Maniobra de Elpidio Silva para retrasar su juicio a después del 25-M

El juez en excedencia Elpidio José Silva dejó este lunes claro su propósito de no ser juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) hasta que no pase por el escrutinio de las urnas. Su abogado, Cándido Conde-Pumpido, presentó cinco causas de nulidad en la primera sesión del juicio que se sigue contra el magistrado por prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual. El presidente del tribunal rechazó tres de ellas y postergó para el martes la decisión sobre otras dos. En ese momento, Conde-Pumpido anunció que renunciaba a seguir defendiendo a Silva, para indignación de la Fiscalía y las acusaciones particulares.

Antes de entrar al juicio, Silva había asegurado que el Movimiento Red que encabeza ya ha conseguido los avales para presentar una candidatura a las elecciones al Parlamento europeo del próximo 25 de mayo. Durante la sesión de hoy, Conde-Pumpido señaló que la celebración del juicio impedía a su defendido hacer campaña electoral y que la atención mediática en el proceso perjudicaba sus aspiraciones.

Una de las causas de nulidad que presentó Conde-Pumpido aludía a que Silva había perdido el aforamiento de juez al haber solicitado la excedencia para ser candidato y que por tanto debía ser juzgado en otro tribunal. Los magistrados acordaron que el aforamiento sigue estando vigente porque se juzgan delitos presuntamente cometidos durante el ejercicio de la jurisdicción y que por tanto no había lugar a que Silva se sentara ante un tribunal ordinario. De haber acabado en la Audiencia Provincial, el juicio se habría retrasado, al menos, varias semanas.

El TSJM decidirá en la sesión de mañana martes si acepta la renuncia de Conde-Pumpido. Este alegó que había fallado por la “confianza” que había depositado en él Silva cuando le garantizó que recibiría “un trato justo”. A continuación pidió diez días para que su defendido eligiera nuevo abogado. Ese nuevo letrado podría solicitar un plazo de tiempo para estudiar la causa, lo que haría muy difícil que el proceso se retomara antes de las elecciones europeas. A la salida del tribunal, Elpidio Silva ya anunció que si mañana no se anula el juicio, insistirá en la renuncia.

La reacción del fiscal, Manuel Moix, fue denunciar “fraude de ley” en el anuncio de Conde-Pumpido, mientras que los abogados de la acusación particular, ejercida por Miguel Blesa y Gerardo Díaz-Ferrán, hablaron de movimiento “inadmisible”, “pirueta previsible” y de “insulto a la inteligencia”. Estos dos letrados pidieron que se informe al Colegio de Abogados, con independencia de que se deduzca testimonio de la actuación de Conde-Pumpido.

En el caso de que el juicio sea aplazado y mientras, Silva consiga un escaño en el Parlamento europeo, el juez sería entonces juzgado por el Tribunal Supremo, según fuentes jurídicas. A la entrada del tribunal, una decena de personas expresaron su apoyo al magistrado tras una pancarta de Movimiento Red.

La sesión de hoy estaba dedicada a la lectura de los escritos de acusación y las cuestiones previas. Una hora después de que la funcionaria comenzara a leer el escrito de acusación de la Fiscalía, de 38 páginas, Silva solicitó un receso. Según testigos presenciales, el juez aprovechó para hablar telefónicamente con algunos periodistas.

“Atropellado e indefendido”

El fiscal solicita 30 años de inhabilitación para Silva por distintas decisiones adoptadas durante la investigación a Blesa. El abogado del exbanquero eleva esa peticion a 43 años, mientras que el de Gerardo Díaz Ferrán la deja en 24. Durante la sesión de hoy, Silva reiteró que rechaza las acusaciones y que no se considera culpable. “Me siento atropellado e indefendido por todo concepto desde que comenzó este juicio y desde que empecé a investigar al señor Blesa”, dijo al final Silva.

El relato de los hechos que hace la Fiscalía se ampara en el auto de la Audiencia Provincial de Madrid que anuló la instrucción de Silva del crédito de 26,6 millones concedido por la Caja Madrid presidida por Blesa al grupo Marsans, cuando el conglomerado empresarial de Díaz Ferrán ya estaba en quiebra. Entre las irregularidades que presuntamente cometió Silva están las de intervenir las comunicaciones de Blesa, una decisión que afecta a las libertades individuales, a través de una providencia y no un auto, que es una resolución judicial razonada.

Además, la acusación considera que Silva maniobró para quedarse con la pieza separada de la compra del Banco de Florida cuando debería haberla enviado a reparto, como dictó la Audiencia Provincial, porque no tenía conexión con el préstamo a Marsans. Igualmente, Silva dictó prisión con fianza para Blesa la primera vez que lo envió a la cárcel a petición de Manos Limpias, sin que el pseudo sindicato ultraderechista estuviera siquiera personado en la causa.

El Ministerio Público reserva un espacio importante a los motivos que llevaron a Silva a reabrir en 2012 el caso del crédito a Marsans, que él mismo había archivado dos años antes. El juez alegó “criterios tales como la alarma social derivada de la crisis económica mundial y la implicación en la misma de las entidades financieras”, dice la Fiscalía. Los argumentos, según recoge el escrito, fueron calcados de una entrada en Wikipedia.

Antes de renunciar, Conde-Pumpido alegó que se había privado del derecho de defensa a su defendido al impedir el tribunal acceder a los correos de Blesa. El tribunal consideró que Silva no sufría tal desamparo porque todas las partes estaban en igualdad de condiciones respecto al conocimiento de los mismos mensajes del expresidente de Caja madrid.

La defensa insistió en su tesis de cacería contra Silva. “Pese a llevar más de 20 años ejerciendo brillantemente su labor como magistrado, con una tasa de revocación de sus resoluciones muy baja, comenzó a sufrir una campaña mediática de acoso y desprestigio tras iniciar la instrucción de dos causas contra Miguel Blesa, amigo personal del expresidente del Gobierno José María Aznar, causas en las que ha sido confirmada la existencia de indicios delictivos”, alega en su escrito.