Museos, hospitales e investigadores catalanes: resignación y hartazgo tras un mes bajo control financiero
Ha pasado un mes desde que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunciara que tomaba el control de las finanzas de 298 entidades del sector público catalán. Universidades, museos, hospitales o centros de investigación: todos sus gastos deben pasar por la lupa del Ministerio para ser autorizados por los bancos desde entonces.
En un principio la medida se anunció para evitar que se desviase ni un euro a la celebración del referéndum sobre la independencia catalana del 1 de octubre. Pero una vez sobrepasada esa fecha con creces, el Ministerio de Hacienda no parece tener intención de levantar la supervisión. Según fuentes del departamento, ésta continuará hasta la “vuelta a la legalidad”. Para ello, debería haber elecciones en Catalunya y formarse un nuevo Parlamento, explican.
De hecho, la posibilidad cierta de que se aplique el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía catalana aumentaría los mecanismos de control del gasto y la recaudación. Por el momento, las entidades bajo el estrecho control de Montoro se mueven entre el hartazgo por la burocracia añadida, la impotencia por la imposibilidad de poder incurrir en determinados gastos de funcionamiento y la resignación por esta situación de anormalidad.
Apenas falta una semana para que los funcionarios y empleados públicos catalanes cobren, previsiblemente, su primera nómina pagada por Hacienda (de la del mes pasado quiso ocuparse la Generalitat, y para ello hizo el pago antes de lo normal, el 21 de septiembre). Mientras tanto, las casi 300 entidades afectadas por la anómala situación deben conectarse a la Agencia Tributaria al llamado “aplicativo” cada vez que quieren hacer un pago, por el importe que sea, solicitar la autorización para realizarlo, y sólo después de obtener el correspondiente certificado el banco autoriza el desembolso.
Este proceso se desarrolla “sin incidentes” según explican fuentes de algunos organismos como el Hospital Clínic o la Universidad Autónoma, más allá del engorro de efectuar una serie de trámites adicionales y del retraso en los procesos administrativos.
Otros, como el Centro de Investigación de Catalunya (CERCA), afirman que hay gastos vinculados a tarjetas de crédito, como compras de billetes de avión para asistir a congresos científicos o taxis, que no se autorizan. Sin embargo, sí se permiten pagos con estas mismas tarjetas en restaurantes. “No sabemos con qué criterio se autoriza o no”, aseguran.
Explican además que el control se efectúa no solo sobre los fondos públicos, también en los privados o en los europeos. “Todo está intervenido, no hay diferencia de origen”, lamentan en este centro de investigación, en el que afirman que todo el proceso, desde que se pide hacer el gasto hasta que se autoriza, puede tardar una semana.
La misma situación se da en la propia Agencia Tributaria catalana, que debe justificar cada uno de sus pagos. “Lo que han hecho es burocratizar”, afirman fuentes de este organismo. El Museo Nacional de Arte de Catalunya, por su parte, asegura que están trabajando sin hacer frente a situaciones “especialmente complicadas”, pero cada pago está sometido a un control. En su caso, la Administración es tripartita: Generalitat, Ayuntamiento y Gobierno central.
En cualquier caso, todos los consultados reconocen que el caos que se vivió los primeros días de intervención de las cuentas se alivió sustancialmente tras la creación por parte de la Agencia Tributaria de una plataforma ad hoc. A esa plataforma se conectan tres partes: las empresas supervisadas para enviar la declaración responsable en un formulario, los bancos para ver ese documento y pagar, y el Ministerio para supervisar los pagos.
“Más allá de lo engorroso de este procedimiento estamos funcionando con relativa normalidad. Sí existe una preocupación entre la gente con contratos más recientes”, explican fuentes de la Universidad Autónoma de Barcelona, que no ocultan su expectación y cierto desasosiego hasta que se materialice el pago de la nómina de los funcionarios la próxima semana. En principio los empleados públicos de toda España tienen previsto recibir sus pagos el día 27, por lo que la orden de Hacienda debería darse entre los días 25 o 26. Fuentes del Ministerio señalan que en el caso catalán, si la Tesorería de la Generalitat no se encarga de las nóminas y da orden de pago con entregas a cuenta, este mes de pagará unos cuatro días después de que la intervención general de Catalunya emita su certificado. A partir del próximo mes se les ha requerido que certifiquen las órdenes el día 24, de manera que las nóminas se pagarían el 28 o 29 del mes.
Existe además entre los consultados cierta incertidumbre sobre cuándo cesará esta situación, que en principio estaba supeditada a los gastos del referéndum y el pago de urnas y papeletas. De momento, se va a prolongar hasta que vuelva “la legalidad” y “la normalidad”, dicen en Hacienda, algo que al parecer pasaría por unos nuevos gobernantes para Catalunya.
