Hacienda somos (casi) todos

“Los ricos pagan muy pocos impuestos”. Esta frase, por cotidiana, parece demagógica. Sin embargo, el que la pronuncia no es el tendero de la esquina, ni el ama de casa, es el presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, Ransés Pérez Boga. Esta manida sentencia resume un malestar extendido: el sistema impositivo español no satisface prácticamente a nadie. Ni al que lo aplica, el Estado, que reconoce su insuficiencia recaudatoria, ni a los que lo controlan, los inspectores de Hacienda, y mucho menos a los que lo pagan. O, mejor dicho, a los contribuyentes que sufren el sistema sin poder echar mano de algunas de las decenas de argucias que trufan el entramado fiscal español y que sí favorecen a los grandes patrimonios o a los propietarios de empresas.

La brocha gorda de la recaudación fiscal deja pocas dudas sobre el auténtico pilar del sistema. El impuesto de la renta (IRPF) representa alrededor del 43% de todos los ingresos del Estado. El origen de las rentas que declaran este impuesto es, en un 85%, el trabajo asalariado, ergo, el mayor esfuerzo contributivo lo hacen sin lugar a dudas en España los trabajadores.

El esquema fiscal español tiene como resultado que el tejido empresarial apenas aporte un 13% de la recaudación del Estado, y que el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) contribuya con el 22% de los ingresos. Los asalariados aportan casi cuatro de cada diez euros con los que se mantienen los servicios públicos, frente a poco más de un euro que saldría de los beneficios de las empresas y dos de cada diez euros del consumo.

Los trabajadores soportan más cargas

Las nóminas, un bien muy preciado en un momento de 6,2 millones de parados, ligan a los asalariados de forma indisoluble con los compromisos ante la Agencia Tributaria. Sin embargo, otros ingresos, como las rentas del ahorro o los beneficios empresariales, se casan con el fisco sin jurar esta fidelidad inquebrantable, ya que el propio sistema es más permisivo con que este tipo de ganancias paguen menos tributos. Además, la ingeniería fiscal logra en muchas ocasiones que las ganancias originadas más allá del trabajo por cuenta ajena se cuelen por la red de los tributos.

La cuestión no es, obviamente, pagar o no pagar impuestos. Los grandes interrogantes que se plantean en momentos de apreturas financieras como los actuales son: ¿es equitativo nuestro sistema?, ¿pagan más los que más tienen?, ¿al que más tiene le es más fácil defraudar?, ¿hay margen para una mayor justicia fiscal?, ¿puede mejorarse la eficiencia recaudatoria sin aumentar la presión a los que es más fácil controlar, es decir, los asalariados?

Luis del Amo, secretario técnico del Consejo de Economistas de España, matiza la primera de estas cuestiones bajo dos supuestos clave a la hora de diseñar un sistema de recaudación equilibrado. Por un lado, existe la equidad horizontal, esto es, que los que ganan lo mismo paguen los mismos impuestos. Por otro, hay que analizar la equidad vertical, es decir, que los que ganan más, paguen más en proporción.

Aunque los expertos reconocen que formalmente se cumplen estos dos supuestos, en la práctica, también asumen que la equidad fiscal está muy lejos de cumplirse. Como siempre, en la letra pequeña se escribe la línea roja de la igualdad. “El reparto equitativo de las cargas no se refleja en la declaración de la renta”, sentencia Del Amo.

El diseño del impuesto de la renta es, sin duda, el mapa de la redistribución de los ingresos en España. Además de ser el canal por el que se aportan más ingresos, es el que más usuarios procesa, con más de 19 millones de declaraciones en 2010. El escalonamiento de los tipos con los que se gravan en función de los ingresos es un espejismo de equidad en su recaudación. Más allá de los tramos, en su concepción radica un desigual tratamiento por iguales ingresos, ya que se distingue el origen del capital (por trabajo o por ahorro). Esta diferenciación rompe inmediatamente la equidad horizontal, ya que a iguales ingresos no se tributa lo mismo, dependiendo del origen de la ganancia.

Así, un asalariado pagará más por sus ingresos del trabajo que un autónomo que se acoja al sistema de módulos o un rentista por el rendimiento de su inversión. Carlos Garcimartín, profesor de Hacienda Pública de la Universidad Rey Juan Carlos, reconoce contundente que tanto en módulos como en la declaración por rentas del ahorro se tributa menos que por la renta del trabajo. A iguales ganancias, el currante abona más.

En el caso de las rentas del ahorro, la quiebra de la igualdad horizontal es muy fácil de ver. Así, a las ganancias que procedan de algún tipo de ahorro, inversiones, pisos, etc., se les puede aplicar un tipo máximo del 27% si superan la base imponible de 24.000 euros. Sin embargo, las rentas procedentes del trabajo tienen una escala de tributación mucho más elevada que puede llegar a captar hasta el 52% de la base liquidable en la declaración de la renta. En definitiva, ser rentista sale a cuenta.

La tributación por módulos es algo más compleja. Por este sistema, los rendimientos de actividades económicas que cumplan determinadas condiciones pueden acogerse a un sistema de tipo fijo de tributación que también es muy favorable y, sobre todo, muy difícilmente verificable por parte de la propia Hacienda.

Laberinto de deducciones

Pero entre los mismos asalariados también se vulnera la equidad horizontal, tal y como está planteado el sistema. Se hace mediante la panoplia de deducciones, reducciones y bonificaciones a las que se pueden acoger los contribuyentes y que marcan también la asimetría a la hora de enfrentarse con Hacienda.

Estos supuestos para desgravar pueden tener carácter estatal o autonómico, y marcan en muchos casos la política económica del Gobierno de turno. Los dos factores en el ámbito estatal que restan más parte de la recaudación son la desgravación por compra de vivienda y los planes de pensiones. En ambos casos, el objetivo a la hora de aplicar esta deducción no es social, sino el de incentivar bien la compra de un inmueble, bien un plan de pensiones, dos productos sujetos a fuertes lobbies empresariales.

En cualquier caso, la posibilidad de poder acogerse a una de estas ventajas fiscales ya presupone un cierto nivel elevado de renta. O bien, un poder adquisitivo para poder comprarse una casa con la solvencia necesaria para solicitar una hipoteca, o la de tener un remanente de ahorro lo suficientemente elevado como para dedicar una parte a un plan de pensiones.

En ambos casos, las estadísticas tributarias señalan que cuanto mayor es el nivel de renta, mayor es la desgravación que se aplican estos contribuyentes. Aunque en número son más los contribuyentes de “clase media” que piden estas desgravaciones, en importe, es mucho mayor lo que se restan las clases más adineradas (ver gráfico).

En total, este tipo de beneficios fiscales (también se puede desgravar por mínimos familiares) le restarán en 2013 al Estado 39.000 millones de euros, algo más que el año anterior (2,3%), pese a que hay cada vez menos contribuyentes. La partida de la vivienda drena alrededor de 4.000 millones de euros al Estado. Y los planes de pensiones le restan alrededor de 5,7 millones de euros (con datos de 2010).

La mayor parte de las deducciones, al menos en número, proceden del margen autonómico. Pese a que la cuantía a deducir en este tipo de figuras suele ser pequeña, su abanico es amplísimo y en muchos casos de dudosa finalidad. En Madrid, por ejemplo, se pueden deducir parte del gasto de los uniformes de los colegios (pero las posibilidades a lo largo de España son casi ilimitadas).

La facilidad con la que los partidos políticos de uno y otro color hacen campaña electoral con el arma de los beneficios fiscales ha dejado el sistema como un queso de emmental. Por eso, los expertos piden que en materia de fiscalidad se haga política de Estado, con una responsabilidad que frenaría la implantación de este tipo de nuevos instrumentos que solo sirven para parchear el sistema.

“A los políticos les cuesta menos hacer una bajada de impuestos que una subida de gastos”, lamenta el economista Ignacio Conde Ruiz, de la Fundación Fedea. Conde es partidario de que las políticas sociales se hagan a posteriori, ofreciendo los incentivos necesarios por la vía del gasto.

Los expertos albergan pocas dudas sobre la perfectibilidad de este sistema, que privilegia a los que ganan mucho. “Hay un sesgo claro hacia los asalariados”, lamenta Carlos Garcimartín, quien recuerda también cómo la declaración de la renta es la que se utiliza para solicitar becas o cualquier otro tipo de ayuda estatal.

El impuesto sobre la renta tiene además otra particularidad que, aunque obvia, no deja de ser menos dolorosa para el asalariado. Los que lo pagan perciben sus ingresos o, al menos, una parte de ellos, de la economía oficial. Esta contribución a las arcas del Estado no afecta a los trabajadores o empresarios en negro.

Impuestos en negro

En un país con una abultada economía sumergida, los últimos datos del especialista en la materia, el profesor de la Universidad de Linz Friedrich Schneider, aseguran que en 2013 la economía sumergida en España equivaldría a casi un 18,6% del PIB. De ser así, casi uno de cada cinco euros que se mueven en la actividad económica española lo harían libres de impuestos.

Esta laguna en la fiscalidad es lo que marca la diferencia de posicionamiento entre partidarios y detractores del IVA. El Impuesto sobre el Valor Añadido es el más extendido entre los habitantes de un país, ya que todos los consumidores, contribuyentes, asalariados, empresarios o visitantes extranjeros tienen que abonarlo.

Los críticos con el IVA señalan que una tasa fija penaliza al que gana poco frente al que tiene mucho dinero. Sin embargo, sus defensores arguyen que el impuesto obliga a contribuir con el sistema a los que realizan también sus actividades en negro y que su gradación permite que los que consuman servicios más costosos también paguen más. ¿Si los que ganan lo mismo, tributan diferente, qué pasa con los que tienen más? De nuevo ante esta cuestión el sistema tiene una marcada asimetría. Así, la llamada equidad vertical, que los más tienen paguen más, se resquebraja ante los requiebros fiscales legales que permiten el sistema.

La trampa legal más conocida que usan los ricos para pagar menos se parapeta detrás de unas siglas: SICAV.

Las sociedades de inversión colectiva tributan a un reducidísimo tipo del 1%, lo que permite a las grandes fortunas invertir sin apenas pasar por Hacienda. Las condiciones para acogerse a una sociedad así son mínimas, entre ellas, el que la compongan 100 inversores, una norma que ha dado lugar a que se extienda el fichaje de los conocidos como “mariachis”. Inversores de paja que sirven de comparsas de las auténticas fortunas para montar este tipo de sociedades.

Garcimartín lamenta que entre los múltiples defectos (fiscales) que tiene una Sicav esté el de cobrar dividendos como si fueran salidas de capital de la sociedad, lo que les libra de pagar el tributo correspondiente. Los expertos consultados son unánimes con la necesidad de modificar el sistema o elevar el tipo correspondiente a estas inversiones.

Quienes defienden las Sicav aseguran que es la mejor forma de mantener la riqueza en territorio español. Sin embargo, la repercusión real en la actividad de este tipo de patrimonios en una economía globalizada está muy en cuestión. Las carteras opacas y diversificadas de estas sociedades no permiten garantizar que el patrimonio esté rentando en España.

Más allá de estos instrumentos, la contribución de las grandes fortunas es muy poco exigente en España. El inspector de Hacienda Pérez Boga recuerda que los patrimonios empresariales no tributan, lo que conlleva una brecha directa en el reparto equitativo de las cargas en el sistema.

La necesidad de gravar la riqueza es una polémica cada vez más en auge no solo en España, sino en toda Europa. El impuesto sobre la fortuna francés ha sido pionero y un modelo que muchos creen que podría tener un alto encaje en España.

Garcimartín apuesta por la propuesta que el PSOE lanzó en abril de 2013 en materia de impuestos. En el programa socialista se defiende la idea de unir IRPF y Patrimonio en un solo impuesto. El mínimo exento sería teóricamente más elevado que el actual, pero a cambio se gravaría la riqueza con la suficiente eficacia, independientemente de su origen. Así, al patrimonio se le imputaría una renta y pagaría por ella en la misma proporción que lo hace el trabajo asalariado.

A los que critican esta posibilidad por la posible fuga de capitales, los defensores del impuesto recuerdan que los patrimonios de estos importes tan elevados tienen muchos costes a la hora de traspasar las fronteras. Sobre todo, porque una gran parte son bienes inmuebles, imposibles de deslocalizar. Con todo, en Francia se han dado ya dos casos muy notorios de adinerados franceses que han cambiado de residencia para no cumplir con las nuevas normas del Gobierno de Hollande: Bernard Arnault (dueño de Louis Vuitton) y el actor Gérard Depardieu.

Precisamente, tener un gran patrimonio facilita también la posibilidad de escapar a la Hacienda local. Los ricos tienen más flexibilidad a la hora de cambiar de residencia o de llevar su patrimonio a rendir a zonas grises que escapan a la vigilancia del fisco, como los paraísos fiscales, algunos tan aparentemente respetables como Luxemburgo.

El impuesto que deben abonar las empresas también es disfuncional en términos igualitarios. Su tipo más elevado, que opera para las grandes empresas, está en el 30%, de nuevo mucho más bajo que el que tienen que soportar las rentas altas. Pero, además, se da el caso de que las abundantes deducciones que se pueden aplicar las empresas reducen su tipo efectivo (lo que pagan de verdad) a poco más del 12%.

Se rompe además la equidad entre las mismas empresas sujetas a tributar con estos tipos porque las deducciones favorecen en la mayor parte de los casos a las grandes corporaciones.

“Las deducciones están ligadas a la inversión, así que las más grandes son las que se las pueden aplicar”, matiza el representante de los inspectores de Hacienda. Esta posibilidad hace que, finalmente, las pymes paguen más impuestos en proporción que las grandes empresas, remarca Garcimartín. “El sistema tal y como está provoca una planificación agresiva por parte del contribuyente”, advierte Pérez Boga.

Y como guinda a todo este laberinto de facilidades normativas para los que más tienen, la mayor injusticia social de todas se cometió al promulgar la amnistía fiscal. Un perdón para los más ricos que vivían, directamente, al margen de la ley.