El temor a la lista Falciani dispara la recaudación de Hacienda
La Lista Falciani, exista o no, es un bálsamo para las cuentas y el gasto del Estado. Su sola mención está generando un efecto preventivo entre los ricos españoles que están regularizando, motu proprio, su situación con el fisco, con el consiguiente ahorro en litigios e inspecciones para los funcionarios de Hacienda.
El efecto Falciani ya causó un primer impacto recaudatorio en 2010 que apenas conllevó esfuerzo por parte del Estado, cuando llegó la primera parte de la lista con los datos de 659 defraudadores desde Francia. La Agencia Tributaria marcó el teléfono de los grandes despachos de abogados y les advirtió: su cliente está en la lista, le invitamos a regularizar su situación. La respuesta fue en la mayor parte de los casos instantánea, con regularizaciones tan cuantiosas como la de la familia Botín, que aportó algo más de 200 millones de euros por su fortuna en Suiza. Los 300 millones que logró recaudar el Estado en un primer momento se hicieron sin apenas gasto ni papeleo por parte de la Administración Pública. Los ricos prefirieron rendirse a la evidencia y aflojar lo desviado.
Despúes de esta primera tanda de regularizaciones, la lista ha seguido siendo un cebo colosal para destapar el fraude fiscal. Así, la declaración especial de bienes extranjeros, conocida como la “720”, tuvo un gran éxito bajo la premisa, difundida interesadamente, de que estos bienes se cotejarían con la famosa lista.
De nuevo, los despachos de abogados recomendaron a sus clientes que afloraran sus bienes en el extranjero, so pena de que al ser pillados in fraganti, la multa por parte de Hacienda sería mucho mayor. Una vez acabadas estas tres redadas voluntarias -la de la 2010 con Botín, la amnistía fiscal y la declaración especial-, Hacienda ha sacado, esta vez sí, la artillería pesada y ha comenzado a tirar de la lista. Pero esta vez en serio.
Esta misma semana se daban a conocer dos casos de distracción fiscal que, según fuentes conocedoras de la información, están conectados con la ingente cantidad de datos que Hervé Falciani extrajo del banco HSBC. El de mayor cuantía, aunque menor relevancia social, ha sido el de la regularización de los dividendos empresariales cobrados por la familia Del Pino, dueña de Ferrovial, mediante sociedades en el extranjero, muchas de ellas en paraísos fiscales, una primicia de Vózpopuli. La familia Del Pino ha desmentido estas informaciones cuya revelación coincidió en el tiempo con la acusación de la Fiscalía de que Ferrovial (la empresa familiar) había llegado a un “pacto criminal” con Convergència a cambio de obras en el Palau de la Música.
De ser cierta la información, los del Pino empatarían con los Botín en contribución forzosa a las arcas del Estado. Lo cierto es que la supuesta práctica aplicada por los dueños de Ferrovial es muy conocida en Hacienda, esto es, crear sociedades en paraísos fiscales (o regiones de baja tributación) para cobrar los cuantiosos dividendos de sus empresas en España y escapar así al fisco. Sin embargo, fuentes conocedoras de estas operaciones aseguran que hasta hace unos meses estas operaciones eran imposibles de demostrar porque España no disponía de la información suficiente “del otro lado” como para emprender acciones contra los que las llevaban a cabo.
La red de Messi
Leo Messi, el jugador de fútbol, es el otro caso descubierto esta misma semana. Comparado con los 200 millones de euros de los Botín o Del Pino, los 4,1 millones de euros presuntamente defraudados por el argentino quedan muy cortos a nivel recaudatorio, pero la inspección tributaria al deportista cumple otra función: la de la ejemplaridad.
El ministro del ramo, Cristóbal Montoro, ya anunció a principios de año, frustrado por el escaso éxito de su amnistía fiscal, que estaba elaborando una lista propia en la que la “relevancia social” sería una de las claves. Montoro ya advirtió de que “actores o deportistas” serían los protagonistas estelares de esa lista, que parece que se ha estrenado con un balón de oro. Lo cierto, es que Hacienda aseguró que la lista estaría lista para el arranque del segundo trimestre, pero después del anuncio con bombo y platillo, a la lista ni se la espera.
Al igual que en el caso de la familia de constructores, el entramado de sociedades pantalla de Messi sitas en paraísos fiscales era muy difícil de probar hasta hace poco para la Agencia Tributaria. De nuevo, esta nueva capacidad para encontrar las conexiones y las pruebas por parte del fisco español parece tener una estrecha relación con la información extraída de la lista.
Por lo pronto, entre los despachos de abogados se extiende la inquietud por el contenido de esa lista como una mancha de aceite. Según desveló un programa francés de investigación la pasada semana, en la información de Falciani hay al menos 1.835 contratos ligados a España. Tres veces la cifra inicial que llegó en 2010. En aquel momento, la fiscalía francesa comenzó un proceso de transmisión de datos de la lista que quedó interrumpido por el Gobierno de Nicolas Sarkozy pero que ahora se ha retomado con nuevos bríos por parte de ambos países.
Solo unos evasores se resistirán hasta el final a hacer voluntariamente declaraciones complementarias: en los que el origen de los fondos sea ilícito, como en casos de corrupción u otro tipo de negocios al margen de la ley. Para ellos, en cualquier caso, la prescripción de los delitos puede subir hasta diez años, así que Anticorrupción y la Agencia Tributaria aún tienen tiempo de cazar a los que se resisten al efecto Falciani. Por lo pronto, en los juzgados españoles ya están desfilando los integrantes de redes como Gao Ping y Gürtel que se han valido de los mismos métodos que gente tan brillante en su profesión como Messi.
