La Inspección de Trabajo alerta de irregularidades en la readmisión de los trabajadores de Coca-Cola
La Inspección de Trabajo ha emitido un informe sobre el centro de trabajo de Coca-Cola en Fuenlabrada en el que alerta de que la empresa puede estar incumpliendo la sentencia de la Audiencia Nacional que ordenó la readmisión de los trabajadores. El documento, al que ha tenido acceso eldiario.es, certifica que solo un departamento funciona “con normalidad” y constata escasa dotación e incluso carencia de material y mobiliario. Dice, no obstante, que debe ser la Audiencia la que se pronuncie sobre si la readmisión de la plantilla en estas condiciones se ajusta a las sentencias dictadas. Precisamente, la empresa y los representantes de los trabajadores tienen una nueva vista judicial el próximo 24 de mayo.
El informe, elaborado hace unas semanas, se produce después de una denuncia del comité de empresa el pasado diciembre. La denuncia señalaba que Coca-Cola estaba incumpliendo las sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo porque las readmisiones no se estaban haciendo conforme a lo dicho por la empresa en las cartas que envió a los trabajadores y porque se estaba produciendo “falta de ocupación efectiva”.
El comité denunciaba también otros hechos, como modificación de las condiciones de trabajo, incumplimientos del convenio colectivo, falta de respeto a los derechos adquiridos e incluso deficiencias en prevención de riesgos laborales.
El inspector de trabajo que suscribe el documento visitó las instalaciones del centro de Fuenlabrada. Allí encontró, según sus palabras, baja o nula actividad en varios departamentos. “Solo se puede decir que desarrolla su actividad con cierta normalidad y en unos niveles próximos a los que se espera de ese departamento el de clasificación y stockaje de vidrio retornable”. Tanto el área de logística, el almacén regulador, el servicio a alimentación y la manipulación del producto carecían prácticamente de actividad. Otros, como el de servicios generales, tenía “escasa actividad”.
En el informe se habla de carencia de equipamiento y material. En el almacén “hasta primeros de febrero carecían de ordenadores, había uno para todos y la dotación de mobiliario era escasa”, aunque cuando llegó la visita del inspector ya había más equipos informáticos. De otra instalación se dice que “carece de señalización y los operarios no tienen lectores ópticos ni otro equipamiento”.
Sobre esta posible falta de ocupación efectiva, el informe dice que debe ser la Audiencia Nacional la que se determine si se trata de una readmisión de los trabajadores regular o irregular y si Coca-Cola está cumpliendo con las sentencias y autos judiciales. “Es el órgano jurisdiccional cuyas resoluciones podrían estar incumpliéndose”, señala.
La inspección también se pronuncia sobre otros asuntos, como la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Determina que en algunos casos, la compañía ha incumplido con la obligación de informar con antelación al trabajador y a sus representantes de que sus funciones laborales iban a cambiar. Al no hacerlo así, el inspector ha abierto acta de infracción y comenzado un procedimiento sancionador.
Nueva vista judicial
Empresa y trabajadores se verán de nuevo las caras el 24 de mayo en la Audiencia Nacional. La vista tiene que ver con la forma en la que se produjeron las readmisiones de los trabajadores tras las sentencias que declararon nulo el ERE. La representación sindical denunció desde el principio que las reincorporaciones no se estaban produciendo en los mismos puestos de trabajo y con las mismas condiciones que tenían antes del despido colectivo y, por tanto, que suponían un incumplimiento de la sentencia.
Sin embargo, la Audiencia admitió las condiciones de las reincorporaciones. Los trabajadores aseguran ahora, y así lo hacen constar también ante la inspección, que Coca-Cola no está pagando los salarios y pluses que la plantilla tenía antes del despido colectivo. La empresa, por su parte, busca que con esta vista la Audiencia siga validando su forma de hacer.
Hace algo más de un año, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia de la Audiencia Nacional y confirmó que el ERE de Coca-Cola era nulo. Posteriormente, la Audiencia ordenó a la empresa que ejecutara la sentencia de forma inmediata y readmitiera a los trabajadores. Aunque la empresa abrió sus instalaciones de Fuenlabrada, no lo hizo como fábrica sino como centro logístico. Desde entonces, la pelea de la plantilla continua para demostrar que su readmisión no se ha hecho en las condiciones y puestos anteriores al ERE, tal y como contemplan las sentencias.
