La PAH denuncia a la Comunidad de Madrid por vender 3.000 viviendas sociales a fondos de inversión

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) han interpuesto un recurso contra la Comunidad de Madrid para evitar lo que consideran un “desmantelamiento y expolio de la vivienda pública” tras la venta de casi 3.000 viviendas de protección oficial del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) a empresas y fondos de inversión.

Los inquilinos recibieron la notificación del cambio de dueño la semana pasada, cuando llegó a sus casas una carta de la nueva sociedad, 'En casa Cibeles', perteneciente a la empresa de inversión Azora y al fondo Goldman Sachs. En ella se informaba del cambio en la propiedad de la vivienda e intentaban lanzar un mensaje tranquilizador al asegurar que “el contrato de alquiler no sufre cambio alguno”.

No obstante, según explican varios afectados, no saben “qué va a pasar cuando los contratos –en su mayoría por cinco años– finalicen”. Cuando se formalizó la venta, el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo advirtió de que, al finalizar estos compromisos adquiridos, las compañías podrán venderlas a precios de hasta 187.000 euros, lo que representa triplicar su coste.

Además, como ha explicado Alfredo Alonso, uno de los afectados, temen que, aunque se mantenga el precio del alquiler, “se aumenten otros cargos adicionales como la seguridad, la limpieza o la jardinería”. De producirse, esta situación sería insostenible para economías como la de Bouchra Halloufi, que lleva en paro más de año y medio y que, con 500 euros, debe hacer frente a una renta de casi 300 y más de 70 de comunidad. “¿Con qué hago frente a más gastos”, se pregunta.

Por eso, una de las abogadas de la PAH y la PAVPS, Alejandra Jacinto, ha explicado que con su recurso han solicitado la suspensión de este procedimiento de privatización como medida cautelar, a pesar de que son ya las empresas privadas las que están cobrando las mensualidades.

Su petición se centra en varios pilares. El primero es que con la trasferencia de estas 3.000 viviendas, a las que temen que se sumen próximamente otras 1.500, el IVIMA está “desvirtuando totalmente la función social de ese servicio público, que debe estar sujeto al interés general”, ha explicado Jacinto.

“Oscuridad absoluta”

Además, desde las plataformas sostienen que el perjuicio no es solo para los inquilinos de esas casas, sino también para la propia Administración Pública. Por un lado, “se están vendiendo a un precio inferior a su coste. La media de las viviendas se sitúa en los 67.000 euros por casa, lo que supone un total de 201 millones de euros­, cuando su construcción se tasó en 300 millones”. Así, consideran que la Comunidad “incumple su deber de buena gestión”.

Por el otro, estas operaciones “no han seguido los cauces y los requisitos necesarios”, afirman. Según la abogada, “no se ha dado audiencia a los afectados, no se ha permitido acceder al expediente y tampoco se ha justificado la venta”, lo que ha propiciado que todo el proceso se haya llevado a cabo “en una oscuridad absoluta”.

Por último, argumentan que estas ventas implican “el desmantelamiento del parque público de viviendas de Madrid”, con lo que “se condena a la indefensión y a la máxima exclusión a unas familias que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad”.

Al informar sobre estas ventas, el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Pablo Cavero, ha indicado que estas empresas tienen que garantizar a los inquilinos las mismas condiciones que ya tenían y que esta venta es una “rotación natural de activos”, que permitirá conseguir fondos para “continuar con las políticas sociales” del IVIMA. Loreto Ruiz de Alda (UPyD) ha sostenido ayer en el Pleno de la Asamblea de Madrid que la Comunidad “está vendiendo a precio de saldo el patrimonio de los madrileños porque tienen problemas de liquidez”.

Una situación parecida es la que protagoniza el Ayuntamiento de Madrid, que ha vendido al fondo de capital riesgo Magic Real Estate Blackstone 18 promociones de vivienda social en la ciudad, por las que ha pagado 128,5 millones de euros. Esto afecta a unos 1.800 inquilinos. De ahí, la manifestación que han programado las plataformas para esta sábado a las 18:00 horas.

No obstante, las acciones legales no son las únicas que se emprenderán desde las plataformas. La movilización social contra estas medidas comenzará este sábado, a las 18:00 horas, con una marcha desde la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) hasta la sede del Ayuntamiento, en Cibeles.