El Gobierno que más recorta en renovables consigue la cartera de Clima y Energía en Bruselas
- España acumula una decena de denuncias internacionales por el cambio de las condiciones para estas inversiones
- Bruselas criticó en junio las decisiones del Gobierno sobre renovables: “La retroactividad ahuyenta la inversión”
Recorte de 1.700 millones. Cambio en los criterios de retribución. Denuncias internacionales. El Gobierno de Mariano Rajoy ha acometido una reforma del sector eléctrico que le ha enfrentado con las renovables por la reducción de las retribuciones de un año para otro y por cambiar el sistema con el que se financiaban: se ha pasado del sistema de primas –por el cual se les aseguraba un precio de venta fijo– por el de la “rentabilidad razonable”, detallado en 1.761 folios de Boletín Oficial del Estado.
Miguel Arias Cañete, uno de los miembros de este Gobierno, señalado por Bruselas hace tres meses por la “retroactividad” de sus medidas, estará al frente, precisamente, de Acción Climática y Energía en la Comisión Europea. El responsable de Políticas de la Unidad de Renovables de la Comisión Europea, Antonio López-Nicolás, advirtió en junio de que los cambios retroactivos en los mecanismos de apoyo a las renovables “pueden afectar de forma muy clara al clima de inversión”. Y subrayó la “preocupación” que existía en torno a los cambios retroactivos por su posible impacto en la inversión “no solamente en España sino también en Europa”, lo que “puede influir de forma muy negativa a los cumplimientos de los objetivos 2020 y 2030”.
1.761 folios de Boletín Oficial del Estado. 1.700 millones de recortes a las renovables, instalación por instalación. La media de recorte es de un 20% por cada una, pero como todas las medias; el porcentaje es caprichoso, a pesar de que el nuevo sistema retributivo, prolijo en páginas, también lo es en los parámetros en los que se fundamenta. Por ejemplo, la orden deja sin retribución tanto a las plantas que ya hayan superado, según los criterios gubernamentales, tanto la vida útil como el nivel de rentabilidad razonable: las plantas eólicas anteriores a 2005 quedan en esta situación.
El 20 de junio, hace apenas dos meses y medio, se publicaba la orden ministerial de Energía e Industria que detallaba 1.400 parámetros, es decir, sistemas regulatorios, es decir, mecanismos para calcular cómo ha de retribuirse a cada instalación de energías renovables. Y todo ello bajo el criterio de la “rentabilidad razonable”, definido así por el ministro del ramo, José Manuel Soria: “Se basa en las emisiones del Tesoro a diez años más 300 puntos básicos, en torno al 5,8% en estos momentos”, si bien se cifra en el 7,4%. De esta manera, se entierran las primas, que han funcionado desde 1998 y que aseguraban a los productores un precio mínimo de venta, independientemente del precio coyuntural del mercado.
Este nuevo sistema ha recibido las críticas de todas las asociaciones de energías renovables, que alertan de una grave crisis económica del sector, además de los efectos retroactivos que tiene la medida y de la inseguridad jurídica que genera, pues se fija una revisión de las retribuciones cada seis años.
Consecuencia de todo ello es que España ya acumula diez denuncias en los tribunales de arbitraje internacional por la inseguridad jurídica y la retroactividad al cambiar las reglas de juego –las retribuciones a las renovables– sobre la marcha. Es decir, una empresa que puso en marcha una planta de renovables con un marco jurídico que le aseguraba unas primas –retribución– ve cómo se les va a empezar a aplicar otro sistema diferente, recortado de media en un 20% y revisable cada seis meses.
La orden ministerial de parámetros es la cuarta y última norma regulatoria relacionada con las renovables. Se publicó dos semanas después de que el Consejo de Ministros fijara por decreto el criterio de "rentabilidad razonable" y seis meses después de la aprobación de la ley de reforma del sector eléctrico.
Los distintos parámetros retributivos considerados en el nuevo modelo son los ingresos estándar por la venta de la energía, los costes estándar de explotación, el valor estándar de la inversión inicial, la vida útil y las horas de funcionamiento.
Después de aplicar los 1.700 millones de recortes, el Gobierno calculaba que las renovables iban a 7.014 millones en incentivos, de los que 2.445 millones corresponden a la fotovoltaica y 1.513 a la cogeneración.
