El Gobierno prohibirá autoproducir electricidad a los usuarios más vulnerables: o bono social o placa en el tejado
El farragoso texto del borrador de Real Decreto por el que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pretende regular el autoconsumo de electricidad contiene varias bombas escondidas en 32 páginas trufadas de una jerga técnica extremadamente compleja.
Además de hacer “inviable” esta modalidad, según denuncian las empresas y asociaciones vinculadas al sector renovable, con un nuevo “cargo por otros servicios al sistema” que sustituye al polémico “impuesto al sol” que recogía un borrador previo de 2013, el texto pretende prohibir que una familia que disfrute de una tarifa regulada por la administración (incluyendo a las más vulnerables) pueda acogerse a esta posibilidad.
El borrador que el ministerio ha sacado a consulta pública establece que el titular de un punto de suministro o instalación acogido a la modalidad de producción con autoconsumo “no podrá tener contratado el suministro con un Comercializador de Referencia ni tendrá derecho a ninguna modalidad regulada de suministro”, dice el texto.
Las comercializadoras de referencia son las que suministran a los consumidores acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), sustituto de la antigua tarifa de último recurso (TUR). Esto es, la tarifa doméstica de la que disfrutan la mayoría de hogares, unos 17 millones de clientes domésticos y pymes.
El texto dice que, “en el caso de que un consumidor deje de tener un contrato en vigor con una empresa comercializadora, y no sea consumidor directo en mercado”, pasará a ser suministrado por un comercializador de referencia, pero “toda la energía generada pasará a ser cedida al sistema eléctrico, sin ningún tipo de contraprestación económica” por esa energía excedentaria.
Fuentes del sector interpretan que Industria quiere cerrar la puerta del autoconsumo a los consumidores acogidos no sólo al PVPC sino también al denominado bono social, reservado para los consumidores más vulnerables.
Este bono, vigente desde 2009 y que es la única medida que se ofrece desde la administración para paliar la pobreza energética, actualmente ofrece descuentos del 25% sobre la tarifa doméstica a colectivos muy concretos: hogares con menos de 3 kilovatios de potencia contratada en su vivienda habitual, beneficiarios de las pensiones mínimas, familias numerosas y hogares con todos sus miembros en paro.
Algunos analistas del sector consideran que el autoconsumo puede ser una alternativa para aquellas personas en situación de pobreza energética que se ven obligadas a desconectarse de la red eléctrica por su incapacidad para hacer frente a su factura.
De hecho, la patronal fotovoltaica UNEF estudia desde hace tiempo poner a disposición de hogares sin recursos la instalación de paneles solares para garantizarles un mínimo de energía. “No podríamos hacerlo con esto, porque el interés con los peajes se reduciría y perderían el bono social”, dice su director general, José Donoso.
