La pública Mercasa cedió en 2015 a una filial sin control sus pelotazos en Latinoamérica y África

La empresa pública Mercasa, la gestora de los mercados de abastos españoles, dio vía libre a finales de 2015 a su filial (participada en un 50%) para que explotara todo el negocio de la empresa en el exterior. Este negocio consistía en hacer proyectos o construir mercados de abastos en países emergentes, unos negocios que, según las investigaciones de la Audiencia Nacional, derivaron en muchas ocasiones en contratos inflados y en sobornos a funcionarios y en los que habría participado el hermano de Ignacio González, Pablo, consejero de la empresa pública española, ahora en prisión.

El presidente de la entidad pública, Eduardo Ameijide, que aterrizó en Mercasa con el Gobierno de Mariano Rajoy como premio a su trabajo como delegado de Gobierno en Navarra y Aragón, firmó en octubre de 2015 un contrato que pactaba las condiciones para que la filial Mercasa-Incatema (a la que llaman “el consorcio”) se encargara de los pocos países que no tenía ya bajo sus dominios.

En el documento (adjunto) bajo el título “Protocolo para la actuación en los países no incluidos en los Estatutos” se fijan las condiciones para que este oscuro consorcio asuma la explotación en países emergentes o en desarrollo donde la empresa pública española quería vender el modelo de mercas que opera en España.

El convenio incluiría por ejemplo las operaciones en terceros países como Panamá, Argentina o Costa Rica, donde Mercasa había desarrollado hasta ese momento negocios sin intermediarios y que ahora están siendo investigados por la Audiencia Nacional. El inicio de las actividades en estos países data de 2010, y la Audiencia Nacional acredita que en algunos casos se habrían inflado contratos hasta en un 400% con conocimiento expreso de Ameijide y del consejero González.

Por el lado del consorcio, el contrato lo firma Miguel Ramírez, que ostentaba la condición de presidente pero a la vez era directivo de la empresa pública. Tanto Ramírez, como Ameijide como Javier Pardo de Santayana (dueño de la parte privada, Incatema) están imputados en la Audiencia Nacional.

Operativas comunes

Con este contrato al que ha accedido eldiario.es, Mercasa se estaría desligando de organizar en primera persona estas prácticas que traspasaría de facto al consorcio. Este consorcio tiene su propia causa abierta en la Audiencia Nacional por un pelotazo en Angola, por el que se habrían pagado al menos 20 millones de euros en comisiones a un conseguidor prófugo de la Justicia española, Guilherme Taveira.

Taveira es el agente en Angola de otra empresa pública española, Defex, a la que la Audiencia investiga por una venta fraudulenta de armamento por más de más de cien millones de euros a la Policía Nacional de Angola. De la Mata cree que la operativa de Defex y Mercasa era la misma.

En el caso de Angola, el juez José de la Mata ha acreditado, por el momento, que Taveira cobraba alrededor de un 8,5% de los contratos que luego redistribuía entre seis beneficiarios no identificados. En el caso de Angola, también se investigan sobornos a funcionarios angoleños y sobrecostes en los contratos que nunca se han llegado a realizar.

Un tope a las mordidas

El acuerdo que firma Ameijide con sus socios pone un límite a las comisiones que se pueden pagar a terceros (un 5% del total del importe del proyecto), y un 3% para contratar servicios locales. Estas son las cifras que se alinean con los acuerdos anticorrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y que permiten luego que se acceda a financiación internacional o a seguros públicos. Estos límites no se cumplieron en Angola gracias a la interposición de varias sociedades instrumentales que cobraban lo que parecían otro tipo de servicios prestados o que se detraían de los sobrecostes.

Aunque Mercasa se libera con este contrato de la carga de gestionar los proyectos, se reserva al menos un 6% del beneficio del contrato para llevar a cabo lo que considera su “know-how”. Básicamente, estudios de viabilidad, proyectos técnicos y cursos de formación.

El sobrecoste del 400% que recoge el auto de la Audiencia Nacional se refiere, precisamente, a cursos de formación en los que la diferencia de precio se habría utilizado “para el pago de gastos no relacionados con el propio contrato”. Según el texto del magistrado, “los directivos de la empresa pública tendrían perfecto conocimiento de la ejecución incorrecta de estos servicios”. En las escuchas telefónicas realizadas a Pablo González (el hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid) se le escucha decir que faltan horas por impartir de estos cursos.

Beneficio del 20%

Además de este 6%, Mercasa se reserva un beneficio del 20% “siempre que sea posible comercialmente”. Diversas fuentes consultas apuntan a que es un beneficio en línea con lo que se marca para países en vías en desarrollo donde hay que asumir más riesgo.

Por su parte, el Consorcio ejecutaría en equivalente al 35% del importe total del proyecto. El Consorcio reparte a su vez a mitades los beneficios que obtiene de estos proyectos con los accionistas la propia Mercasa y con Incatema.

Fuera de la firma de este contrato se quedan República Dominicana, Haití (donde se les encargó con fondos de la Unión Europea infraestructuras del Corredor Norte dentro del “Programa de Cooperación Binacional República Dominicana-Haití” con un mercado en Ouanaminthe), Honduras, El Salvador, Ecuador, Angola, Senegal, Ghana, Mozambique y Kenia, donde Mercasa tenía ya actividad mediante el citado consorcio.

Al ceder al resto de los mercados, la empresa pública se quedó prácticamente sin la explotación del negocio en el exterior que había arrancando en 2008 como un gran proyecto de expansión de la empresa pública y creando mucho malestar entre los trabajadores.

Lo cierto es que la mayoría de los proyectos que investiga la Audiencia Nacional acabaron en un auténtico desastre. Este medio ya describió el estado en el que está el mercado de Luanda (capital de Angola) pero otros proyectos siguen el mismo destino.

Uno de los más polémicos es el MercaPanamá también conocido en el país centroamericano como Cadena de Frío ya que implica varias infraestructuras. Mercasa se lo adjudicó en 2010 por alrededor de seis millones de dólares para realizar un proyecto que definiera la logística de los mercados de abastos del país. A día de hoy, el proyecto sigue sin estar operativo.

Ya desde 2014 los medios locales denunciaron los fallos técnicos del proyecto, así como los problemas de ejecución de la obra tanto a la portorriqueña MCM Global (que se adjudicó la obra por 125 millones de dólares pero había añadido muchos sobrecostes posteriores) como a los trabajos de acabado de la española Cleop para la parte de refrigeración.

En el auto de la Audiencia Nacional se dice que la adjudicación del proyecto se hizo a dedo por parte del Gobierno de Panamá (hay dos proyectos adjudicados a Mercasa en el país).

Mercasa ha impartido cursos de formación en Montevideo a cargo de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y también con esta financiación ha hecho un proyecto en Costa Rica, Alajuela.

Según sus memorias de actividad, realiza labores de promoción en países como China, Costa de Marfil, Sudáfrica, Kuwait, Brasil, Guatemala, Perú y México que tras la firma de este contrato en 2015 se cederían al consorcio.

Este medio se ha puesto en contacto en repetidas ocasiones con Mercasa y la SEPI para conocer su versión de los hechos y no ha obtenido contestación.