Mujer, trabajo y pobreza
Los avances hacia la igualdad entre hombres y mujeres, un principio reconocido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, son insuficientes. De esta forma tan rotunda lo reconoce el Informe sobre los progresos en la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013, presentado por el belga Marc Tarabella en el Parlamento Europeo este mismo año.
En 2014, la tasa de empleo masculina en los 28 países miembros de la Unión Europea fue del 70,1%, mientras que la femenina solo alcanzó el 59,6%, muy lejos de la tasa que el Consejo Europeo acordó como objetivo, el 75% para 2020. Esta desproporción existente en el mercado laboral de hombres y mujeres disminuye la capacidad económica de la UE ya que no garantiza una economía equitativa e integradora. Según las proyecciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), una participación afín entre hombres y mujeres se traduciría en un aumento del 12,4% del PIB per cápita de aquí a 2030. Teniendo esto en cuenta, la Unión Europea no puede permitirse desaprovechar el potencial económico femenino si quiere ser competitiva en la economía global.
La proporción de la población laboral de la EU-28 de entre 15 y 64 años que declara que su empleo principal es a tiempo parcial aumentó gradualmente, pasando del 16,7% en 2004 al 19,6 % en 2014. Este aumento afecta de forma directa a las mujeres. Algo menos de un tercio de las europeas en esa franja de edad, el 32,2%, trabajan a tiempo parcial, una proporción muy superior a la de los hombres, con un escaso 8,8%. Ese trabajo a tiempo parcial es mayoritariamente involuntario, de baja remuneración y condiciones precarias, con un posterior peor acceso a las pensiones y bonificaciones sociales. Sin embargo muchas mujeres se ven en la obligación de aceptar este tipo de contratos, ya que no tienen un acceso a centros de asistencia de suficiente calidad para los hijos y otras personas a su cargo. Desde la UE se insta a los empresarios a crear planes de igualdad para una mejor conciliación de la vida laboral y familiar, además de reclamar a los Estados una inversión pública efectiva en este ámbito. Pero tanto empresarios como Estados hacen oídos sordos y persisten en las políticas discriminatorias y recortes sociales.
No solo el acceso al trabajo es menor, trabajan menos mujeres y con jornadas más reducidas. La retribución percibida es también menor. En concreto, a nivel europeo la diferencia salarial entre mujeres y hombres se cifra en un 16,4%. Hay que recordar que el principio de igualdad de retribución y la transparencia de salarios se recogen en la Directiva 2006/5/CE. También hay que tener en cuenta que “la reducción de un punto porcentual en la brecha salarial entre mujeres y hombres supondría un aumento del crecimiento económico de un 0,1%”, según las conclusiones de la evaluación del valor añadido europeo. El trabajo conjunto de Estados, empresarios y sindicatos es fundamental para elaborar y aplicar herramientas de evaluación de puestos que determinen trabajos de igual valor para que esta absurda discriminación desaparezca.
Para colmo de males, las europeas dedican a las tareas domésticas y de cuidados más del tripe del tiempo que dedican los hombres a estos trabajos cada semana. Se confirma así que los roles de género tradicionales siguen teniendo una influencia importante y que limitan las opciones de empleo y desarrollo personal de las mujeres.
La tasa de paro de las mujeres en 2014 ha sido de un 10,30% para la UE-28, pero esta tasa está minimizada. Muchas mujeres no están inscritas como desempleadas, en especial las que viven en zonas rurales o aisladas y muchas de las que dedican todo su tiempo al cuidado de familiares y tareas del hogar. Este hecho es importante, ya que el acceso a subsidios, pensiones, bajas por enfermedad, acceso a la seguridad social se ven imposibilitados. Se perpetúa así la feminización de la pobreza, expresión reconocida en el informe sobre el rostro de la pobreza femenina en la UE de 2011. Según este informe, la pobreza que afecta a las mujeres es más severa y va en aumento. Medidas para garantizar una renta segura para las familias monoparentales y para las mujeres mayores son imprescindibles para que la pobreza no se cebe con el colectivo femenino más desfavorecido.
Posibilitar el acceso al trabajo remunerado en condiciones de igualdad y un reparto del trabajo doméstico y de cuidados es una tarea en la que todos los ciudadanos podemos colaborar. Sin embargo, este esfuerzo tiene que estar respaldado por los Estados, que deben introducir la dimensión de género en todas sus políticas, como las de empleo y las destinadas a combatir la pobreza y exclusión social.
*Este artículo refleja la opinión y es responsabilidad de su autora. Economistas sin Fronteras no necesariamente coincide con su contenido.
