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El impacto de los recortes se extenderá hasta 2016 con un esfuerzo mucho mayor para atender la deuda

España ha cumplido el compromiso de mandar un borrador de los Presupuestos a Bruselas.

Belén Carreño

La legislatura de la tijera. El Ejecutivo planea seguir recortando gastos hasta el final de su mandato, según se refleja en los planes enviados a Bruselas el jueves. Hacienda ha cumplido con su compromiso de pasar el examen de la Comisión Europea de sus presupuestos, que ha acompañado con una memoria económica que extiende las previsiones de ingresos y gastos hasta 2016.

Así, si en 2014 el Ejecutivo ha anunciado ya que bajará el gasto hasta el 44% del PIB (ocho décimas menos que en 2013), para 2015 eleva el recorte en el gasto al 42,6% de la economía, cifra que se reduce hasta el 41,2% en 2016. Es cierto que el Ejecutivo espera que a partir del año que viene el PIB aumente (lo que hace que la proporción pueda disminuir sobre el total), pero las subidas previstas son muy inferiores a este fuerte ajuste del gasto. Por ejemplo, la economía crecería en 2015 un 1,2% (según la previsión inicial) pero el gasto se habría reducido en un 3,1%.

En el análisis que acompaña los cuadros, el Ejecutivo aclara que para 2015 “el importe de las medidas a adoptar sea de 4.000 millones de euros”, un tajo que debe recaer en las comunidades autónomas. Los números gordos del gasto son los siguientes: 457.400.000 millones de euros de gasto en 2014 y 455.600.000 millones de gasto en 2015.

Desde Hacienda aseguran que ninguno de estos ajustes es nuevo, y que son fruto de las medidas ya anunciadas durante los años anteriores.

En cuanto a mejoras en el gasto por una reactivación económica, la reducción de la partida del desempleo es muy tímida, ya que pasa de los 29.200 millones de 2014 a 27.700 millones de euros en 2015. Esta cifra bajaría a 25.000 millones de euros.

Ingresos fijos

Por otro lado, el Ejecutivo prevé recaudar prácticamente lo mismo en 2014 que en 2016, sobre el 38% del PIB. Eso significa que la supuesta mejora en recaudación de ingresos prevista, sobre todo por la eliminación de las deducciones para sociedades y la ampliación de las bases del IVA, podría ser compensada por la eliminación del “recargo transitorio de solidaridad” y otras medidas impositivas que el Gobierno prepare para el programa electoral de 2015.

En línea con estas previsiones, la presión fiscal apenas se movería, desde el 33,5 de 2014 hasta el 33,6 de 2016. Lo que queda claro de estas previsiones es que aunque la economía mejore, el Ejecutivo no espera recaudar más.

Estas previsiones chocan con una terrible realidad: la de que el peso de la deuda cada vez será más abultado y será más caro satisfacer a los acreedores públicos. Así, en 2015 atender a los intereses se llevará un 3,9% de la economía española, algo que llegará al 4,1% en 2015.

En este sentido, la deuda rebasará el 101,13% del PIB en 2015 y se quedará en el 101,09% en 2016. Este será el primer año que el Ejecutivo espera que descienda la deuda bruta en circulación. Además, el Gobierno anuncia ya que el déficit de este año será 6,8% si se tienen en cuenta las ayudas a la banca. Como Bruselas no las tienen en cuenta para los objetivos de déficit, aseguran que clavarán el 6,5% exigido por la Comisión Europea.

Otros datos a largo plazo también ponen en entredicho los planes del Ejecutivo. Según el cuadro enviado a Bruselas con la normativa europea, el empleo seguirá computando de forma negativa en las cuentas públicas. Así, a la contribución negativa de 2014 (que es del 0,8%), le siguen los datos negativos de 2015 (-0,7) y 2016 (-0,6).

En su cuantificación de los recortes, el Ejecutivo asegura en en 2014 se ahorrarán 1.200 millones de euros en pensiones. Al menos 800 millones vendrán por la no actualización de las pensiones y el resto por otro tipo de ajustes. La cifra de ahorro se elevará hasta 1.500 millones de euros en 2016.

Aunque el Ejecutivo vende en varias ocasiones las bondades de la reforma de las pensiones, con la subida mínima del 0,25%, no deja claro si hay margen presupuestario para mejorar este incremento o si es una cifra cerrada para 2014. Lo que sí que adelanta es que la Seguridad Social estará en déficit hasta al menos 2016, lo que confirma que hasta ese año los pensionistas tendrán pocas alegrías en sus nóminas.

Cuantificación de las medidas

El Gobierno hace una detallada cuantificación de los ahorros que generarán algunas de sus medidas adoptadas hasta ahora. Así, las medidas de personal en el sector público supondrán un ahorro de 1.600 millones de euros en 2014 y 1.000 millones en 2015. La reforma de la Administración Pública, ahorrá otros 900 millones de euros en 2015.

Con todo, es la reforma de las entidades locales la que más ahorro supondrá en el conjunto del gasto de las Administraciones Públicas. Así, el Ejecutivo cuantifica en 4.800 millones de euros el ahorro en estas entidades locales.

Además del menor gasto en remuneraciones en el sector público, el Ejecutivo asegura que las transferencias sociales pasarán de suponer el 19% del PIB en 2015 y del 18,6% en 2016.

En cuanto a los ingresos, el Ejecutivo espera que con las medidas tomadas hasta ahora, apenas tengan un impacto de 500 millones de euros (el 0,05% del PIB) para 2015 y será el IVA y Sociedades los que aporten esta exigua mejora.

Deberes cumplidos

Los informes que remiten Economía y Hacienda están dentro de las obligaciones previstas por la nueva gobernanza europea bautizada como “Two-pack”. Además de enviar los planes presupuestarios, el Ejecutivo también repasa la lista de tareas que le puso Bruselas para el año en curso.

El Ejecutivo saca pecho y da por bien cumplimentadas casi todas las tareas. Todas menos quizá la más urgente para la economía real: la de mejorar la financiación de las pymes. Así el Ejecutivo reconoce que no ha elaborado todavía una ley integral para el fomento de la “financiación empresarial”. Otra de las recomendaciones de Bruselas que lleva cierto retraso son las prácticas de buen gobierno, que se llevarán este viernes al Consejo de Ministros.

Con todo, el cumplimiento de los objetivos es irregular. El Ejecutivo da por buenas reformas como la de los colegios profesionales, que apenas ha liberalizado los sectores que pedía Bruselas (como las farmacias).

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