De Guindos cree que Bankia devolverá las ayudas

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, está convencido de que Bankia será capaz de devolver las millonarias ayudas que ha recibido, pero también de que el resto de entidades nacionalizadas, CatalunyaBanc y Novacaixagalicia, podrán hacerlo.

En una entrevista con Efe, De Guindos defiende la idea expresada por el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, de que el grupo podrá devolver la inyección de fondos públicos recibidos, pero no será la excepción.

A juicio del ministro, los más de siete millones de clientes de Bankia pueden estar hoy “mucho más tranquilos que hace unos meses por la extraordinaria solvencia y liquidez de la entidad”.

Ello, unido a un equipo de gestión “muy profesional, que conoce lo que tiene que hacer” y una estructura de gobierno corporativo “sin ningún tipo de influencia política”, le hace confiar en que Bankia podrá reintegrar los fondos recibidos “en breve plazo”.

Pero además, De Guindos ha augurado que los otros dos bancos en manos del Estado, CatalunyaBanc y Novacaixagalicia Banco, “también serán capaces de hacerlo”, aunque hasta el momento ninguna entidad de las que han acabado siendo subastadas haya devuelto un solo euro.

El titular de Economía ha destacado que la situación actual de estas tres entidades en manos del Estado es mejor que en el pasado por la ayuda europea recibida en condiciones muy favorables, pues el interés ronda el 0,5 %, a un plazo “muy largo” (12,5 años) y con un periodo de carencia de diez años.

De Guindos ha recordado que España recibió para sanear su sistema financiero y poner en marcha Sareb, el denominado “banco malo”, una línea de crédito de unos 40.000 millones de euros, pero su coste equivale a aproximadamente el que tienen actualmente unos 5.000 millones de deuda española a diez años.

Ha sido un préstamo muy favorable para sanear las entidades, mejorar su gestión, conseguir que vuelvan a ser rentables y finalmente privatizarlas y con esos retornos España podrá devolver ese préstamo a sus socios europeos, ha resumido el ministro.

En su opinión, lo mejor del año pasado es que hoy “no existe ningún sistema bancario en Europa con el grado de transparencia de España” y ello se ha logrado a pesar de que cuando De Guindos asumió su cargo había “numerosas incertidumbres y los rumores corrían como la pólvora”.

En estos momentos el sistema español es “muy transparente” y ha puesto de manifiesto que es capaz de hacer frente a circunstancias “extremadamente difíciles” y en los casos de los que no han podido, se les ha puesto “mucho capital” y se les ha librado de la exposición al riesgo promotor inmobiliario.

El ministro ha destacado especialmente el esfuerzo en provisiones hecho por el sector financiero fruto de los dos reales decretos para sanear el riesgo inmobiliario y que han lastrado los resultados de la banca española, que este año mejorarán.

En cualquier caso, ha insistido en que era necesario hacer “un ejercicio de realismo” y que la banca valorara correctamente los activos inmobiliarios para disipar las dudas sobre el sector.

“La fotografía no tiene ninguna comparación con lo de hace 8 meses”, ha sentenciado De Guindos.

En cualquier caso, el ministro tiene otras iniciativas en marcha que afectan directamente al sector financiero y más en concreto a las remuneraciones de los banqueros.

De Guindos recuerda que en estos momentos se discute en Europa la directiva de capital y con ella la posibilidad de limitar el sueldo de los ejecutivos de las entidades financieras, y aunque ya hay prácticamente un acuerdo, se trata de unos mínimos.

“El planteamiento del Gobierno español va más allá de establecer limitaciones a los 'bonus'. Creemos importante introducir en la remuneración de los banqueros transparencia y claridad”, ha explicado el ministro.

Y la forma de hacerlo es que los paquetes globales, es decir el sueldo fijo y el variable, de los primeros ejecutivos de la banca en España sean aprobados por sus accionistas en la junta general.

“Es algo que seguramente no se va a recoger en la directiva que está ahora en discusión pero que el Gobierno español tiene pensado implementar en los próximos meses”, con la trasposición a la normativa nacional.