“El TTIP proviene del deseo de los lobbies, no de los pueblos”

Frédéric Viale es abogado, economista y miembro del consejo científico de ATTAC Francia, una organización que desde 1998 lucha contra la globalización económica. Especialista en política comercial de la Unión Europea y en tratados de libre comercio, Viale fue una de las primeras personas en conocer que la UE estaba negociando en secreto un tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Las negociaciones de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) empezaron en julio del 2013 y ya van por la octava ronda de encuentros entre la delegación negociadora de la Comisión Europea y el equipo de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

En una gira de conferencias por Cataluña sobre el TTIP la pasada semana, Viale explicó que este tratado permitirá una liberalización generalizada y facilitará que las multinacionales puedan perseguir a aquellos estados que se opongan a sus “intereses legítimos”.

¿De qué modo unas normas que regulen el comercio entre Europa y EEUU, como las que establecería el TTIP, pueden afectarnos?

Este tratado cuenta con dos mecanismos. Por un lado, el de resolución de disputas inversionista-Estado, por el cual una empresa puede dirigirse a un tribunal de arbitraje internacional para pedir compensaciones económicas en caso de que una decisión pública de un Estado, municipio o autonomía afecte negativamente a los beneficios que espera tener. Estas compensaciones, como vemos en otros tratados comerciales como el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), son de millones de dólares.

Por otro lado, está el mecanismo de convergencia reglamentaria, basado en la creación de un comité de expertos privado. Cualquier reglamentación, como podría ser sobre el fracking, la protección del medio ambiente o los derechos sociales, que tenga un efecto sobre el comercio tendrá que presentarse ante este comité y sus miembros preguntarán a las empresas si están de acuerdo con estas reglamentaciones. En caso negativo, no habrá reglamentación. Las leyes se verán afectadas directamente por los deseos de las empresas.

¿El tratado estaría por encima de las decisiones tomadas en los Parlamentos?

De hecho, sí. Porque en caso de que exista un problema de intereses, la empresa puede acudir al arbitraje internacional, que costaría mucho dinero al Estado. Si los estados se niegan a pagar este proceso o las compensaciones que pida la empresa y si la gente quiere o no que se apliquen estas reglas, no va a importar más.

¿Cuál es el procedimiento para que el TTIP sea aprobado o suspendido?

Una vez firmados, los tratados de libre comercio deben aprobarse por mayoría cualificada del Consejo de la Unión Europea. Esto quiere decir, normalmente, que si hay dos países importantes y dos o tres países pequeños que dicen “no”, pueden bloquear la aprobación del tratado en este nivel. Si, por ejemplo, España, Italia y Francia dijeran “no”, el TTIP se bloquearía. También, al margen de la normativa de los tratados y atendiendo a la realidad política del momento de quien domina la UE, si Alemania dijera “no”, el tratado no avanzaría. En caso de que el TTIP fuera aceptado en primera fase, debería pasar al Parlamento Europeo y podría ratificarse con una mayoría normal, con el voto de al menos el 50% de los diputados europeos.

¿En qué estado se encuentran las negociaciones?

Actualmente existen dos tratados de libre comercio. El tratado entre la UE y EEUU, cuyas negociaciones probablemente no terminarán en al menos dos años, y el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA), que tiene los mismos dos mecanismos que el TTIP y ya ha sido firmado, de modo que va a ser presentado a los líderes europeos en junio y, probablemente, al Parlamento Europeo para su ratificación a final de año o principios de 2016. Tras su aprobación en el Consejo europeo, el Parlamento Europeo deberá decir “sí” o “no” al tratado y después se verá si la Comisión Europea da lugar a que se puedan hacer ratificaciones nacionales. Al fin y al cabo, la decisión de ratificación a nivel nacional es una decisión política y los estados miembros de la UE deben luchar para obtenerla. Pero por el momento la Comisión Europea es reacia a estas ratificaciones nacionales.

Las negociaciones del TTIP son secretas, pero la Comisión Europea ha publicado informes sobre su estado. ¿Hasta qué punto son relevantes en cuanto a la transparencia del tratado?

Por el momento, no son relevantes. Todas las informaciones que la Comisión ha publicado hasta ahora ya fueron filtradas anteriormente. Es positivo que se publiquen oficialmente, pero hemos tenido que esperar para verlas un año y medio. Todo lo que necesitamos para entender lo que pasa proviene de filtraciones. Y por el momento el esfuerzo de la Comisión para ser transparente no es suficiente. Tengo mucha más información en mi ordenador, por ejemplo, que la que ha publicado la Comisión.

En el último de estos informes, del 5 de febrero, la Comisión dice, al referirse a la convergencia reguladora, que primero se tiene que velar por cuestiones como los trabajadores o el medio ambiente antes que por los beneficios de las empresas.

Eso son declaraciones de la Comisión. Existen declaraciones políticas y podemos creerlas o no. Pero no son jurídicamente vinculantes. Sólo el tratado lo es. Y en el corazón del tratado, en su texto, no hay ningún aspecto que dé garantías de que va velar por el medio ambiente, los derechos sociales y los derechos humanos.

Lo que sí recoge el texto es el mecanismo del “reconocimiento general de las normas”, por el cual, por ejemplo, si una empresa fabrica un producto transgénico atendiendo a las normas de EEUU, éste va a poder comercializarse en Europa aunque existan leyes que los prohíban. No podemos creer a la Comisión cuando dice que va proteger los derechos si el tratado tiene estos mecanismos.

También dice que los tribunales de arbitraje no son necesarios.

Tendemos a focalizar la atención en estos tribunales. Pero el objetivo general del tratado es la liberalización generalizada; significa el final de los servicios públicos, el final de las protecciones sociales. Así que si no hay el mecanismo ISDS, el tratado será menos escandaloso pero no aceptable. Tampoco lo será con el mecanismo de convergencia reglamentaria, que es una negación de la democracia; éste estará antes de cualquier debate público y esto es un ataque masivo contra la democracia. Estas afirmaciones son solamente lo que dice la Comisión. Palabras. Los juristas leemos los textos. Y en los textos, por el momento, no tienen ningún cambio sobre el ISDS ni ningún cambio sobre la liberalización generalizada y la convergencia reglamentaria. Y en francés hay un dicho: “Las promesas son vinculantes para quienes se las creen”.

¿Cuál es el papel de las grandes corporaciones y los lobbies en la negociación de este tratado?

Es el tema crucial del TTIP. En la UE hay un lobby muy importante de las grandes empresas y bancos de los dos lados del Atlántico, el TransAtlantic Business Council (TABC), y también participa el European Services Forum, por ejemplo. Antes de empezar las negociaciones para el TTIP, la UE hizo 120 consultas. De éstas, solamente 19 fueron a organizaciones sociales o ecologistas. El resto, con empresas y bancos. El tratado proviene del deseo de los lobbies. El TTIP realmente no es un deseo de los pueblos.