Los cinco grandes partidos proponen reformar las sicav aunque el PP no quiere que Hacienda las supervise

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, las cinco candidaturas nacionales con opciones de entrar en el Congreso cuentan en sus programas electorales con propuestas relacionadas con el ahorro, la inversión y las sociedades de capital. Estas son las principales propuestas de los partidos.

Sicav

Las reformas que se perfilan como más polémicas son las que se refieren a la fiscalidad y articulación de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (sicav). Si los partidos cumplen sus promesas, esta forma de inversión colectiva, tal y como la conocemos tiene los días contados puesto que las cinco grandes candidaturas cuentan con propuestas para su reforma.

El partido de Mariano Rajoy recoge en su programa que la próxima legislatura, introducirá modificaciones en el régimen de las sicav para garantizar que estas sociedades se utilicen como instrumentos de inversión colectiva, “finalidad para la que originalmente se crearon”. Para lograrlo, el PP quiere computar como accionista, solo aquellos que tengan más del 0,55%. Una sicav debe tener un número mínimo de 100 accionistas para gozar de sus privilegios fiscales, pero siempre que se habla de fraude se asegura que muchos son 'mariachis', esto es, gente que no tiene participación real.

En el extremo opuesto se sitúan Podemos, el PSOE y Unidad Popular-IU que quieren poner participaciones máximas en lugar de mínimas. La formación liderada por Alberto Garzón se compromete a “la supresión de mecanismos de elusión fiscal como las sicav”, a la vez que prevé poner un tope máximo de participación individual, del 5% del capital, a todas las modalidades de sociedades de inversión, tanto si son financieras como si no lo son.

El partido liderado por Pablo Iglesias pretende regular el régimen fiscal de las sicav “para evitar que actúen como pantallas de elusión fiscal de las grandes fortunas”. Para conseguirlo, quiere controlar el número real y efectivo de socios, establecer un periodo máximo de permanencia para las plusvalías acumuladas, así como un porcentaje de participación máxima para cada inversor y un límite de aportación para cada uno de los inversores. Por otro lado, devolverá a la Agencia Tributaria la facultad para comprobar el cumplimiento de estos requisitos (que en julio de 2005 pasó a estar bajo el paraguas de la CNMV), de forma que si el organismo comprueba que una sicav no cumple con los requisitos establecidos, pasará a tributar por el tipo general del impuesto de sociedades.

Unas medidas muy similares tomaría el PSOE en caso de ganar las elecciones. Pedro Sánchez pretende limitar la participación máxima de cada inversor; fijar un período máximo de permanencia de las plusvalías acumuladas sin tributar, y devolver a la Agencia Tributaria las competencias de supervisión e inspección de las sicav.

Por último, Ciudadanos también devolverá a Hacienda la inspección de estos instrumentos de inversión colectiva, a la vez que promoverá su apertura, “de tal forma que cualquier ciudadano pueda invertir en las mismas condiciones que los dueños reales de las sicav, para que sean instituciones de inversión colectiva y no vehículos de inversión privada de grandes fortunas, que son perfectamente lícitos pero que en ese caso deben tributar como cualquier otra sociedad”.

Planes de pensiones

Los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE han impulsado la comercialización de los fondos privados de pensiones como complemento a los pagos que realiza el Estado. Tres de los cinco grandes partidos de ámbito nacional creen que es hora de remodelar este sistema aunque PSOE y Ciudadanos se abstienen de especificar en su programa. Unidad Popular-IU se compromete a reducir las ventajas fiscales de los planes privados de pensiones, mientras que Podemos se inclina por eliminar estos beneficios fiscales.

A la postre, el PP se convierte en el único defensor de estos planes privados. En la actualidad, las aportaciones a los planes privados de pensiones reducen la base imponible, por lo que el beneficiario paga menos impuestos en la declaración de la renta. Pero hay límite a esas aportaciones: 8.000 euros al año o el 30% de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas, la menor de ambas cantidades. Un tope que el PP tiene la intención de incrementar.

Mariano Rajoy, en una hipotética segunda legislatura, aumentará el importe que da derecho a deducción en el IRPF por las aportaciones a sistemas de previsión social, en los casos en que las aportaciones se realicen conjuntamente por el empleador y el trabajador. Además, modificará la forma de cálculo del IRPF en los rescates de los planes de pensiones como consecuencia de que este ahorro para el retiro ya puede rescatarse a los 10 años de su constitución. “Queremos que la tributación de estos casos sea equilibrada. Por ello, promoveremos que la parte de los fondos recuperados que corresponde al rendimiento de las inversiones sea tratada como ahorro y tribute a un tipo menor”, según recoge el programa del PP.

Fiscalidad del ahorro

La tributación de los rendimientos es otro de los temas importantes en los capítulos económicos de dos partidos de ideología de izquierda. Podemos se compromete a corregir progresivamente la dualidad entre rentas del trabajo y ahorro para avanzar hacia una tarifa impositiva única.

La tributación del dividendo, como renta del capital, también será muy diferente a la actual en el caso de que Pablo Iglesias llegue al Palacio de la Moncloa. Su partido establecerá un tipo diferenciado en función del destino de los beneficios: un tipo estándar para los beneficios distribuidos a los accionistas del 30%, que será inferior, del 25%, para los beneficios reinvertidos productivamente en la empresa, en particular en actividades de ampliación y renovación de bienes de equipo y actividades de I+D+i. En una línea de actuación similar, Unidad Popular-IU propone igualar, en la base imponible, la tributación de las rentas del trabajo y del capital.

Cultura financiera

La mejora de la cultura financiera se perfila como una de las propuestas más relevantes del PP y de Ciudadanos para lograr un mayor conocimiento, por parte de la sociedad, del funcionamiento del sistema financiero actual con la finalidad de que no se repitan abusos por parte de las entidades financieras como ya ocurrió en el pasado (cláusulas suelo, preferentes de Bankia…). El partido de Mariano Rajoy promoverá “fórmulas para favorecer la formación financiera en colegios y universidades”, con el objetivo de que “desde la infancia, se inculque una cultura financiera que permita tanto manejar los conceptos más básicos de ahorro, inversión, endeudamiento o riesgos, como desarrollar competencias relacionadas con los procesos de contratación de productos financieros”.

El partido de Albert Rivera, por su parte, se compromete a instaurar el espíritu emprendedor en la educación a través del método de las mini empresas para promover la creatividad, la innovación y el empleo por cuenta propia. Pero los partidos de izquierda no dan de lado a este aspecto de la educación. Unidad Popular-IU quiere incluir los fundamentos del derecho español y de la educación económica y financiera en los programas educativos obligatorios, como parte de la formación integral para vivir en nuestra sociedad.

Transparencia bancaria

Como complemento a la educación financiera, los partidos proponen una batería heterogénea de medidas para mejorar la trasparencia bancaria. Podemos, en su programa, dice que “promoveremos, desde los foros competentes, la prohibición de los productos financieros altamente especulativos, así como la promoción de formas de financiación alternativa o banca ética”. El PSOE, por su parte, pretende “revisar y reforzar los esquemas de protección de inversores y consumidores de servicios financieros, para recuperar la confianza de los ahorradores en los productos financieros”.

Para ello, va a promover la unificación de los servicios de reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros (del sector bancario, del sector seguros y de los mercados de valores) a los que pueden acudir los clientes e inversores en una única Autoridad de Protección Financiera y resolución de disputas. “Este nuevo servicio, a diferencia de los actuales, tendrá capacidad de emitir, a instancias de los consumidores perjudicados, dictámenes vinculantes para las entidades financieras”.

El PP también se inclina por crear un único organismo de atención de reclamaciones y resolución de diferencias para los usuarios de servicios financieros, además de avanzar en la mejora de la trasparencia bancaria, a través de que la información que proporcionan las entidades sea homogénea y comparable, con el fin de favorecer que los clientes puedan valorar mejor sus opciones y obtener condiciones más ventajosas. Asimismo, facilitará que los clientes bancarios cuenten con información puntual a través de medios electrónicos, “por ejemplo respecto de las situaciones que puedan dar lugar a un descubierto y, por tanto, a un coste adicional no previsto”.

Ciudadanos, por el contrario, es partidario de evitar la comercialización inadecuada de productos financieros a través de dos organismos diferenciados. Para ello, el partido de Albert Rivera impulsará un sistema de regulación financiera de “doble vértice”, integrado por una nueva Comisión Nacional de Servicios Financieros (CNSF), que arrancará de la CNMV y El Banco de España. La primera se encargará de la supervisión de la prestación de servicios financieros a clientes (préstamos hipotecarlos, tarjetas de crédito, seguros y fondos de pensiones).

El nuevo Banco de España pasará a ser responsable de la supervisión de la solvencia de todas las entidades financieras (incluidas las empresas de servicios de inversión y las compañías de seguros) que no estén ya bajo la supervisión del BCE y de las infraestructuras de los mercados financieros españoles (por ejemplo el servicio de compensación y liquidación de valores), pero dejará de tener responsabilidad sobre la prestación de servicios financieros a clientes por parte de los bancos.

Unidad Popular-IU incluye la transparencia bancaria dentro de un paquete de reformas de la legislación de los derechos de los consumidores. De esta forma, plantea la reforma de la Ley Hipotecaria, de Ordenación del Comercio Minorista, de Contratos de Crédito al Consumo, de Servicios Financieros y de Publicidad.