Los sindicatos no descartan movilizaciones si no hay acuerdo sobre la subida salarial de los funcionarios

El Ministerio de Hacienda y Función Pública comunicará la semana que viene a los sindicatos más representativos del sector público (CCOO, UGT y CSIF) una cifra exacta de subida salarial de los funcionarios en 2018, si bien los sindicatos ven “muy difícil” poder alcanzar un acuerdo en materia de retribución y no descartan movilizaciones.

Así lo han señalado los representantes del área de Función Pública de los sindicatos al término de la reunión con Hacienda, a la que ha acudido la secretaria de Estado Hacienda, Elena Collado. Hacienda ha ofrecido una subida moderada del sueldo de los funcionarios para el año 2018 y un incremento más abultado para los ejercicios 2019 y 2020, sin especificar cifras concretas.

El secretario general de FSS-CCOO y portavoz del área pública, Antonio Cabrera, ha dicho que desde los sindicatos no pueden ser “optimistas”, sino “bastante pesimistas” en materia de salarios, ya que las propuestas de Hacienda distan “mucho” de la de las organizaciones sindicales y hay “diferencias sustanciales”.

Cabrera ha explicado que Hacienda cifra en 1.120 millones de euros el coste que supone cada punto de subida salarial para los tres millones de funcionarios y empleados públicos en España, por lo que con ese margen la subida “no podría superar en ningún caso el 2%” al año.

En un principio, la subida salarial contendría una parte fija, relativa al IPC, y otra variable, que podría estar vinculada al PIB, tal y como trasladó Hacienda a los sindicatos en la última reunión del pasado jueves, si bien no se ha concretado tampoco este martes, según han indicado los representantes sindicales.

Asimismo, el secretario de Organización de FeSP-UGT, Fréderic Monell, ha valorado el “escenario de diálogo” y ha explicado que el Gobierno no ha concretado un escenario económico y que necesitan ajustar “algunos números”, al tiempo que se ha mostrado “poco optimista” sobre el acuerdo si no se recupera el poder adquisitivo perdido en los últimos años, que los sindicatos cifran entre el 13% y el 20%.

Por su parte, el presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, ha indicado también que las partes están “bastante alejadas” en materia de subida salarial, que a su juicio debe ser “significativa” tras haberse perdido en torno a un 20% de poder adquisitivo en los últimos años.

“Si el Gobierno quiere conseguir un acuerdo va a tener que hacer un acuerdo significativo”, ha advertido Borra, quien ha avisado de que, tras el 1 de octubre, CSIF baraja convocar movilizaciones si no se alcanza un acuerdo para que la recuperación llegue a las nóminas de los empleados públicos.

Los sindicatos piden eliminar la tasa de reposición

En la reunión de este jueves se han abordado otros asuntos relativos al empleo público y las condiciones laborales de los funcionarios y empleados públicos. Así, los sindicatos han pedido eliminar la tasa de reposición o incrementar más allá del 100% en sectores más allá de los prioritarios, petición que desde Hacienda han respondido manteniendo la tasa, pero comprometiéndose a estudiar la posibilidad de aumentarla por encima del 100% la tasa en algunos sectores.

Monell ha apuntado que para el año que viene se pueda recoger la necesidad de algunos colectivos, como servicios generales en algunas administraciones, servicios sociales, algún ámbito en Educación, pero con la perspectiva de que la tasa de reposición “desaparezca”.

Las centrales sindicales también han reclamado universalizar el proceso de estabilización acordado en marzo, que contemplaba reducir al 8% la temporalidad en tres años, ofertando entre 270.000 y 300.000 plazas para convertir interinos en indefinidos.

Jornada laboral de 35 horas

Sobre este punto referido al empleo, Cabrera también ha destacado que “parece que va bien”, mientras que sobre la jornada laboral de 35 horas semanales estaría “muy ambiguo” por el momento.

En cuanto a la jornada laboral de 35 horas, Monell (UGT) ha explicado que han pedido volver a la situación anterior del Estatuto Básico del empleado público, en la que había una jornada máxima de 37,5 horas, y han pedido que las distintas administraciones puedan establecer jornadas distintas adecuadas a sus características laborales y que acuerden con las organizaciones sindicales, como ha sido el caso de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco o el Ayuntamiento de Madrid. El Gobierno habría planteado una “cierta flexibilidad” y cree que habría sectores en posición de poder discutir esa posibilidad.

Por último, sobre la prestación por incapacidad temporal, que los sindicatos piden reponer al 100%, Hacienda habría ofrecido realizar un plan de trabajo para analizar el absentismo y estudiar la posibilidad de incrementar las prestaciones parcialmente.

Mesa general, la próxima semana

El departamento que encabeza Cristóbal Montoro y los sindicatos se volverán a reunir el martes, previo a la convocatoria de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas previsiblemente el nueves, en la que se fijará definitivamente la cifra exacta de subida salarial para el próximo año.

En dicha mesa están representados tanto los sindicatos, como la Administración, comunidades autónomas y ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y su convocatoria es obligatoria antes de la presentación del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Gobierno prevé aprobar el próximo viernes 22 de septiembre.