La imputación de dos directivos por Valores Santander no exonera a comerciales y directores de oficina
La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional considera que hay indicios suficientes para pensar que la cúpula directiva de Banco Santander pudo haber cometido “engaño y delito de estafa” en la comercialización de Valores Santander. Se trata de un complicado producto financiero que, como ha informado eldiario.es, se comercializó en 2007, y que muchos han bautizado como las 'preferentes' del banco de Botín.
Por ese motivo, tal y como publicó hace unos días El Mundo, Anticorrupción ha solicitado la comparecencia, como imputados, del responsable de la unidad de Control-División de Medios y Costes y el director del área de Operaciones y Servicios del banco en aquella época.
La imputación de esos dos directivos era solo una de las reclamaciones que había solicitado el casi centenar de afectados por Valores Santander que se unieron para presentar la querella. Además, requerían la imputación de los comerciales y los directores de oficina que les vendieron directamente aquel complicado producto financiero haciéndoles creer, en la mayoría de los casos, que era algo similar a un depósito.
Según el auto conocido la pasada semana, la Audiencia asume la investigación del caso general (contra la cúpula directiva), pero considera que el estudio de cada caso por separado no es competencia suya. Eso sí, deja la puerta abierta a una posible existencia de delitos de engaño y falta de información y remite a los afectados a la presentación de las correspondientes actuaciones legales en los tribunales provinciales pertinentes. E insiste en que “el actual procedimiento es compatible con las reclamaciones judiciales en vía civil” (o penal, cuando proceda).
La precisión implica una doble sorpresa para los afectados. Esta decisión es la respuesta de la Fiscalía ante la petición del banco de sobreseer y anular el caso. “No teníamos mucha confianza”, aseguran fuentes implicadas en el proceso. La decisión estaba en manos de las mismas fiscales, Belén Suárez y Miriam Segura, que a principios de 2014 habían desestimado la primera querella, porque entonces consideraron que la emisión de Valores Santander en 2007 era una operación “atípica por lo novedosa, pero que estuvo perfectamente documentada y registrada en la CNMV” e hicieron caso omiso de los ejemplos de posibles delitos que denunciaban los afectados y que incluso fueron reflejados en un informe realizado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
En concreto, se reconocía la posible existencia de casos de vicio del consentimiento derivados de la incorrecta actuación de personas concretas en sucursales puntuales y con clientes concretos a la hora de comercializar Valores Santander.
“El cambio de opinión de la Fiscalía es totalmente inesperado para nosotros”, aseguran los afectados. Aunque se ratifica en la decisión tomada e insiste en que el diseño y la presentación de este complicado producto financiero se ajusta a lo exigido por la ley, hay un cambio radical en cuanto a la valoración de la comercialización.
El papel de la CNMV
El “donde dije digo” de las fiscales Suárez y Segura se ha tornado en “digo Diego” gracias a la documentación aportada al caso por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El febrero del año pasado, el organismo presidido por Elvira Rodríguez impuso una multa de casi 17 millones al banco por “vender Valores Santander, un producto complejo, sin ofrecer la información necesaria”.
“Más allá de lo que todos conocemos, algo muy gordo debe contener la justificación de esa sanción como para hacer cambiar de criterio a las fiscales”, aseguran fuentes jurídicas cercanas al caso.
Entre las irregularidades que detectó la CNMV también estaban las contradicciones en las fechas de regularización de los contratos. El regulador de los mercados constató que algunos contratos fueron firmados días antes de que Banco Santander hubiera inscrito el folleto de comercialización en la CNMV.
Aunque las resoluciones del organismo no tienen carácter vinculante, lo cierto es que tanto la multa pública como los informes individuales que reciben los afectados están sirviendo como una de las armas más efectivas para que los afectados consigan convencer a los jueces de las múltiples irregularidades que rodean la comercialización de Valores Santander. Según consta en el auto de Anticorrupción, a pesar de su complejidad y riesgo, el producto fue colocado “mayoritariamente” a clientes minoristas. En concreto, el 68% del total (129.000 personas) pertenecía a esa categoría y llegaron a suscribir el 40% de los 7.000 millones de euros emitidos para sufragar la compra del banco holandés ABN Amro.
