El clan familiar de González realizó actividades corruptas en tres continentes y pagó sobornos al Gobierno venezolano
El clan familiar de Ignacio González aprovechó su influencia en el Gobierno de Madrid y sus empresas públicas para lucrarse con negocios personales en tres continentes y llegó a pagar comisiones al Gobierno bolivariano de Venezuela a cambio de contratos en aquel país.
Todo está en la causa que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco sobre las actividades en el extranjero de Mercasa, la empresa pública que gestiona los mercados mayoristas españoles, entre ellos Mercamadrid. Y sobre todo en las llamadas telefónicas del que hasta ayer era el director de operaciones de la sociedad, Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid y también detenido en la Operación Lezo.
El sumario alude a sospechosos negocios realizados por Mercasa y el Consorcio CMIC, sociedad privada en la que participa, en países como Ángola, República Dominicana, Panamá, Argentina y Venezuela. Los pinchazos telefónicos realizados por la Guardia Civil han captado conversaciones en las que Pablo González, como director de operaciones de Mercasa, pide a sus colaboradores inflar un 10% las facturas de los trabajos realizados para el Gobierno chavista con el objetivo de poder comprar a funcionarios en Caracas.
Así lo relata el juez en un auto al que ha tenido acceso eldiario.es: “Pablo González habría realizado prácticas corruptivas con las señaladas anteriormente en Venezuela. De sus propias palabras se desprende que en Caracas se habrían puesto en contacto con el Gobierno, quien les habría dado las indicaciones de la constructora a la que subcontratar, subcontratacíon que habría sido llevada a cabo posteriormente con la indicación `cargar un 10% más porque habrá que pagar a tal´de tal manera que podría haber pagado la cantidad acordada al funcionario correspondiente minimizando las posibilidades de detección de tal corruptela”.
En el caso de Argentina, donde Mercasa fue contratada para levantar un mercado gourmet en Buenos Aires, la sociedad pública utilizó como agente comercial al Grupo Ecsa, delegación de Auditel en Argentina. Según los investigadores, dicha sociedad “está fuertemente vinculada a Pablo González”. En el auto judicial, que motiva las entradas y registros en las oficinas de la sociedad, Velasco apunta: “Induce a pensar que este señor podría haber usado su cargo como director de estrategia para asegurar la participación de una de las sociedades relacionadas con él mismo y, de esta forma asegurarse un beneficio personal derivado de las actividades de la empresa pública”.
En Angola, prosigue el relato judicial, la trama familiar del expresidente madrileño habría llegado a comprar al Tribunal de Cuentas y a otros miembros de la Administración de aquel país, lo que según el juez Velasco, “da idea del alcance de estas prácticas corruptas”. El sumario acumula evidencias de que directivos del Consorcio CMIC, donde es socio Mercasa, se quedaron parte del dinero por el camino. El operativo utilizado para generar fondos con que pagar las mordidas se valió de un sistema de facturación ficticia en que el Consorcio Cmic simulaba realizar encargos a dos sociedades de Guillerme Tavéira, un prófugo de la justicia española que se encuentra en busca y captura por otro caso de comisiones ilegales en la empresa pública Defex.
Entre 2007 y 2015 se transfirieron nueve millones de euros a estas empresas y las conversaciones interceptadas al hermano de Ignacio González apuntan a que después de 2016 se tramitaron nuevos contratos para que la trama dispusiese de liquidez para sus manejos. El entonces presidente de Mercasa, Eduardo Ameijide, dimitido ayer por este escándalo, confiesa el modus operandi en otra de las conversaciones telefónicas cuando pide “usar el Consorcio por si hace falta pagar comisiones”. El juez alude también a otros directivos que presuntamente se lucraron con los negocios de Mercasa en tres continentes y cita junto a Gónzalez a Luis Hermosilla, Miguel Ramírez y María Jesús Prieto. Todos han caido como consecuencia de este sumario.
En la causa también figuran las maniobras para tratar de camuflar el fraude. Las charlas telefónicas de los implicados apuntan a que el Consorcio CMIC llegó a contratar una auditoría para detectar irregularidades, pero no para subsanarlas sino con el objetivo de eliminar las pruebas que pudiesen incriminar a los directivos y elaborar documentación falsa. Los protagonistas aluden por ejemplo en sus conversaciones al período en que María Jesús Prieto, imputada en este caso, ocupó la presidencia del Consorcio CMIC entre 2008 y 2011 y reconocen que en ese período no hay soporte documental para los movimientos económicos y por eso “se está reconstruyendo todo”. El instructor del sumario apunta a que “en la destrucción de las pruebas María Jesús Prieto se vio ”auxiliada por otros directivos“ del conglomerado empresarial.
Quienes han participado en las pesquisas no tienen dudas del papel central que el hermano de Ignacio González ha jugado durante los últimos años para lucrarse con los negocios de Mercasa en el extranjero. En la República Dominicana, según los investigadores González, director de operaciones de la sociedad pública, lleva a cabo operaciones similares a las de Angola. El juez Velasco subraya que estos indicios “refuerzan la idea de que en las prácticas corruptivas en ambas repúblicas tuvieron patrones parejos, induciendo a pensar que nuevamente en el caso dominicano podría haber tenido lugar un reparto de comisiones en todos los sentidos”.
Sobrecostes del 400% en República Dominicana
En Santo Domingo, los investigadores apuntan a un contrato de formación en el que Mercasa aplicó “graves sobrecostes” que llegaron al 400% del precio real de los servicios prestados y en el que además según se desprende de los pinchazos telefónicos no se cumplió el objeto del contrato, tal y como admite el propio Pablo González en otra conversación telefónica interceptada por la Guardia Civil y en la que reconoce que no se impartieron las horas pactadas.
