La Liga de fútbol ficha a ex asesores de Bush y Cheney para hacer lobby contra la piratería en EEUU
Los clubes de la 1ª y la 2ª división del fútbol español han contratado los servicios de una firma estadounidense especializada en lobby para presionar a la Casa Blanca, al Senado y al Congreso de Estados Unidos en favor de sus intereses. El objetivo es muy concreto: luchar “a nivel internacional” contra la piratería desde ese país, que encabeza la cruzada en la defensa de los derechos de propiedad intelectual a escala global.
El pasado 1 de junio, la oficina en Washington del despacho de abogados Brownstein Hyatt Farber Schreck se dio de alta en el Registro de Lobbistas del Senado y del Congreso estadounidense como representante de la Liga de Fútbol Profesional (anteriormente conocida como LFP y actualmente denominada LaLiga).
Entre los asesores de la LFP están varios juristas con amplia experiencia en asuntos públicos y muy bien conectados con el partido Republicano estadounidense: Marc Lampkin, que trabajó a finales de los 90 para el entonces candidato presidencial George Bush y fue asesor del actual presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, el también republicano John Boehner; y Brian Wild, ex asesor de este último y del exvicepresidente Dick Cheney. Los honorarios han ascendido de momento a 20.000 dólares, según ese registro, que se actualiza cada trimestre.
Fuentes de la patronal del fútbol español explican que, “tal y como establece la legislación americana, LaLiga se ha registrado públicamente y ha contratado un despacho de abogados y consultoría estratégica para defender esos derechos contra la piratería a nivel internacional, amparándose en la Ley DMCA (Digital Millennium Copyright Act)”, una norma aprobada por Bill Clinton en 1998 que, en la práctica, permite a titulares de copyright en todo el mundo solicitar la retirada de contenido plagiado o pirateado total o parcialmente de un servidor alojado en los Estados Unidos.
LaLiga, que no aparece registrada en el Registro de Lobbies de la Comisión Europea (este tiene carácter voluntario, a diferencia del de EEUU, que es obligatorio), recalca que todas sus actuaciones “se hacen con total transparencia y aparecen en los registros públicos bajo la denominación ”lobby“, una de las acepciones permitidas para entidades extranjeras”.
La LFP es el primer cliente español de Brownstein Hyatt Farber Schreck ante los mandatarios estadounidenses. La firma representa a, entre otras, la National Cable & Telecommunications Association (NCTA), principal patronal del negocio de la televisión por cable en EEUU; la mayor operadora de ese sector en el país, Comcast; y otras grandes empresas como los fondos de inversión Apollo y Fidelity, los laboratorios farmacéuticos Abbott y Johnson & Johnson, McDonald´s, la editorial McGraw Hill, la auditora PricewaterhouseCoopers, la operadora Verizon y la filial de Sony en ese país.
227 millones de “lucro cesante”
La patronal de los clubes lleva tiempo clamando contra el impacto económico de la piratería sobre el fútbol español y en julio pasado anunció un “convenio histórico” para combatir estas prácticas junto a la Coalición de Creadores. El lobby español de la industria de contenidos difundió en marzo pasado un estudio en el que cifraba en 1.700 millones de euros las pérdidas derivadas del “comercio ilegal” de contenidos en Internet en España. De esa cifra, al fútbol le corresponderían 227 millones de “lucro cesante”.
El director de Proyectos Estratégicos de LaLiga, Ignacio Martínez Trujillo, ya avanzó en julio pasado que la patronal está “liderando un proyecto con Estados Unidos para conseguir un acuerdo, una convergencia de intereses, entre las empresas y las ligas que quieren luchar contra los proveedores de la piratería”. Es ahí donde entra en juego la tupida red de contactos del bufete Brownstein Hyatt Farber Schreck. Durante unas jornadas en El Escorial (Madrid), Martínez Trujillo subrayó que el fútbol español es “Marca España” y supone “un 0,75% del PIB” nacional: “Cuando el mundo es tu mercado, como en el caso del fútbol, que llega a todos los rincones del planeta, no hay legislación suficiente para encontrar la protección que necesita tu producto”.
El cese de 'rojadirecta'
En España, la batalla está empezando a dar sus frutos. Este año, el Gobierno ha aprobado por la vía urgente (vía Real Decreto Ley), la norma que permite la venta en bloque de los derechos televisivos del fútbol, que LaLiga llevaba peleando años. Y en junio pasado, el propio Martínez Trujillo anunciaba que un juzgado de Madrid había ordenado el cese inmediato de la emisión de partidos de fútbol por parte de la popular web rojadirecta. Una decisión adoptada a instancias de Mediapro, la productora del empresario trotskista Jaume Roures, que gestiona en exclusiva los derechos internacionales del fútbol español en el mercado extranjero en virtud de un acuerdo que, según el presidente de LaLiga, el exmilitante de Fuerza Nueva Javier Tebas, puede aportar a los clubes hasta 600 millones de euros.
Dinero fresco para un sector que todavía arrastra una deuda multimillonaria con la Administración Pública española. Los equipos que conforman la 1ª y la 2ª División debían al cierre del año pasado 669,4 millones a Hacienda (incluyendo los adscritos al Régimen Foral) y otros 21,8 millones a la Seguridad Social, según el Consejo Superior de Deportes. Una losa que no ha impedido que este verano los equipos de 1ª División hayan vuelto a batir otro récord de gasto en fichajes de cara a la nueva temporada: 565 millones de euros, según el diario Marca.
