El PP rechaza prohibir que se corte la luz por impago a familias vulnerables

Ni un gesto. Los 'populares' han votado en contra de las cinco propuestas que, con este objetivo, habían registrado PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU, BNG y ERC, que instaban al Ejecutivo a hacer frente a la pobreza energética que amenaza a miles de españoles en paro o que atraviesan dificultades económicas. El portavoz de Energía del PP en la Cámara Baja, Antonio Erías, ha explicado que no se puede plantear que la pobreza energética es “el mal que invade” el país, olvidando con ello la razón de esta situación, que no es otra que “el comportamiento de los precios” de la energía, que en los últimos siete años se han incrementado un 67% y que han llevado a un importante déficit de tarifa.

Enmiendas como la de la Izquierda Plural (174) planteaban que los suministros básicos de electricidad, gas natural y butano se regulen por un sistema público de precio social para los hogares con poder adquisitivo reducido o en riesgo de exclusión social, y que se fijen unos “consumos mínimos vitales” mensuales en función del número de miembros del hogar y de la estación del año.

Asimismo, Izquierda Plural ha reclamado una “tregua invernal” durante la cual las suministradoras “no podrán interrumpir el servicio de electricidad, gas o agua por impago, siempre y cuando se reúnan las condiciones de renta familia determinadas o cuando vaya acompañado del informe del órgano competente en materia de servicios sociales”. “Los servicios esenciales mantendrán tal condición independientemente de si se abonan las facturas de los suministros o no, y ello no podrá ser motivo de corte en el suministro. Los casos de necesidad vital de suministro eléctrico al hogar se contemplarán también como servicios esenciales”, añade el texto, reclamando al Gobierno un plan contra la pobreza energética para “garantizar” este derecho a los ciudadanos.

A través de otra enmienda (191), la Izquierda Plural exigía asimismo aplicar el IVA reducido al gas y la electricidad a nivel doméstico, “atendiendo a su carácter de bien básico”. “Hay una gran insensibilidad social ante esta dificultad de acceso a la energía, que, según el Observatorio Español de la Sostenibilidad, provoca entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras al año en invierno”, ha recordado la portavoz del grupo en materia energética, Laia Ortiz (ICV).

Impuesto al sol

Eso sí. Si quiere usar la energía solar, tendrá que pagar, y estar preparado para que entre en su casa un inspector del Ministerio de Industria. Y más le vale que esté registrada y homologada, porque de lo contrario la multa puede ser millonaria. Y si tiene una instalación de generación de energías renovables, tenga en cuenta que le cambiarán el sistema de remuneración sobre la marcha; es más, que cada seis años puede haber uno distinto.

El Grupo Popular ha aprobado así la futura ley del sector eléctrico. Con los votos en contra de toda la oposición, que ha visto cómo, una tras otra, eran rechazadas sus 450 enmiendas.

Previsiblemente, la ley pasará al Senado la próxima semana, donde algunas fuentes creen que el PP podría aceptar alguna enmienda de CiU relacionada con la cogeneración de gas y el cambio de la retribución retroactiva, algo que reclama Gas Natural (controlada por La Caixa). Si eso fuera así, la ley volvería al Congreso como fecha tope el 18 de diciembre, última jornada de sesiones del año, cuando sería aprobada para entrar en vigor el 1 de enero.

Así, el peaje al sol se quedará como está: todo aquel que utilice energías renovables para el autoconsumo tendrá que empezar a pagar por ello: la ley establece “la obligación de las instalaciones de autoconsumo de contribuir a la financiación de los costes y servicios del sistema en la misma cuantía que el resto de los consumidores”.

Y también se ha aprobado “revisar todos los parámetros retributivos y, entre ellos, el valor sobre el que girará la rentabilidad razonable en lo que reste de vida regulatoria de las instalaciones tipo”. En todo caso, a todo aquel que haya invertido en energías renovables le cambiarán los criterios para el sostenimiento de la inversión en función de una “rentabilidad razonable” que está pendiente de articularse. Y aquellos que inviertan más adelante, podrán, también, encontrarse con un marco jurídico distinto, revisable cada seis años. Es decir, se cambian las reglas con carácter retroactivo.

La nueva ley, además, los concursos para la implantación de nuevas plantas de renovables, lo cual supone un mecanismo de subasta.

Patada en la puerta

La enmienda 475, que se ha incluido en el trámite parlamentario sin haberse siquiera insinuado en el borrador de la ley, ha sido calificada en el sector de las renovables como una nueva ley Corcuera. ¿Por qué? Pues porque introduce la posibilidad de que un inspector del Ministerio pueda entrar en las casas sin orden judicial para revisar si la placa foltovoltaica está homologada y dada de alta para pagar el impuesto al sol. Así, a alguien que no haya dado de alta una placa solar de 200 vatios, que cuesta 300 euros, puede caer una multa de 60 millones de euros.

Otro de los asuntos que la ley establece como objetivo fundamental es acabar con el déficit tarifario, es decir, el dinero que supuestamente cuesta generar la energía y a qué precio la pagamos en los recibidos. De acuerdo con la versión de las eléctricas, asumida por el Gobierno, el déficit asciende a 26.000 millones de euros, que pueden crecer en otros 4.500 durante 2013. Pues bien, la ley prohíbe que no se produzca un déficit superior al 2% a partir de 2014. ¿Cómo se hará? Pues, dados los antecedentes, en el sector pocos se creen que se vaya a cumplir ese techo de déficit. Entre otras cosas, porque el ministro de Industria, José Manuel Soria, acostumbra a cambiar de versión cada vez que habla del déficit tarifario.

Lo que avala la ley es que las principales eléctricas (Iberdrola, Endesa, Gas Natural, Hidroeléctrica del Cantábrico y EON) financien el déficit tarifario de 2013 –y los siguientes, si es que hubiera, aunque la ley prevé lo contrario–. Algo recurrido por las empresas ante el Supremo, pero que el tribunal ha sancionado: las eléctricas querían que las renovables también participaran de esta financiación; el Supremo ha dicho que no. Esa financiación es la que luego se convierte en títulos de dueda que se venden para pagar lo adelantado por las eléctricas.

Rechazo de la oposición

Precisamente es lo que ha defendido el portavoz del PP de Energía, Antonio Erías: que este proyecto ataja el “desajuste y la falta de estabilidad” de la electricidad, derivado de la “evidencia de que los ingresos no son suficientes para atender a los costes”. Es decir, de los 30.000 millones que el Gobierno ha pactado pagar a las eléctricas en concepto de déficit de tarifa.

El socialista José Segura ha censurado la regulación del autoconsumo, con un peaje “injustificado y discriminatorio que impondrá barreras económicas que dificultarán las inversiones”, lo que “sacrificará la eficiencia económica en el medio y el largo plazo”. Asimismo, rechaza la “desprotección” en la que queda el consumidor con esta norma. “El fomento de las renovables a través del régimen retributivo no debe tener un carácter excepcional, sino que debe ser la actuación a seguir. España necesita de un modelo específico para las renovables, y este proyecto lo obvia. Aún no son tecnologías que puedan competir por su cuenta, aunque sean más competitivas que hace unos años, por lo que no se justifica en modo alguno un régimen general y único”, ha añadido.

La portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), la ecosocialista Laia Ortiz, ha expresado su “absoluta disconformidad” con la ley y con la “forma opaca” en que se ha tramitado, y ha acusado al Gobierno de presentar un proyecto “miope”, “desconectado” de las necesidades sociales y que “perpetuará un modelo desfasado e insostenible”. Además, cree un “atropello a la seguridad jurídica” el carácter retroactivo de algunas disposiciones, y ha pronosticado que no se solucionarán los problemas de déficit tarifario. Asimismo, ha reprochado el trato que se da a las renovables y el “atentado contra las libertades ciudadanas” en relación con el autoconsumo. “Se mantiene un modelo y un mix energético absolutamente obsoleto, basado en energías sucias e inseguras, en la sobrecapacidad eléctrica, y que busca contentar a quienes siempre han producido la energía, limitando la entrada de nuevos productores”, ha añadido, alertando del daño que eso hará a la competitividad económica y a la eficiencia y ahorro energético. Por ello, ha reclamado una auditoría de la deuda y un cambio de modelo que pase por una reducción de la demanda, una mejora de la eficiencia, mayor implantación de las renovables y un sistema “democratizado y descentralizado”. “Hay que determinar cuáles son los costes de producción y sacar de la factura los que no lo sean”, ha zanjado.

Tampoco le gusta la norma a Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, para quien es una “nueva ley de partido”, con el agravante de que afecta a un sector “sumido en un desbarajuste de dimensiones colosales y que ha provocado un problema económico importante”: el del déficit de tarifa, la pérdida de competitividad y la subida de la factura de la luz.

Josep Sánchez Llibre, de CiU, cree que el proyecto “obedece más a motivos de política económica que de política eléctrica”, ya que su principal objetivo es acabar con el déficit pero “sin fijar una hoja de ruta de la política energética española”. “Sería conveniente y urgente clarificar el modelo energético antes de decidir cómo reducir el déficit tarifario y cuál será el mix energético global”, ha dicho, pidiendo que en ese proceso no se olvide el efecto en la competitividad empresarial.

En la misma línea, el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, también cree que el sector eléctrico debe servir para “mejorar la competitividad”, pero “respetando escrupulosamente el marco competencial”, y ha reclamado “reducciones” para algunos subsectores industriales. Teresa Jordà (ERC) ha acusado al Gobierno de buscar proteger al oligopolio eléctrico “en detrimento claro” del autoconsumo y las renovables y “cargando” el déficit tarifario a los consumidores. “Es una gran estafa de la que se beneficiarán cuatro grandes compañías a costa de los consumidores y los contribuyentes”, ha pronosticado, reclamando un cambio de modelo, una auditoría independiente de la deuda, y el fin de la “centralización y la invasión competencial”.