Soria cuela una enmienda para blindar su control de la tarifa eléctrica frente a Competencia
Una enmienda colada de tapadillo por el Grupo Popular en el Congreso durante la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley que poco o nada tiene que ver con la energía, el relativo a la Ley de Metrología, podría servir como unidad de medida del grado de intervencionismo con el que se maneja el actual Gobierno en materia energética.
En concreto, a través de la citada enmienda, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo va a blindar su control sobre la tarifa eléctrica frente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el teórico regulador independiente de los mercados.
El proyecto legislativo en cuestión es el de la Ley de Metrología, una norma que, fundamentalmente, pondrá al día el estatus y las funciones del Centro Español de Metrología, un organismo adscrito a Industria que se ocupa, por ejemplo, de certificar el correcto funcionamiento de los surtidores de gasolina o los radares que utiliza la Dirección General de Tráfico (DGT) para imponer sus multas a los automovilistas que vulneran los límites de velocidad.
La enmienda, la número 58, ha sido introducida por el diputado canario Guillermo Mariscal, considerado cercano al ministro de Industria, José Manuel Soria, y, entre otras modificaciones, pretende dejar claro en la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, que “el Gobierno establecerá la estructura y condiciones de aplicación de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución”.
Fuentes del sector explican que con este cambio legal el Gobierno quiere despojar a la CNMC de una competencia, la fijación de las condiciones de aplicación de los peajes (la parte regulada del recibo de la luz), que actualmente la normativa europea atribuye al llamado súperregulador.
Esa competencia emana de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, que, tal y como reconoce el texto de la enmienda, “establece entre las funciones reconocidas a los reguladores la de fijar o aprobar, de acuerdo con criterios transparentes, los peajes de transporte y distribución o las metodologías para su cálculo”.
Sin embargo, el texto introducido por el PP considera que esa competencia debe quedar claramente delimitada en manos de Industria por razones de “seguridad jurídica”.
“Podría darse la situación que se efectuaran desarrollos normativos en ambos órganos competentes [Industria y la CNMC] cuyo objeto en aspectos puntuales fuera el mismo, y sin embargo no fueran coincidentes, lo que conllevaría un problema de interpretación, dificultad de saber cuál es la normativa de aplicación, y por ende, de falta de seguridad jurídica”, explica el PP en su enmienda.
Las fuentes consultadas creen que, con este movimiento, el Gobierno reafirma su poder frente a la CNMC, después de que el organismo que preside José María Marín Quemada propusiera el año pasado una metodología de asignación de costes para las redes eléctricas (el transporte y la distribución) en la que llegaba a decir cuánto debía corresponder a cada grupo de clientes, algo que no debió gustar en el ministerio.
Posteriormente, de manera unilateral y para congraciarse con los nacionalistas vascos en pleno año electoral, el Gobierno maniobrara para aprobar una bajada selectiva de los peajes (sólo para la industria de Euskadi), algo que, según publicó Cinco Días (que adelantó esa decisión de Industria), suscitó un debate en el seno de la sala de Regulación de la CNMC sobre si el ministerio tiene atribuciones para modificar la metodología de peajes aprobada por el organismo. Ahora, Industria ha querido zanjar cualquier tipo de duda con la citada enmienda.
