Montoro y los sindicatos se dan de plazo febrero para llegar a un acuerdo sobre sueldo y derechos de los funcionarios

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, se ha comprometido este lunes con los sindicatos CCOO, UGT y CSI–F a intentar pactar en febrero mejoras salariales y laborales de los empleados de la función pública. Montoro es consciente de que un acuerdo con los sindicatos sobre las condiciones de los tres millones de funcionarios que hay en España podría allanar el camino a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, para los que continúa sin los apoyos suficientes.

Así, el ministro quiere cerrar un acuerdo en este plazo para poder incluirlo en el proyecto para unas nuevas cuentas públicas que eventualmente aprobaría a finales de marzo. Pero aunque no consiguiera los socios parlamentarios precisos y el año continuase regido por el proyecto prorrogado de 2017, el ministro ha dado su palabra de que cumplirá lo que firmen en la mesa de negociación a través de un decreto, como ya había adelantado.

Están en juego mejoras salariales –los sindicatos consideran insuficiente la oferta de subida de hasta un 8% vinculada al crecimiento económico que les hizo Montoro en septiembre– la posibilidad de establecer jornadas laborales de 35 horas semanales y la eliminación de la penalización por coger bajas laborales, aprobada para acabar con el absentismo, según el Gobierno.

Se entrará en materia en la próxima reunión, que celebrarán los sindicatos con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, el 12 de febrero.

El coordinador del Área Pública de CCOO, Pepe Fernández, ha relacionado la actitud conciliadora y abierta al acuerdo del ministro con “la situación política del momento” y con las movilizaciones que los sindicatos han promovido desde que el septiembre se diera carpetazo a la negociación.

El motivo por el que se levantaron de la mesa fue el desacuerdo con la oferta de una subida salarial de hasta un 8% en tres años, junto al hecho de que el Gobierno decidiera no presentar un proyecto de presupuestos en medio de las dificultades políticas en Catalunya. “Hay presión y descontento en las administraciones públicas por la posición que el Gobierno ha venido manteniendo”.

Por su parte, Julio Lacuerda, secretario general de FeSP-UGT, ha opinado que “el Gobierno quiere y necesita acuerdos y los limites se los hemos puesto los sindicatos”. Ha destacado que “si no hay recuperación del poder adquisitivo y no se revierten decisiones unilaterales” como la incapacidad temporal y los límites a las 35 horas “no podrá haber acuerdo”. Consideran el punto de partida la negociación tal y como quedó en septiembre.

En aquel mes Montoro ofreció a los sindicatos una subida salarial del 5,25% repartida en tres años (1,5% en 2018, 1,75% en 2019 y 2% en 2020). “Eso es el suelo”, ha dicho el presidente de CSI–F, Miguel Borra, rechazando estas cifras por “insuficientes” para recuperar el poder adquisitivo perdido. “A partir de ahí es donde debe abrirse negociación, y el ministro no ha sido contrario a ello”, ha añadido.