos temporales sin causa haya”, ha concretado.
