El Gobierno en funciones gasta 8,9 millones en asesorías para los pleitos por el hachazo renovable
El Gobierno en funciones lleva gastados desde marzo de este año más de 8,9 millones de euros en asesorías externas para defenderse en la lluvia de pleitos presentados por inversores de todo el mundo ante tribunales internacionales de arbitraje por los recortes retroactivos a las energías renovables.
Desde marzo, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), adscrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ha gastado 8.914.750 euros, IVA incluido, en trece contratos de este tipo. Las beneficiarias han sido tres consultoras (Accuracy, Econ One y BDO), contratadas por el IDAE para prestar servicios de “asistencia especializada” y elaborar informes periciales para el ministerio y la Abogacía del Estado en esos litigios.
Los seis últimos contratos suman otros 2.927.750 euros y se han publicado este jueves en la plataforma de Contratación del Estado. Se adjudicaron el 11 de agosto. El procedimiento, como en todos los anteriores, ha sido el negociado sin publicidad (sin anuncio previo), “por concurrir razones de imperiosa urgencia plenamente justificadas”, según el IDAE.
La consultora internacional Accuracy se ha adjudicado dos contratos más por 865.150 euros para asesorar en los arbitrajes presentados por la alemana Steag y el bufete estadounidense Watkins. Econ One Research cobrará otro millón por los tres litigios planteados por 9Ren, la sueca Hidroenergy y el alemán Landesbank; y BDO Auditores, otros 556.600 euros para defender a España en la denuncia de Greentech. El IDAE ha renunciado a un séptimo contrato para el litigio presentado por Solarpark tras haber “desistido” de su denuncia esta firma.
Con Soria fuera
Desde marzo de 2014, el ministerio ha adjudicado veinte contratos de este tipo por 13.339.115 euros, IVA incluido. Aunque todos se iniciaron con José Manuel Soria todavía al frente del Ministerio de Industria, la mayor parte (trece) se ha resuelto con el Gobierno en funciones. De ellos, casi todos (doce contratos que suman 8,4 millones) con el canario, que dimitió el 15 de abril por el escándalo de sus sociedades en paraísos fiscales, ya fuera del ministerio, actualmente a cargo de su amigo Luis de Guindos.
Las beneficiarias han sido cinco firmas: Accuracy (4.628.250 euros), Econ One (3,5 millones), BDO (3.394.050 euros) y la UTE entre la española MacGroup y la francesa Altran (1.816.815 euros), según datos recopilados del portal de Contratación del Estado y la web del IDAE.
Estos contratos, que posiblemente no serán los últimos (siguen llegando demandas), se suman al que adjudicó a finales de 2011, en las últimas semanas de su mandato, el antecesor de Soria, Miguel Sebastián, a la firma británica Herbert Smith para asesoría en los litigios por el recorte de José Luis Rodríguez Zapatero a la fotovoltaica. El coste era de 300 euros por hora (más IVA) y un límite de 300 horas anuales.
Con más de 1.000 millones de euros en juego, el chaparrón de denuncias ha sido una bendición para bufetes y consultoras y ha minado la imagen internacional de España, que rivaliza con países como Venezuela y Argentina en número de demandas ante el CIADI, el organismo de arbitraje del Banco Mundial que dirime la mayoría de procedimientos.
A mediados de agosto, cuando se conoció la última denuncia ante el CIADI, había presentadas ante ese organismo 27 solicitudes de arbitraje contra el Reino de España por los recortes a las renovables. España es líder en el ranking mundial de demandas relacionadas con la política energética, a gran distancia del segundo, República Checa, que suma siete procesos, y de Rusia y Turquía (seis cada uno).
Las denuncias se centran tanto en los recortes a la energía solar y a la termosolar que el Gobierno aplicó a finales de 2010 como los acometidos por el actual Ejecutivo en funciones durante la legislatura concluida a finales de 2015.
