El Gobierno de Aznar ya maniobró para colocar a afines al PP en oficinas de turismo en el exterior
La maniobra del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, para colocar a altos cargos afines al PP en las oficinas de turismo de España en el exterior tiene un precedente: el segundo mandato de José María Aznar en el Gobierno, cuando el entonces secretario de Estado de Comercio y Turismo, Juan Costa, recibió un rapapolvo del Defensor del Pueblo instándole a respetar “al máximo” los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en los nombramientos en estas consejerías.
Así se recoge en diversa documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es. En concreto, en octubre de 2002, Enrique Múgica (defensor del pueblo entre 2000 y 2010) remitió una “recomendación” a Juan Costa ante la preparación de un real decreto que el Ministerio de Economía (del que dependía entonces la Secretaría de Turismo) preveía aprobar “próximamente” para regular la organización, funciones y provisión de puestos de trabajo de las consejerías y agregadurías de turismo en las misiones diplomáticas de España.
En su escrito, el defensor instaba al secretario de Estado a tener en cuenta una serie de “matizaciones” para respetar esos principios recogidos en la Constitución: que esa norma determinase, “con la importancia valorativa adecuada, los méritos derivados de circunstancias tan significativas como: los factores especializados en materia turística del expediente personal de los candidatos; la experiencia detallada y concreta en el Servicio Exterior; o la suficiencia mostrada en pruebas o procesos selectivos destinados principalmente a la provisión de puestos de semejante perfil profesional”.
Las recomendaciones del Defensor del Pueblo, emitidas tras una queja formulada por la Asociación de Funcionarios del Antiguo Cuerpo de Información y Turismo del Estado, también criticaban “la inadecuada aplicación del sistema de libre designación” para la resolución, ese mismo año, de una convocatoria de puestos de trabajo en consejerías turísticas, y reclamaban a Turismo que el futuro real decreto se tramitase “con el máximo grado de urgencia”. Fue en vano. Costa fue nombrado ministro de Ciencia y Tecnología en septiembre de 2003 y el real decreto se quedó sin aprobar, pese a que en noviembre de 2002 el entonces secretario de Estado de Turismo había comunicado a Múgica la “aceptación de la recomendación formulada”.
Nuevo intento de Múgica
La normativa que regula los nombramientos en estas consejerías, y que es la que el Gobierno pretende modificar ahora, no se aprobó hasta 2006, en un real decreto firmado por el entonces ministro de Administraciones Públicas, el socialista Jordi Sevilla, y después de que en 2004, con los socialistas recién llegados al poder, Múgica insistiera en instar a su aprobación en un nuevo escrito al recién nombrado secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía.
La normativa vigente, si bien establece que estos puestos “serán provistos por el procedimiento de libre designación en atención a sus especiales características de responsabilidad”, considera “méritos preferentes” para adjudicar esas plazas el “haber prestado servicios en la Administración turística del Estado”, “tener experiencia mínima de dos años en puestos o funciones directamente relacionados con la actividad turística” y “estar desempeñando puestos de trabajo en la Administración turística del Estado al tiempo de la publicación de la convocatoria”, tres requisitos que ahora Soria quiere fulminar.
Esos son, precisamente, los criterios que Soria pretende suprimir ahora, sustituyendo la experiencia previa en la gestión turística como mérito imprescindible para estos puestos por el desempeño de cargos públicos (a mayor responsabilidad, mayores méritos), en lo que se interpreta como un ardid para colocar a afines al Gobierno en estos golosos destinos (hay 33 oficinas de este tipo en todo el mundo) en pleno año electoral.
El borrador de real decreto impulsado por Soria (aunque elevado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) ya tiene el visto bueno del Consejo de Estado, por lo que solo requiere la luz verde del Consejo de Ministros.
