Catalunya está a punto de perder el control de sus impuestos por primera vez desde la creación del Estado autonómico
La situación de pérdida temporal de competencias que se avecina en Catalunya es insólita desde que la Transición alumbrara el Estado de las Autonomías. Esta comunidad ha sido punta de lanza del Estado descentralizado, reclamando y obteniendo atribuciones en las que después le seguían otras regiones. La línea que se seguía era la del llamado “café para todos”. Esta expresión se refiere al intento de que Catalunya, Galicia y el País Vasco (Álava y Navarra ya disfrutaban de un régimen fiscal único desde bastantes décadas atrás) se diferenciaran lo menos posible del resto.
De hecho, los primeros impuestos transferidos a una comunidad autónoma de régimen común fueron a Catalunya, en la ley 41/1981 de 28 de octubre. Han pasado casi 36 años, día por día, desde entonces.
Ante el desafío del Ejecutivo de Carles Puidemont, el Gobierno insiste en que no pretende eliminar la autonomía catalana, sino “devolverla a la legalidad”. Mientras tanto, la reforma de la financiación autonómica, que con todas las dificultades estaba ya poniéndose en marcha, permanece paralizada a la espera de acontecimientos.
Las medidas concretas del artículo 155 de la Constitución cuya aplicación ha aprobado este sábado el Gobierno supondrán entre otras cosas que el Ministerio de Hacienda asuma el control del 100% de los presupuestos y tributos recaudados en Catalunya, propios y estatales: “Se habilita al Gobierno de la nación a ejercer las competencias necesarias en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria para que en beneficio del interés general se garantice la prestación de los servicios públicos esenciales, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera”, afirma, de manera algo genérica, el texto aprobado.
Sí hace el Ejecutivo especial hincapié en el control que se establecerá para garantizar que no se destinen a fines “vinculados al proceso secesionista” los fondos que por cualquier concepto transfiera el Estado a la comunidad autónoma o a cualquier organismo vinculado. También los ingresos que corresponda recaudar o recibir a la comunidad autónoma por cuaquier título. Hasta ahora la motivación dada para mantener un control sobre las cuentas públicas catalanas era que no se destinase ni un euro al referédum del 1 de octubre.
En realidad el camino ya estaba desbrozado desde que Cristóbal Montoro anunció que cada gasto público catalán debería pasar por su lupa para garantizar que no se destinaría al referéndum del 1 de octubre. Sobrepasada la fecha, el control continúa, y al parecer seguirá hasta que haya un nuevo gobierno en Catalunya que suponga la “vuelta a la legalidad”, según fuentes del Ministerio.
El control de las cuentas de la Generalitat, con la sustitución del vicepresidente económico e impulsor del proceso independentista, Oriol Junqueras, líder de ERC, quedará bajo los mandos de una persona técnica de confianza, según las mismas fuentes.
Mientras tanto, el trabajo en la Conselleria de Economía y Hacienda sigue su curso con normalidad. “Somos funcionarios. La Administración, aún en tiempos de interinidad o de cambios de gobierno, sigue funcionando”, asegura una de las personas que trabaja en este departamento. La CUP ha hecho un llamamiento a que los funcionarios hagan “inaplicable” el 155.
¿Qué impuestos gestiona y recauda Catalunya?
La cesión de impuestos a las autonomías data del año 1980, año en que se aprueba la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). En los años siguientes, las comunidades autónomas de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra, que cuentan con Hacienda propia) han ido gestionando una serie de tributos.
En concreto, en Catalunya, según los informes de la Generalitat, se espera recaudar en 2017 9.687 millones, un 6,48% más que un año antes. De esta cantidad, 1.368 millones son impuestos autonómicos propios. Actualmente, la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) gestiona y recauda como tributos propios un impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos; bebidas azucaradas envasadas; grandes establecimientos comerciales; viviendas vacías; emisión de gases y partículas a la atmósfera; emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera; riesgo medioambiental de elementos radiotóxicos y gravamen de protección civil.
Además, también gestiona y recauda tributos cedidos por el Estado: Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones, patrimonio y sobre el juego. Por su parte, es el Estado quien gestiona y recauda directamente el IVA, el IRPF y el impuesto de sociedades, entre otros.
También se hace cargo de la gestión ejecutiva de las deudas por tributos locales o por otros derechos de naturaleza no tributaria e ingresos de derecho público que ciudadanos, entidades y empresas tengan pendientes con las administraciones locales, entidades de derecho público y departamentos de la Generalitat, que así lo soliciten.
La recaudación de todos estos tributos quedará ahora bajo control de la administración central.
Una cuenta en el Banco de España
Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda ya ha comunicado que abrirá una cuenta en el Banco de España para depositar los remanentes de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica que correspondan a Cataluña tras el control de gastos a esta comunidad.
Hasta el momento, Hacienda ha pagado, con cargo al sistema de financiación, un total de 940 millones de euros de gastos ordinarios del Gobierno catalán –educación, sanidad, servicios sociales y funcionarios– entre los últimos días de septiembre y los primeros de octubre, a los que habría que añadir la parte que le corresponde a la Generalitat catalana del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Según los propios datos de Hacienda, a Cataluña le corresponden 1.400 millones mensuales del sistema de financiación autonómica. Cantidades bajo control que aumentarán ahora que el Gobierno ha dado el paso de aplicar el artículo 155 de la Constitución y tomar el control total de las finanzas autonómicas.
