Hacienda suspende un contrato millonario del Banco de España por posibles trabas a la competencia
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha obligado al Banco de España a suspender cautelarmente la tramitación de un millonario concurso para adjudicar el servicio de vigilancia de sus dos sedes en Madrid tras el recurso de una asociación profesional por posibles trabas a la libre competencia.
El procedimiento lleva meses empantanado: en junio, el supervisor bancario ya anuló otro concurso idéntico (aunque por un importe inferior) tras detectar un “error no subsanable” en el pliego de condiciones.
Según consta en la web del Banco de España, el 8 de agosto el Tribunal de Recursos Contractuales suspendió provisionalmente el procedimiento para adjudicar los servicios de vigilancia y seguridad en los edificios del organismo en el número 48 de la calle de Alcalá (su emblemática sede junto a la plaza de Cibeles) y en el número 522 de esa misma vía, en el distrito de San Blas-Canillejas.
El contrato, licitado por el procedimiento restringido (sólo pueden presentar ofertas empresas seleccionadas previamente) está valorado en hasta 34.612.482,80 euros, incluyendo IVA y posibles prórrogas (hasta un máximo de seis años). El plazo de presentación de ofertas finalizó el 15 de julio. El servicio debía empezar a prestarse a partir de noviembre.
El tribunal ha suspendido el procedimiento tras el recurso de una asociación de empresas de seguridad, que argumentó que la exigencia de contar con un número determinado de vigilantes en plantilla y en la Comunidad de Madrid vulneraba la libre competencia, explican fuentes conocedoras del proceso.
El pliego de condiciones del contrato exigía al adjudicatario contar con al menos 2.000 vigilantes en España y 500 en la Comunidad de Madrid, “excluyendo los de transporte de fondos y de sistemas y alarmas”. El Banco de España ha expuesto en sus alegaciones que el servicio requiere un número elevado de efectivos, con posibilidad de ser reforzado en momentos puntuales.
La suspensión de la licitación no es firme. El tribunal no ha resuelto sobre el fondo del asunto y no está previsto que ocurra hasta después del verano. El órgano dependiente de Hacienda puede ordenar repetir el procedimiento desde cero o reanudarlo.
La duración inicial del contrato es de tres años, prorrogables anualmente hasta seis. El presupuesto es de un mínimo de 11.566.750,43 euros (13.995.768,02 euros, IVA incluido) por los tres años y un máximo (incluyendo prórrogas y modificaciones) de 28.605.357,69 euros (34.612.482,80 euros, IVA incluido).
Segundo intento
El pasado 3 de junio, el Banco de España comunicó el desestimiento en un concurso para adjudicar el mismo servicio “al haberse advertido un error no subsanable” en el pliego de condiciones. El contrato era por el mismo plazo (hasta seis años) y por un importe máximo de 12.471.852,89 euros (IVA incluido).
La enorme diferencia en el importe (el valor máximo del contrato es ahora prácticamente el triple) se explica, según fuentes próximas al organismo, por la entrada en vigor, el 1 de mayo, de las nuevas normas de contratación del Banco de España, que exigen que la valoración de las licitaciones tengan en cuenta las posibles prórrogas (antes no se computaban). Si sólo se tiene en cuenta el precio por los tres primeros años, el valor máximo del concurso que ahora ha suspendido Hacienda es un 12,2% superior.
Unos días antes de desistir de ese procedimiento en junio, el organismo comunicó las cinco empresas a las que había seleccionado para que presentasen ofertas. Entre ellas estaba Prosegur, líder de la seguridad privada en España, que es la que presta actualmente este servicio.
Adalid de la competencia
El aumento de la competencia es objeto habitual de la atención del supervisor bancario. Su último informe anual le dedica un amplio espacio y subraya que “reformas que aumentan el grado de competencia en el mercado de bienes y servicios permiten maximizar los efectos positivos de la contención salarial, ya que fomentan una mayor traslación de las ganancias competitivas en términos de costes a precios y, por tanto, sus efectos sobre los flujos exteriores de la economía”.
“Una mayor competencia en los mercados de bienes y servicios favorece la flexibilidad de los precios y salarios, potencia el impacto del ajuste de estos sobre el tipo de cambio real y, por ello, mejora la competitividad”, añade.
Aunque no es uno de sus mayores caballos de batalla, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, también suele citar las bondades de la libre competencia en sus discursos. El mes pasado alabó en Santander las “importantes reformas en el mercado de trabajo” de los últimos años en Europa, pero criticó que “donde se perciben menores progresos es, quizá, en la reforma de los mercados de productos y servicios”. “Reformas tempranas, tendentes a aumentar la competencia, pueden ser cruciales para asegurar que las reformas del mercado de trabajo generen los efectos positivos deseados”, indicó.
En abril, Linde citó “el bajo nivel de competencia en algunos sectores” entre los factores que explican que España tenga “un crecimiento de la productividad significativamente inferior al promedio de las economías desarrolladas”.
