Tsipras compromete un duro recorte en las pensiones y acepta que el FMI esté en el rescate griego
![Grecia empieza una serie de contactos para recabar apoyos de cara a los acreedores](https://static.eldiario.es/clip/f6b42940-49c9-40e5-8cba-967dabf153ec_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg)
Seis meses después del doloroso acuerdo del 13 de julio de 2015 que salvó la permanencia de Grecia en el euro a cambio de más recortes, el Gobierno de Syriza va poco a poco, no sin resistencia, aplicando los puntos más duros del compromiso alcanzado aquella madrugada en Bruselas. Ahora ultima con sus acreedores un nuevo acuerdo (“el principal”, según el comisario económico Pierre Moscovici) sobre las pensiones, que implicará una jubilación más tardía y una carga mayor para el contribuyente griego. Esta ha sido la principal conclusión del Eurogrupo, la reunión informal de ministros de Finanzas de la Eurozona, de la que también ha trascendido que el FMI participará en las negociaciones.
Medidas muy polémicas que este jueves Jeroen Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo, ha evitado mencionar, resaltando en su lugar el “significativo progreso” que se ha hecho y está por hacer para “reencaminar” la situación. Dijsselbloem ha insistido en una reforma de las pensiones ambiciosa. Pero el acuerdo no está cerrado y Klaus Regling el director general del Mecanismo Europeo de Estabilidad (una de las partes acreedoras) ha advertido que la liquidez del sistema financiero griego “volverá pronto a apretarse” si no hay “avances” que acarreen un desembolso.
Regling ha indicado asimismo que se movilizaron en los últimos meses unos 10.000 millones de euros, de los que 4.000 no serán necesarios. También ha señalado que se han inyectado ya en la economía griega 16.000 millones del primer tramo del actual rescate y que hay otros 64.000 millones disponibles para los próximos años. La reforma de las pensiones que diseña el Ejecutivo de Syriza contempla un recorte cercano a los 2.000 millones de euros.
Dijsselbloem ha apuntado que los acreedores deberán viajar a Grecia para vigilar si los progresos se realizan correctamente como paso previo para dar luz verde a un nuevo tramo. Quedan por esclarecerse los detalles de la nueva reforma, que acelerará el retraso de la jubilación a los 67 años y eliminará todas las exenciones de las que gozan numerosos colectivos (abogados, ingenieros, notarios, médicos, veterinarios, farmacéuticos, periodistas). La reforma también elevará la cotización de las pensiones complementarias. Este jueves ha tenido lugar en Atenas una manifestación con 5.000 personas, muchas pertenecientes a estos sectores, para protestar contra la medida.
El papel del FMI
Este jueves también se ha confirmado el retorno del Fondo Monetario Internacional (FMI) al tercer programa de rescate griego, tras haber participado en los dos primeros. Ya a la entrada del Eurogrupo, Dijsselbloem declaró que Grecia estaba de acuerdo, y que Euclides Tsakalotos, el titular de Finanzas, le había “confirmado que el gobierno griego acepta que el FMI deba ser parte del proceso”. Una versión que Tsakalotos confirmó a los periodistas a la salida de la reunión.
Durante la negociación del verano de 2015 con Atenas, el Fondo, que exigía recortes más profundos que el resto de acreedores pero que fue el primero en transigir sobre la deuda, se levantó de la mesa. La vuelta del FMI puede entenderse como una exigencia de la troika, pero también como un intento final de Tsipras para que se negocie una reducción de la deuda. A finales de 2015, Tsakalotos criticó que los acreedores rehuían este capítulo para no favorecer a Podemos en las elecciones generales del 20-D en España.
El entendimiento entre Atenas y los acreedores viene siendo bueno desde mediados de julio y el desembolso del rescate no parece peligrar. El Gobierno de Tsipras tuvo que endurecer en noviembre la ley de ejecuciones hipotecarias (desahucios) permitiendo por primera vez expulsar a un deudor de su primera vivienda pasada una moratoria de cinco años. Pero el presidente heleno quiere de una vez por todas discutir sobre la deuda pública (200% del PIB), un pasaje que teóricamente debería de haberse abordado a finales de 2015 y que continúa posponiéndose.