El extraño caso de Banco Popular resuelto en una noche
La Junta Única de Resolución (JUR) bancaria, la autoridad liquidadora de bancos europea, aspiraba a reestructurar un banco fallido “en un fin de semana”. No sólo parecía imposible por la multiplicidad de instituciones europeas y nacionales involucradas, sino que la experiencia italiana de esquivar la directiva europea de resolución había hecho creer que el mecanismo único de supervisión (MUS) bancaria europeo nunca se atrevería a reestructurar un banco.
El martes nos acostamos con el rumor de un ultimátum de 24 horas de los supervisores europeos para que se hicieran ofertas de adquisición sobre el Banco Popular, pero el miércoles nos desayunábamos con la noticia de la intervención regulatoria con venta inmediata de Popular a Santander por un euro. Donde el resto del mundo aspira a resolver bancos en un fin de semana, España, alumno aventajado de la Unión Europea, lo hace en una noche.
El MUS es el brazo supervisor de Banco Central Europeo, pero la decisión última no dependía de Mario Draghi. Cuando el BCE asumió la supervisión se separaron las funciones monetaria y supervisora. En el consejo supervisor de MUS se sientan los subgobernadores de los bancos centrales nacionales con responsabilidades supervisoras, mientras que los gobernadores se sientan en el consejo de gobierno del BCE donde deciden sobre política monetaria.
Cada vez que le preguntan a Mario Draghi por los bancos italianos, se escuda hábilmente en que el consejo supervisor del MUS lo preside su colega francesa Danièle Nouy. Sorprende la torpeza de nuestro banquero central, Luis María Linde, quien al ser preguntado por el Popular en su comparecencia el martes en el Senado dijo que no venía preparado para ello. La respuesta correcta era despejar el balón a Javier Alonso, subgobernador y responsable de supervisión bancaria en el Banco de España.
El primer paso en la intervención del Popular fue, por tanto, que el MUS declarase que el banco estaba en riesgo de ser inviable. Esta decisión se tomó por el rápido deterioro de la liquidez y la pérdida de depósitos del Banco Popular en los últimos días. Con la banca por Internet no se ven colas a las puertas de las sucursales cuando pasa esto.
El segundo lugar el JUR decidió que no era de interés público liquidar Popular. La estabilidad financiera y el mantenimiento de las funciones críticas del banco –como la tutela de depósitos y la gestión de préstamos existentes– aconsejan que se mantenga la entidad en funcionamiento al menos temporalmente.
El JUR, con sede en Bruselas y dirigido por la alemana Elke König, disponía entonces de un menú de opciones para reestructurar el Popular, definidas en la directiva europea: la “herramienta de venta de negocio”; la “herramienta de separación de activos” (que podríamos asimilar al concepto de “banco malo”, como la Sareb); la “herramienta de institución puente” (esencialmente un “banco bueno” con las funciones esenciales de servicio al cliente); y la “herramienta de bail-in” (las temidas quitas a los preferentistas, acreedores subordinados, y en último término bonitas y depositantes).
En el caso del Popular el JUR tiró por la calle de enmedio y aplicó la “herramienta de venta de negocio” a la totalidad del Banco Popular, eso sí, previo “bail-in” (rescate interno) de la totalidad de las acciones, bonos convertibles (los famosos CoCos), y deuda subordinada (incluyendo preferentes).
El plan de resolución de esta Junta lo ejecutó el FROB, como autoridad resolutora patria, tomando nota de la estimación de un experto externo del MUS que dice que el valor contable de Popular es –negativo– entre 2.000 y 8.000 millones de euros. Ésta es la primera sorpresa. El propio Banco Popular estimaba su patrimonio neto a fin de marzo en algo menos de 11.000 millones de euros, y esperaba que una revaluación de sus activos revelase un déficit de provisiones de solo 2.000 millones de euros. En Twitter el economista Carmelo Tajadura no sale de su asombro sobre el tamaño del potencial agujero que esto revela.
Además, según los supervisores europeos el Banco Popular era solvente. Sólo le faltaba liquidez.
Con semejante valor contable negativo, Popular no encontró compradores privados y se precipitó su intervención. El FROB asegura que realizó una subasta, poniendo a disposición de las entidades interesadas los datos que Popular había preparado para su posible venta privada. BBVA también participó en la subasta, pero solo Santander pujó, por 1 euro y con la condición de que previamente se hiciera una quita completa de todas las acciones, CoCos, preferentes y bonos subordinados.
También sabemos que Santander estima que el Popular requiere una inyección de capital de 7.100 millones de euros, para aumentar las provisiones contra pérdidas por activos improductivos, en su mayoría inmobiliarios, y préstamos morosos. El déficit de provisiones estimado por Santander es de 9.100 millones de euros, del que 2.000 se cubrirán con la quita a los bonos convertibles, preferentes y subordinados. Para el resto, Santander hará una ampliación de capital por 7.000 millones de euros en el mes de julio.
Santander promete grandes sinergias como parte de esta operación, que convierte a la entidad consolidada en líder del crédito a pymes con un 25% de cuota de mercado, y en el mayor banco por activos en España. Llama la atención es que el escenario macroeconómico subyacente al plan de Santander es que los tipos de interés no suban hasta 2020, aunque esto es probable dado que la inflación subyacente se resiste a subir por encima del 1%.
Como mínimo siete millones de euros de preferentes heredadas del Banco Pastor han quedado amortizadas a valor cero, y puede haber más preferentes del Banco Popular bajo otro nombre. Al menos 450 millones de euros de bonos subordinados están en manos de inversores minoristas, que seguro alegarán que compraron engañados. Si es cierto que el Popular tenía un agujero de entre 13.000 y 19.000 millones de euros, quienes acudieron a la ampliación de capital de Popular el año pasado podrán intentar repetir el caso Bankia.
