Los ayuntamientos de Madrid ya tienen los recursos para obligar a parados a trabajar
La residencia para personas con discapacidad de Berzosa de Lozoya (en Madrid) contará en los próximos seis meses con cinco 'trabajadores' que tendrán coste cero para el Ayuntamiento. Serán los llamados parados voluntarios: la comunidad de Madrid ya ha concedido las subvenciones a municipios de la región para que usen a parados en labores de “colaboración social”, una fórmula que permite la normativa laboral desde hace años y por la que pasaron cerca de 30.000 personas entre 2006 y 2011.
“La realidad ha demostrado que la realización de esta 'colaboración social' a las que se ven obligadas las personas desempleadas que cobran prestaciones va a consistir en realizar trabajos de la actividad cotidiana de los ayuntamientos, en jornada completa para cubrir puestos de las plantillas que deberían tener su contrato laboral”, denuncia CCOO.
El sindicato pone otro ejemplo: el Ayuntamiento de Fresno del Torote, de 2.041 habitantes, contará con una subvención para 70 desempleados. “Es una sustitución de trabajadores en puestos de trabajo estructurales, de personas que han sido despedidas o que eran contratadas periódicamente”, asegura el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Madrid, David Jabato.
CCOO ha anunciado que estudiará cada caso y que denunciará aquellos en los que se esté suplantando a trabajadores por parados en colaboración social.
Bajo el nombre 'Programa de Recualificación Profesional de Desempleados Participantes en Trabajos Temporales de Colaboración Social' se esconde lo que en realidad es una forma de que las personas en paro –solo las que cobran una prestación– hagan trabajos voluntarios para la Administración durante seis meses. Es esta una posibilidad que ya existía en la normativa laboral y que en el último año se ha consolidado con acuerdos entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Las personas que entran a formar parte de estos programas reciben un complemento económico a su prestación económica, por eso resulta más barato aceptar solo a desempleados que aún perciben subsidios. Si rechazan la oferta, pueden perder su prestación.
El dinero destinado por la comunidad a este programa, 15 millones de euros, supone casi la mitad del presupuesto que Madrid ha asignado a políticas activas de empleo. CCOO denuncia que prácticamente la mitad de las personas inscritas en el paro en la región ya no cobrán ninguna prestación, por lo que dedicar esta cantidad a un programa con estas características es “abandonar y condenar a su suerte a la mitad de la población desempleada madrileña”.
Además de Madrid, al menos Cataluña y Andalucía han convocado programas para emplear a parados con prestaciones en servicios de colaboración social.
