Nueva demanda internacional a España por la ley retroactiva de recorte a las renovables
El Gobierno de España acumula ya su novena denuncia en una corte de arbitraje internacional por la decisión de recortar, de forma retroactiva, la retribución a las energías renovables. Dos fondos estadounidenses de una multinacional fotovoltacia, Nextera, han interpuesto una denuncia el 23 de mayo ante el CIADI, la corte habilitada por el Banco Mundial para dirimir este tipo de conflictos internacionales.
Según reportó la firma estadounidense a la SEC (el supervisior burstátil de EEUU), el daño causado por el cambio normativo impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy es de al menos 300 millones de dólares. Ya en marzo de 2013 Nextera tuvo que dar aviso de lo que consideró un default (o quita) en sus condiciones de pago pactadas con el Gobierno de España. A día de hoy, las nuevas condiciones retributivas aún no ha sido aprobadas por el Consejo de Ministros aunque los informes que se han ido filtrando indican que el Ejecutivo no ha dado marcha atrás en sus intenciones. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha prometido que las nuevas retribuciones verán la luz antes del 15 de junio.
Nextera es dueña de dos plantas termosolares gemelas en España, en concreto en Navalvillar de Pela, Badajoz. Cada planta tiene una potencia instalada de 50 megavatios. El coste total del proyecto fue de 820 millones de euros y se captó financiación por casi 600 millones de euros para su puesta en marcha. Los bancos acreedores son Banco Santander, BBVA, Bankia, Bayern LB, Société Générale, Banesto, Banco Popular, BNP Paribas, Intesa, La Caixa, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Banco Sabadell y Unicredit.
Según el hecho relevante que Nextera envió a la SEC, la compañía intentó renegociar con los acreedores sin éxito por lo que los demandó ante un tribunal de EEUU al entender que el cambio en la ley les eximía de cumplir con las condiciones contraídas.
Finalmente, la empresa estadounidense ha tenido que recurrir al CIADI para que le auxilie en este caso al ser el Gobierno de España el que último responsable del cambio de la ley. La última demanda que había recibido el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, con sede en Washington, había sido de Masdar Solar, el brazo financiero de Abu Dabi.
Masdar en España participa en la sociedad Torresol al 40% con la empresa de ingeniería Sener. Torresol está centrada en la energía solar por concentración: tiene la planta Gemasolar en Sevilla –inaugurada en octubre de 2011 por el rey Juan Carlos–, además de otras dos plantas –Valle 1 y Valle 2– en San José del Valle (Cádiz).
La denuncia de Masdar llega al CIADI después de las del fondo vinculado al Deutsche Bank RREEF Infrastructure; la del fondo relacionado con el BNP Antin Infrastructure Services Luxembourg; y la del fondo británico Eiser –creado por el banco holandés ABN Amro–, que opera en España con Elecnor. Las tres fueron registradas a finales de 2013, entre noviembre y diciembre.
A las denuncias recibidas por el Banco Mundial, hay que añadir tres registradas ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Estocolmo (SCC Institute) entre febrero y julio de 2013: Isolux Infrastructure Netherlands, la filial de Abengoa CSP Equity Investments y las sociedades de inversión Charanne y Construction Investment.
Además, desde noviembre de 2011 hay presentada una novena denuncia ante Uncitral (Comisión de Naciones Unidas sobre derecho internacional). Esta demanda se registró tras el recorte socialista a las renovables –establecía un máximo de 25 años para las primas–, previo a las medidas del PP, y fue efectuada por PV Investors, un grupo de 16 inversores en energías renovables.
