Podemos promete vivienda y suministros garantizados a las rentas más bajas
El “tic-tac” que marca la llegada de las elecciones autonómicas el próximo 24 de mayo resuena cada vez más fuerte y Podemos ha lanzado ya su programa marco como tarjeta de presentación para asaltar los cielos regionales. El programa, filtrado a los medios poco antes de su presentación oficial, está centrado en desgranar las medidas económicas y sociales que darán forma a lo que la agrupación califica de “Plan de Rescate Ciudadano”, con un enfoque especial en garantizar a las personas que carecen de recursos los suministros básicos (electricidad y agua) y vivienda.
En líneas generales, las “medidas para un proyecto de país” como se lee en el encabezado del documento, están más aterrizadas que anteriores borradores de la formación, aunque esboza algunas medidas que no corresponden a la administración autonómica (como la creación de una banca pública). A lo largo de 215 puntos recoge propuestas de los expertos consultados por el partido, como de economía feminista o de impuestos.
En el ámbito de la vivienda, una de las principales señas de identidad de la formación, el documento recoge algunas de sus propuestas más innovadoras, como la de penalizar a los propietarios de más de diez viviendas vacías o la reforma de la ley hipotecaria para impulsar la dación en pago.
El partido plantea crear un servicio de inspección que investigue “las posibles situaciones de especulación por parte de los grandes propietarios de viviendas vacías (empresas o particulares propietarios de más de diez viviendas vacías) para, dicen ”evitar la vulneración del artículo 47 de la Constitución, el cual obliga a los poderes públicos a impedir la especulación inmobiliaria“. Una vez que se hayan detectado a estos multipropietarios, se les abrirán expedientes en diferentes grados para instarles a que cedan su casa en alquiler. De no lograr un acuerdo se prevé una sanción económica que puede llegar incluso a pasar por ”la cesión obligatoria temporal de la vivienda para la gestión pública, esto, es la expropiación.
La posibilidad de sancionar a los multipropietarios se enmarca dentro del impulso a un fondo de vivienda social y la creación de un “Servicio Público del Derecho a la Vivienda” en las comunidades autónomas, con un Consejo de Participación compuesto por representantes de las instituciones y de la sociedad civil. Entre sus competencias estará la de ejercer la coordinación con los servicios sociales.
El organismo ideado por la formación de Pablo Iglesias coordinará las actuaciones entre la administración autonómica y los servicios sociales, con el fin de que “se acrediten situaciones de riesgo y se comparezca en los procedimientos judiciales para evitar desalojos forzosos sin alternativa habitacional”. Se llegará incluso a instar a la autoridad judicial para que se paralice los desahucios que no cumplan con los “estándares internacionales de derechos humanos en materia de desalojos forzosos” . Además, se garantizará a las personas afectadas una vivienda en condiciones adecuadas, sin que el importe del alquiler pueda superar el 30 % de los ingresos familiares, al tiempo que se contemplarán “otras formas de posesión”, como la cesión de uso a cambio del mantenimiento y mejora de la vivienda.
Complementariamente, se creará una “Agencia pública de mediación y promoción del derecho a la vivienda” para promover los contratos de arrendamiento con garantías públicas, y proteger los derechos de los inquilinos y apoyar la renegociación de sus contratos de alquiler, asesorando acerca de los derechos del inquilino y evitando ejecuciones hipotecarias por carencia o escasez de ingresos. Cabe recordar que ya existen figuras similares estatales o autonómicas (agencias públicas de alquiler) que han tenido un escaso éxito hasta el punto de que la estatal creada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se exinguió. El partido quiere mejorar el parque público de alquiler social con acuerdos con “los bancos intervenidos o con viviendas vacías en general, impulsando y mejorando el patrimonio público de viviendas y suelo existente, paralizando la privatización de viviendas y suelos públicos, garantizando el acceso a la vivienda a los colectivos sociales con menos ingresos y auditando la cuantía y calidad de las viviendas públicas”. Por último, proponen crear un censo de viviendas públicas vacías e impulsar su alquiler social.
Acogerse a la dación en pago y quedarse con el piso
El texto también dice que “se apoyará a los inquilinos en su negociación con las entidades financieras para dar prioridad a la reestructuración de la deuda (quitas y reducción de intereses) o, en caso de dación en pago, con objeto de favorecer el alquiler social de la vivienda para sus residentes (un alquiler que no superará el 30 % de los ingresos familiares)”. No está concretado en qué consistirá ese apoyo.
En este sentido, Podemos quiere que se revisen las cláusulas abusivas de los contratos de préstamos hipotecarios, para, si es el caso, imponer sanciones. Podemos quiere aplicar la legislación de Consumo (que sí es competencia autonómica) para sortear el hecho de que la legislación financiera e hipotecaria depende del Estado Central. Así, quiere que las pymes y los autónomos se consideren consumidores a los efectos de poder acogerse a las fórmulas de flexibilidad de la renegociación de deudas.
Además de facilitar la dación en pago, Podemos quiere también mejorar estos procesos de negociación de deuda (para los deudores de “buena fe”) y pedir, por ejemplo, una segunda tasación de la casa a precios del mercado actual para, si es el caso, una vez liquidada la deuda poder incluso conservar la vivienda ya que su valor actual podría haber sido ya abonado con creces en el crédito hasta la fecha.
Luz y agua como bienes básicos
La lucha contra la pobreza energética es otra de las apuestas de Podemos. Propone un “rescate energético” que garantice “un mínimo vital de subsistencia de los suministros de luz y gas”. Así, “no se procederá al corte de suministro” cuando “se trate de la vivienda habitual del consumidor y cuando el impago de la factura se deba a motivos ajenos a su voluntad y, en particular, por pobreza sobrevenida”. Así, “se establecerá un mínimo vital de electricidad y gas mensuales por hogar” por el que, “una vez constatada una situación de pobreza”, una familia no deberá destinar más del 10% de sus ingresos mensuales al pago de estos servicios.
Podemos sólo da algunas pinceladas de esta medida, que presumiblemente prevé compensar a las eléctricas por lo que dejen de ingresar: “El dinero provendrá de un fondo autonómico contra la pobreza energética”, dice. La medida será prorrogable por periodos de un año “y de manera indefinida, mientras la situación de pobreza persista”. Ya existen ideas similares, sobre todo en Catalunya pero con un desarrollo precario por el momento.
Podemos promete recuperar “el carácter de servicio público” de los suministros de gas y electricidad, independientemente de si los gestionan “instituciones públicas o privadas”. No obstante, abre la puerta (“Se estudiará”) a que las Comunidades Autónomas creen sus propias comercializadoras de energía eléctrica, de titularidad pública, “para asegurar, entre otras políticas, el «rescate energético» de las personas aquejadas de pobreza energética”.
El partido también apuesta por aplicar “ecotasas que graven las actividades contaminantes de las empresas eléctricas” como las que ya aplican algunas comunidades autónomas y destinar lo recaudado “a actividades con impacto medioambiental positivo y que sean compatibles con la lucha a medio plazo contra la pobreza energética”.
El programa hace un par de alusiones a uno de los caballos de batalla de los defensores de las energías renovables: el autoconsumo. Apuesta por el fomento de estas instalaciones, “dando pequeñas ayudas directas a la compra de paneles solares o miniaerogeneradores”, pero sólo para instalaciones “sin vertido a la red”, por lo que no se posiciona con respecto a las plantas conectadas al sistema. También propone la “autorización de nuevas instalaciones de generación renovable sin retribución específica de potencia inferior a 50 MW”, que son las que están dentro de las competencias autonómicas.
